Los cargos públicos no podrán declarar por escrito como testigos

El presidente y los demás miembros del Gobierno, los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado, el presidente del Tribunal Constitucional, el del Consejo General del Poder Judicial, el fiscal general del Estado y los presidentes de las Comunidades Autónomas tienen el privilegio de declarar por escrito cuando son interrogados como testigos en un caso judicial. Ese derecho se extinguirá con la aprobación de futura Ley de Enjuiciamiento Criminal, según anunció ayer el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en el Congreso y en respuesta a una interpelación que le ha dirigido la portavoz parlamentaria de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez.

Varios han sido los casos en los que ministros y presidentes autonómicos han hecho uso de este privilegio en distintos casos de corrupción. Miguel Arias Cañete, Celia Villalobos y Jesús Posada se acogieron a él cuando tuvieron que testificar en el caso Fabra. La expresidenta madrileña Esperanza Aguirre también respondió por escrito a las preguntas sobre el caso Gürtel y el expresidente valenciano, Francisco Camps, hizo lo mismo para contestar a las preguntas por el caso Nóos, en el que se investiga el presunto trato de favor de las Administraciones valenciana y balear al yerno del Rey, Iñaki Urdangarin.

En la futura ley

Esta es una de las medidas contenidas en el texto que la comisión de expertos entregó al Ministerio de Justicia para la elaboración del nuevo Código Penal y que se incluirá en el anteproyecto de ley de Enjuiciamiento Criminal. La propuesta planteada por los expertos prevé además extinguir el privilegio de diputados, senadores, magistrados del Constitucional y vocales del Consejo General del Poder Judicial, fiscales de Sala del Supremo y Defensor del Pueblo de poder declarar desde su despacho oficial.

Gallardón confirmó además que la futura norma prohibirá también que aquellas personas a las que se les haya abierto juicio oral por delitos por corrupción puedan ser candidatos en una lista electoral y prometió trasladar a la dirección del PP ese planteamiento del Gobierno, con el fin de que en las próximas elecciones las listas electorales de su partido no incluyan a candidatos que tengan un juicio oral abierto. “Si esa es la voluntad del Gobierno, el partido no irá en contra”, dijo.