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Los 19 acusados se niegan a declarar por el asedio al Parlamento de Cataluña

La vista contra los supuestos agresores de los diputados empieza en la Audiencia Nacional

La Fiscalía pide para los 20 procesados, uno de ellos huido, cinco años y medio de cárcel

"Aquí se juzga el derecho a concentrarse ante nuestros políticos", se defiende un imputado

Los acusados por el asedio al Parlamento catalán.

Tres filas con 19 acusados y una sala repleta de público. La Audiencia Nacional ha acogido este lunes la primera sesión del juicio contra los 20 procesados —uno se encuentra huido— por el asedio al Parlamento catalán el 15 de junio de 2011, cuando una multitud de casi 1.000 individuos se concentró a las puertas de la Asamblea para protestar contra los recortes e impedir el paso de los políticos, que ese día iban a debatir y aprobar las enmiendas a la totalidad de los presupuestos autonómicos. "Realmente, aquí se está juzgando el derecho ciudadano a concentrarse delante de nuestros representantes públicos", ha apuntado al final de la sesión Antoni Dolz, uno de los imputados; que se ha negado a declarar este lunes, al igual que el resto de acusados.

Todos ellos se enfrentan a una pena de cinco años y seis meses de prisión, exigida por la fiscalía, que les achaca un delito contra las altas instituciones del Estado y otro de atentado a la autoridad por "increpar", "agredir" y "golpear" a una decena de diputados. Una petición que el sindicato Manos Limpias, personado como acusación particular, ha elevado hasta los ocho años de cárcel al acusarles también de "asociación ilícita".

En esta primera jornada, que ha empezado con las cuestiones previas, el Ministerio Público ha protestado por el permiso concedido a varios testigos para declarar por videoconferencia. Entre ellos, al presidente de la Generalitat, Artur Mas, que el 15 de junio acudía a la Cámara cuando supuestamente se abalanzaron sobre su vehículo algunos de los imputados, obligándole a retroceder y a subirse a las vías del tranvía; según la fiscalía, que reza en su escrito que varios manifestantes golpearon el automóvil. "Cristóbal Nicolás Araya —actualmente huido— colocó sus manos encima del capó, al que se subió, empezando a darle golpes", afirma la acusación.

En el documento, además, la fiscalía incide en que los "comportamientos y actitudes violentas e intimidatorias tenían por objetivo impedir la asistencia de los diputados al pleno". De hecho, hasta 30 miembros de la Cámara, incluidos integrantes de la Generalitat, se vieron obligados a acudir en helicóptero a dicha sesión. Por ello, el Parlamento autonómico y el Gobierno catalán han decidido personarse en el juicio, que se prolongará hasta el jueves, como acusación particular. Aunque la defensa, en su turno de palabra, ha cuestionado la legitimidad de su presencia. "Supone un abuso que, en una época de crisis, haya tres representantes de tres instituciones del Estado [en referencia también al Ministerio Público]", ha apuntado uno de los letrados de los procesados.

Hay que ser un poco coherente. Con su presencia admite que la Generalitat es un alto organismo del Estado

Gonzalo Boyé, abogado defensor

Una tesis en la que ha insistido otro de los abogados, Gonzalo Boyé, que ha reprochado al Ejecutivo autonómico que acuda a la Audiencia Nacional de Madrid cuando se encuentra inmerso en un proceso independentista. "Hay que ser un poco coherente. Con su presencia aquí admite que la Generalitat constituye un alto organismo del Estado", ha recalcado. Antes, además, la defensa ha definido la personación de Manos Limpias como un "abuso torticero del derecho de acusación particular" y ha pedido su expulsión de la causa, negada por la sección primera de la Sala de lo Penal. "Han tolerado la presencia de esa parte en la instrucción, por lo que resulta ahora un momento inadecuado porque puede afectar al derecho de acusación particular", les ha respondido el magistrado Fernando Grande-Marlasca.

Este proceso judicial arrancó a raíz de que un millar de personas —convocadas bajo el lema Paremos el Parlament. No dejaremos que aprueben recortes— bloquearan todas las entradas a la Cámara y acosaran a los diputados el 15 de junio de 2011. Como a Montserrat Tura (PSC), a quien presuntamente José María Vázquez le pintó con espray negro una cruz en la parte trasera de la gabardina. Y a Ana Isabel Marcos (CiU); quien, según explica el Ministerio Público, sufrió un ataque de ansiedad y requirió un tratamiento farmacológico con ansiolíticos debido a los insultos que le profirieron y a que le arrojaron por encima "gran cantidad de una sustancia líquida".

Antonio Dolz, uno de los procesados, ante la Audiencia Nacional. atlas

A otro parlamentario, Alfons López Tena (Solidaritat Catalana), un manifestante le golpeó y empujó repetidamente y otro le sustrajo del bolsillo las llaves de su casa. Unos incidentes que acabaron con cargas policiales para despejar el entorno del Parque de la Ciutadella de Barcelona, sede del Parlament. Hubo 45 heridos y, en ese momento, se detuvo a seis personas. "Aquí hay gente acusada por levantar las manos", ha remachado Dolz este lunes a las puertas de la Audiencia Nacional, donde ha denunciado la "celeridad" con la que se desarrollan estos procesos, frente a la lentitud de las causas abiertas contra los representantes políticos. A su lado, otra acusada, ha sentenciado: "Se quiere crear con esto un precedente judicial que recorte la libertades".