Bajo la lupa de la justicia

La decisión de publicar el 31 de enero de 2013 la fotocopia de la contabilidad manuscrita o contabilidad B que han llevado Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta durante alrededor de veinte años ha supuesto para el periodismo también una batalla legal de casi quince meses por la defensa del derecho a la libertad de expresión, por la defensa del derecho de los ciudadanos a conocer los secretos del poder, en este caso de un partido político. Una batalla legal que, hasta el momento, pierden aquellos que han presumido de defender su honor atacando el de EL PAÍS.

La última sentencia conocida hasta el momento sobre una demanda civil de protección del honor presentada por el ex presidente José María Aznar contra la periodista María Fernández y el director del diario Javier Moreno se remonta a esta misma semana, el 21 de abril, y desestima con imposición de costas las pretensiones del demandante.

El Partido Popular, consultado con antelación a la publicación de los papeles de Bárcenas, exhibió desde los mismos albores su estrategia: el estado de negación.

Una vez publicados los papeles de Bárcenas, esa estrategia se tradujo primero en el anuncio de querellas. Aunque EL PAÍS fue el diario que publicó la contabilidad manuscrita, el PP no dirigió los ataques legales contra otros medios de comunicación, como El Mundo, periódico que informó días antes, sin aportar pruebas documentales, noticias sobre los llamados sobresueldos en negro de la mayor parte de la cúpula del Partido Popular.

Finalmente, el PP optó por abandonar la idea de presentar querellas criminales y encarar demandas civiles de protección del honor.

Pero la opción del terreno civil en lugar del ámbito penal no ha disminuído la importancia de la batalla. En el centro, la libertad de expresión, el derecho de los ciudadanos a saber, el cumplimiento de los requisitos de diligencia profesional exigidos por la Constitución a un medio de comunicación.

Esa batalla se desarrolla, hasta ahora, a lo largo de diez demandas civiles.

Aznar será el primero en presentar una demanda, el 1 de febrero de 2013, a raíz de una información anterior a la publicación de los papeles de Bárcenas. Esta demanda está pendiente de sentencia.

La secretaria general del PP y presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, le sigue dos semanas más tarde, con una demanda el 14 de febrero contra EL PAÍS y contra Luis Bárcenas. Llega el 6 de marzo el turno al PP en unión a los antiguos secretarios generales Javier Arenas y Ángel Acebes, y los dirigentes Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja. Todos figuran en la contabilidad manuscrita de Bárcenas y Lapuerta como beneficiarios de los llamados sobresueldos. Demandan al periódico y al autor de los "falsos papeles".

El periodista Federico Jiménez Losantos y la empresa Libertad Digital demandan, a su vez, a EL PAÍS por las anotaciones sobre pagos del PP (compra de acciones en 2004) y exigen una indemnización de 1 millón de euros.

La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, demanda a EL PAÍS por la referencia a pagos que figuran en los papeles de Bárcenas.

La declaración de Luis Bárcenas ante el juez Pablo Ruz, el 15 de julio de 2013, supone un antes y un después en la estrategia legal del PP. El ex tesorero asume la autoría de los papeles publicados el 31 de enero por EL PAÍS, y confirma, uno por uno, los pagos que figuran en ellos.

Teófila Martínez será una de las primeras en retirarse de la batalla contra éste periódico. A finales de julio de 2013 desiste de su demanda. 

 El 20 de septiembre de 2013, tanto Jiménez Losantos como Libertad Digital retiran su demanda millonaria.

 Antes de comenzar el juicio en Toledo, en octubre de 2013, la secretaria general retira la demanda contra éste periódico; poco después, dan marcha atrás el PP y los dirigentes que se habían adherido a la acción.

El ex presidente de la empresa constructora Sacyr, Luis del Rivero, presenta a su vez demanda civil, que es desestimada.

Lo mismo ocurrirá con Alejandro Agag, yerno de José María Aznar, en relación a las dádivas de la trama de Francisco Correa (caso Gürtel).

Pierde también su demanda el arquitecto Gonzalo Urquijo, imputado por el pago en negro de las obras de remodelación de la sede nacional del PP, en la madrileña calle de Génova. Desistirá, a su vez, de una segunda presentada a raíz de las informaciones publicadas.

De las demandas presentadas por José María Aznar se acaba de desestimar la segunda de ellas sobre una información relacionada con los gastos de representación que el entonces presidente del Gobierno percibió. Se refiere a la noticia según la cual Aznar cobró dinero en concepto de gastos de representación siendo ya presidente del Gobierno, en mayo de 1996.

La sentencia del juez Enrique Presa Cuesta, titular del juzgado de primera instancia de Pozuelo de Alarcón, Madrid, apunta, al desestimar la demanda y aplicar costas, que "resulta un tanto artificiosa la discusión planteada sobre si las tres percepciones que el actor [Aznar] percibió tras la toma de posesión como Presidente son gastos de representación o sobresueldos, pues en todo caso no se ha negado por la parte actora [defensa de Aznar] que se trata de percepciones que se sumaban a las que ya percibía antes de ser Presidente, lo que encaja más con la idea de sobresueldo..." (fundamento de derecho quinto).

Queda pendiente una segunda demanda de Aznar, la primera por orden de presentación, en relación con el pago de sobresueldos o complementos en el PP.

Los juicios civiles, pues, han supuesto todo un test para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en uno de los casos de corrupción que siguen en la primera página de los medios de comunicación. Las demandas civiles han formado parte de una estrategia política dirigida a desprestigiar a un periódico y a limitar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

El fracaso de dicho plan no ha podido ser más espectacular.