La inspección de Fomento alertó en 2006 del inflado de costes del AVE

La investigación que tiene abierta el Tribunal de Cuentas por los sobrecostes injustificados —más de 400 millones de euros— en la adjudicación de cuatro tramos del AVE Madrid-Barcelona, aflora que el servicio de inspección del Ministerio de Fomento alertó ya en 2006 de las irregularidades surgidas en la contratación y pidió en un informe la paralización de algunas de las obras. Pero la ministra, la socialista Magdalena Álvarez, a petición de Adif, desoyó esa solicitud, según el Tribunal de Cuentas, y autorizó su continuidad provisional, lo que a juicio de los auditores posibilitó que el contratista engordara el coste con obras de emergencia y modificados. Los tramos reflejan las siguientes anomalías:

Hospitalet-La Torrassa. Se adjudicó en 2005 por 106 millones con una baja del 11,9% y una ejecución de 20 meses. “A lo largo de la ejecución del contrato sucedieron una serie de incidencias, 11 prórrogas, cuatro revisiones de precio y un contrato modificado. Además, se aprobó la redacción de un proyecto complementario y se aprobaron cinco expedientes de obras de emergencia. Todo ello elevó el plazo de ejecución de las obras a 58,5 meses (casi el triple de lo pactado) y su coste total a 354,7 millones, superior en un 229% al inicialmente previsto”.

En junio de 2006 el contratista presentó una primera propuesta para modificar el contrato, elevando el precio en 20 millones y la ejecución en cuatro meses. El servicio de inspección de Fomento, el 27 de junio de 2006, “aconsejó que se suspendieran las obras”. Adif, organismo de Fomento, consideró que ese parón ocasionaría “graves perjuicios” y la ministra aprobó la continuidad a título provisional. En abril de 2008, el contratista presentó una nueva propuesta, un añadido de 17 millones y cuatro meses. Se aprobó en abril de 2009. “A esta fecha ya había entrado en funcionamiento la línea de AVE Madrid-Barcelona, por lo que las obras modificadas ya estaban ejecutadas. Adif justificó esta actuación con la autorización para la continuación provisional de las obras que había otorgado la ministra de Fomento el 3 de noviembre de 2006 y que se consideró válida para todas las obras construidas”.

El informe detalla la cascada de obras de emergencia de este tramo. La primera surgió el 14 de noviembre de 2006 “pocos días después de que la ministra de Fomento autorizase la continuación provisional de las obras en contra de la recomendación del Servicio de Inspección del Ministerio de Fomento”. En esta ocasión, se produjo un desplazamiento de las pantallas del túnel que obligó a consolidar el terreno. El túnel de tráfico de cercanías hubo de ser cerrado. Adif optó por pagar al contratista por “obras complementarias” otros 20 millones, el 19% del contrato principal. Pero luego elevó el coste adicional a 40 millones, el 43,5% del contrato inicial. Posteriormente llegarían más obras de emergencia en el mismo tramo, hasta sumar cinco, incluida la entrada de agua en el túnel.

Pero, de nuevo, hubo una alerta contra esa actuación: el Servicio de Inspección de Fomento emitió un informe el 8 de noviembre de 2007 en el que señalaba que el origen de los daños era consecuencia de “la ejecución defectuosa”.

Una vez más se cortó el tráfico ferroviario convencional. La inspección de Fomento acabó proclamando lo obvio: “Los defectos en la ejecución de las pantallas y los mayores costes que ello había producido deberían ser objeto de compensación por parte del contratista”.

Adif declaró finalmente en 2009 a la adjudicataria responsable de los daños. Pero hasta 2012 no fijó la cuantía, 26 millones. “Este tribunal no tiene conocimiento de la firmeza de la resolución de Adif y, en consecuencia, de si se han recuperado las citadas cantidades que en su totalidad ascienden a 32,2 millones de euros”, si bien cifra en 89 millones el coste global de las obras de emergencia sólo en este tramo.

Castellbisbal-Papiol. El tramo fue adjudicado en 2002, bajo el PP pero, a fuerza de retrasos, fue renegociado en algunos puntos y rematado por el PSOE. El coste inicial era de 55 millones de euros, pero licitó con una baja del 16,3%, lo que dio un monto de partida de 46 millones. Y un plazo de ejecución de 12 meses. El precio final fue de 77 millones, un 67% más, y el plazo de ejecución, 42 meses (250% más).

Hospitalet-Can Tunis. El tramo se licitó en 2002 por el Gobierno del PP por 96 millones y 15 meses. Luego se rebajó el precio a 72 millones y a 13 meses. La realidad del proyecto, renegociado bajo Gobierno socialista, fue otra: seis prórrogas hasta llegar a los 33 meses. El coste final fue de 105 millones, un 54% más. Y el plazo de ejecución se alargó a 50 meses (284% más).

La Torrassa-Sants. Se adjudicó en 2005 por el PSOE por 91,5 millones y 23 meses. El coste final se elevó a 247 millones, un 170% más. Parte del sobrecoste vino de obras de emergencia para paliar la inestabilidad del túnel. El contratista captó primero 45 millones adicionales y luego otros 61. La inspección de Fomento lo avisó en 2007: “La causa de la situación planteada se debe a la excavación del túnel sin consolidar los terrenos existentes”. “La excavación del túnel no se ejecutó siguiendo las recomendaciones propuestas por el departamento de Ingeniería del Terreno de la Universidad Politécnica de Cataluña y no se hizo un correcto análisis de los tramos en que era necesario el tratamiento previo propuesto en el informe emitido por la UTE encargada de la asistencia”. No veía fuerza mayor, sólo error.