Bauzá defiende que la tarjeta azul del PP es “una estrategia comercial legal”

Es “una estrategia comercial totalmente legal”, fruto de “un acto de libertad” en el marco del “libre mercado”. El Gobierno de Baleares de José Ramón Bauzá, del PP, se ha esforzado este martes en el Parlamento en la defensa de legalidad de la polémica y partidista ‘targeta blava’ (tarjeta azul). La mantiene “en vías de implantación” para dar “beneficios” (descuentos) exclusivamente a los 22.000 militantes conservadores que efectúen compras o contraten servicios en una red de comercios adheridos.

Entre las 300 empresas implicadas unas decenas se han dado de baja por la polvareda generada en las redes y los medios. Otros negocios, en Mallorca y Menorca, han explicado que fueron incluidos en la lista de colaboradores del PP sin su conocimiento o contra su voluntad expresa.

Para los socialistas la tarjeta “camufla un beneficio encubierto al PP” y ello ‘contaminará’ a las empresas que den descuentos y, según su tesis, no podrán contratar con el Gobierno balear. Pilar Costa del PSOE reclamó la tarjeta militante de descuentos porque suscita controversia ciudadana y rechazo de dirigentes patronales. Esta iniciativa es “un desastre de mercadotecnia”, dijo el diputado socialista Cosme Bonet mientras que su colega Costa la tildó de “ocurrencia” que “crea problemas donde no los hay”.

El Ejecutivo balear de Bauzá sostiene que los comercios están a su lado, obran “con libertad”. El PP denuncia casos de supuestos acosos, denuncias directas y advertencias de boicoteo en el circuito de negocios implicados.

“El sector de los comercios está con este Gobierno que trabaja con ellos y para ellos”, afirmó el consejero de Economía Joaquín García al defender desde el Gobierno la implicación de las empresas con la iniciativa de su partido. Izquierda y conservadores polemizaron con citas contradictorias de declaraciones de dirigentes patronales a favor de sus respectivas tesis.

Tanto el responsable del área económica como el vicepresidente Antonio Gómez argumentaron sobre la legalidad y viabilidad de la tarjeta de comercial. Apuntaron contra el PSOE por su posición de rechazo. “Tendrían que pedirles responsabilidades”, dijo el consejero García, “por el mal que han hecho al comercio”. El vicepresidente Gómez señaló a la oposición: “ponen en el punto de mira a cientos de comercios”

La izquierda sostiene que el partido del Gobierno, al cerrar acuerdos con las empresas que beneficien con descuentos a sus afiliados, puede vulnerar las leyes de contratos, electoral y de financiación de partidos. El vicepresidente Antonio Gómez que rebatió a la oposición del PSOE: “no será una contraprestación, privilegio ni donación directa o indirecta”.