La Audiencia Nacional avala a Pedraz para que siga investigando el ‘caso Couso’

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz recibió ayer un espaldarazo –al menos en lo formal- en su intención de seguir investigando la muerte del cámara de Telecinco José Couso, en contra de lo que dispone la reciente reforma del PP que limita la justicia universal. El pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia rechazó el recurso de la fiscalía, que pretendía que Pedraz concluyera la causa abierta contra los militares estadounidenses que bombardearon el Hotel Palestina de Bagdad (Irak) el 8 de abril de 2003, acción militar en la que resultaron heridos de muerte Couso y el periodista ucraniano Taras Protsyuk. El ministerio público pretende que los magistrados de la Audiencia Nacional que investigan crímenes contra la humanidad y de especial gravedad cometidos fuera de las fronteras españolas envíen las causas a la sala de lo penal como paso previo a presentar un recurso de inconstitucionalidad sobre la reforma de la justicia universal, en vigor desde el pasado 15 de marzo.

La medida del pleno contraria a los intereses de la fiscalía, adoptada por unanimidad de los 16 miembros presentes ayer (la sala la componen 18 magistrados), se limitó a una cuestión formal de procedimiento, según diversas fuentes jurídicas. La sala evitó pronunciarse sobre la cuestión de fondo: si la nueva ley que limita la justicia universal prevalece sobre los tratados internacionales firmados por España y que la Constitución reconoce como parte del ordenamiento jurídico. El fallo permitirá al juez Pedraz seguir investigando.

La decisión de no entrar en la cuestión de fondo permitió superar la división que se había instalado entre los magistrados del pleno, según fuentes jurídicas. Un sector de los jueces considera que la nueva ley obliga al pleno a archivar todas las causas de justicia universal que no se ajustan al nuevo texto impulsado por el Gobierno y aprobado por las Cortes tras una tramitación ultrarrápida. Otro grupo opina que la IV Convención de Ginebra sobre los derechos del personal civil en zonas de conflicto bélico, obliga a los Estados firmantes –España lo hizo en 1952- a perseguir los crímenes de guerra sin ningún tipo de restricción. Un tercer grupo, el más aperturista, estima que los tratados internacionales facultan a la justicia española a investigar todas las causas abiertas hasta ahora de justicia universal al margen de lo que plantea la nueva ley.

La sesión plenaria de ayer tenía previsto estudiar también el archivo del llamado caso Tíbet, la causa abierta contra los antiguos líderes del Partido Comunista Chino por genocidio en esa región autónoma en los años 80 y 90 del siglo pasado. Esta causa, en la que se han dictado órdenes de detención contra el expresidente y el ex primer ministro Jiang Zemin y Li Peng, ha molestado a las autoridades del gigante asiático. Las presiones diplomáticas de China, en especial en materia comercial y económica, fueron las que en última instancia llevaron al Gobierno a impulsar la limitación de la justicia universal.

Esta causa fue archivada el pasado 21 de abril por el juez Ismael Moreno, el único de los seis jueces instructores de la Audiencia Nacional que se ha ceñido a la literalidad de la nueva ley de justicia universal. La sala, sin embargo, optó por posponer al pleno del próximo 18 de junio cualquier decisión sobre el caso Tíbet. El motivo formal que esgrimen los magistrados es la necesidad de resolver previamente sobre un recurso de última hora presentado por una de las acusaciones contra la decisión de llevar el caso al pleno. Sin embargo, varias fuentes jurídicas apuntan a que se optó por el aplazamiento ante la discrepancia de fondo entre los magistrados.