La familia de Publio Cordón pagará el ‘test de la verdad’ al grapo Silva
Para realizar la prueba, es necesario que el terrorista acepte
El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez emitió ayer una providencia en la que admite realizar la prueba del Potencial Evocado Cognitivo, la P300, conocida como el test de la verdad, al ex terrorista de los GRAPO, Fernando Silva Sande, siempre y cuando este lo acepte y la parte solicitante, la familia de Publio Cordón, asuma el coste de la misma.
Silva Sande está condenado a 28 años de prisión por el secuestro en 1995 del empresario zaragozano Cordón, cuyo paradero se desconoce.
En la providencia, fechada el 10 de abril de 2014 y a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez indica que puesto que la P300 tiene una fiabilidad en torno al 90%, según los estudios clínicos, y “su validez dentro de un proceso es dudosa, solo procederá la realización de la misma si se hace a costa de la parte solicitante y el penado Silva Sande la acepta voluntariamente”. El juez ha enviado la comunicación a la cárcel de Soto del Real (Madrid), donde se encuentra el condenado.
Dos antecedentes
Por su parte, la familia de Publio Cordón ha manifestado que estaría dispuesta “a cubrir los gastos” de la prueba con el objetivo de dar luz a lo ocurrido, según han precisado fuentes de la familia.
El test de la verdad se realiza en el Hospital Miguel Servet, de Zaragoza, bajo la dirección del neurólogo José Ramón Valdizán. Valdizán explicó a EL PAÍS que el coste de esta prueba está por determinar: “Las dos pruebas que se han realizado hasta ahora no han tenido coste económico en lo referente al trabajo de los médicos y las enfermeras, que lo han realizado voluntariamente”. Dado que el juez Gómez Bermúdez cita un coste económico, éste finalmente lo tendrán que determinar entre Interior (por el traslado del preso y las horas de los escoltas, entre otros gastos) y las autoridades sanitarias de Aragón.
Esta prueba se practicó por primera vez para una investigación judicial el pasado 18 de diciembre y se aplicó a Antonio Losilla, que se halla en prisión como presunto autor de asesinato de su esposa, Pilar Cebrián, desaparecida en Ricla (Zaragoza) en abril de 2012.
El pasado 6 de marzo se sometió a ella a Miguel Carcaño, el asesino de la joven sevillana Marta del Castillo, cuyos restos tampoco se han encontrado.
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