El juez Ruz cree que Bárcenas se lucró con dinero negro que recaudó el PP

El caso Gürtel, en apariencia templado en las últimas semanas, entra en ebullición en su recta final. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz redactó este miércoles un auto por el que asume que el Partido Popular dispuso de una “contabilidad paralela o b” controlada por Luis Bárcenas, y que el extesorero del partido actualmente, en prisión, se apropió de parte de este dinero negro —al menos 300.000 euros— para su enriquecimiento personal. El magistrado, a petición de la fiscalía y de una acusación popular, ha citado para el próximo jueves 10 de abril a Bárcenas y a la esposa de este, Rosalía Iglesias.

La nueva cita de Bárcenas ante Ruz es motivo de inquietud para la formación presidida por Mariano Rajoy, ya que fue el propio antiguo responsable de las finanzas populares quien se ofreció al juez para prestar declaración en una carta manuscrita en la que solicitaba la libertad provisional. En esa misiva desde la prisión de Soto del Real, fechada el 24 de febrero y que tenía varios párrafos tachados por su abogado, Javier Gómez de Liaño, Bárcenas apuntaba que su antecesor en la tesorería Rosendo Naseiro le transfirió fondos desde sus cuentas suizas.

En otro pasaje de aquella carta, Bárcenas se ofrecía a entregar a Ruz cuantos documentos considerara el magistrado de interés para la causa y que estuvieran en su poder. Desde que entró en prisión el pasado 27 de junio, Bárcenas ha solicitado al juez que le ponga en libertad provisional alegando una supuesta colaboración con la justicia que el magistrado nunca se ha creído.

La declaración del próximo jueves quizá sea la última oportunidad de Bárcenas para demostrar una cooperación auténtica antes de que se cierre la investigación. Aunque el extesorero está en prisión en el sumario central del caso Gürtel, el juez Ruz quiere que el interrogatorio abarque también a la pieza separada de los papeles de Bárcenas, la contabilidad manuscrita en la que el extesorero consignó entradas de fondos opacos por 7,5 millones de euros entre 1990 y 2008. Este dinero procedía, según Bárcenas, de donativos irregulares de empresarios del sector de la obra pública y se utilizó supuestamente para hacer frente a gastos ordinarios del partido y para abonar sobresueldos a la cúpula de la formación conservadora.

En su escrito de este miércoles, el juez Ruz cita íntegramente un informe de la Fiscalía Anticorrupción del pasado 1 de abril en el que el ministerio público se muestra a favor de las nuevas declaraciones de Bárcenas y de Rosalía Iglesias. Las fiscales Concha Sabadell y Concha Nicolás recuerdan que en la pieza separada de los papeles de Bárcenas “se investiga la llevanza por parte de, entre otros, Luis Bárcenas, de una supuesta contabilidad B o paralela del Partido Popular”. Esta contabilidad, dicen las fiscales, “se nutriría, básicamente, de donativos efectuados por personas relacionadas con entidades beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas”. Esta tesis contrasta con la mantenida por el fiscal encargado del caso de los papeles de Bárcenas, que rechaza la existencia de delitos de cohecho en la contabilidad b al estar prescritos.

Las fiscales ven indicios de que Bárcenas se valió “de su condición de gerente del PP y de la opacidad de la contabilidad paralela” para encubrir esas “sustracciones” como “supuestas entregas a distintos destinatarios”. Las representantes del ministerio público creen que el extesorero “podría al menos haberse apropiado de 150.050 euros que habría depositado en sus cuentas suizas”. Asimismo, en la causa se investiga la “posible detracción” de otros 149.600 euros, que fueron retirados para comprar acciones de Libertad Digital y que acabaron en las cuentas de Rosalía Iglesias. Este dinero se usó, según las fiscales, para adquirir el chalé del matrimonio en Baqueira.

“Los referidos fondos [la fortuna de Bárcenas] procederían, al menos en parte, del cobro de distintas comisiones vinculadas a adjudicaciones públicas y se habrían ocultado a la Hacienda Pública, no reflejándose en las correspondientes declaraciones tributarias”, sostienen las fiscales. El pasado 26 de febrero, un informe de la Agencia Tributaria sostenía que el matrimonio Bárcenas-Iglesias defraudó 11,5 millones de euros a Hacienda entre los ejercicios de 2000 a 2011.

En el auto, Ruz, a petición de la fiscalía, abre la puerta a que Bárcenas pueda reunirse en prisión con su abogado sin el obstáculo de una mampara de cristal. Para ello indica al letrado del extesorero que lo solicite de nuevo.