El Poder Judicial opta por un juez ajeno a la Audiencia para presidirla

El sector conservador del Consejo del Poder Judicial, que tiene mayoría absoluta de votos en este órgano, designará previsiblemente el jueves como presidente de la Audiencia Nacional a un juez ajeno a este órgano. Se trata de José Ramón Navarro (1959, Santa Cruz de Tenerife), actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Aunque “carece de experiencia en temas de terrorismo”, la esencia de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro goza de buena reputación entre sus colegas, tanto por “su talante conciliador y afable” como por “ser un buen gestor”, según remarcan algunos de los vocales que pretenden impulsarle a lo más alto del organismo judicial. Pertenece a la moderada Asociación Judicial Francisco de Vitoria.

El cargo de presidente de la Audiencia Nacional lleva aparejada la categoría de magistrado del Tribunal Supremo (algo más de 6.000 euros de sueldo netos), y es importante porque desde él se canalizan las relaciones de colaboración con tribunales extranjeros en materia terrorista y porque entre sus cometidos figura facilitar la labor de los jueces de un órgano que investiga y juzga las causas más complejas y relevantes de la justicia española.

Si Navarro es el candidato de los conservadores, la apuesta principal del sector progresista del Consejo se centra en Ignacio Espinosa, presidente del Tribunal Superior de La Rioja. Sus opciones son inferiores debido a que los conservadores suelen votar en bloque, sin disidencias, y tienen la mayoría de votos en este Consejo. Carlos Lesmes y su más estrecho círculo de confianza pensaron inicialmente para el puesto de presidente de la Audiencia Nacional en Eduardo Ortega, expresidente de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, pero quedó descartado tras dejar este la judicatura para ocupar un cargo en el entidad bancaria BBVA.

También fue una apuesta del grupo conservador Andrés Palomo, presidente de la Audiencia de Segovia, e incluso se lo ofrecieron, pero este prefirió la Sala Segunda del Tribunal Supremo (a la que fue aupado hace un mes, también con el apoyo del grupo conservador, que está utilizando su mayoría en los nombramientos “como una apisonadora”, según se lamentan fuentes próximas al sector progresista.

La opción final ha sido la de Navarro, cuyo nombre suena para este cargo incluso antes de las entrevistas a las que sometió el pasado jueves el Consejo a los seis aspirantes. Gustó el programa de Navarro, y su exposición, sin leer nada, y ferviente partidario de la transparencia judicial. Y también gustaron las del magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Javier Martínez-Lázaro, progresista, y la del juez central Fernando Andreu, el primero en intervenir y con una dilatada experiencia en la Audiencia Nacional.

Para combatir el crimen económico, Andreu sugirió crear una oficina de averiguación patrimonial integrada por peritos, policías y funcionarios para agilizar las investigaciones sobre crímenes y  casos de corrupción que afecten a la economía nacional.

También aspiran a este cargo el juez de la Audiencia Nacional Isamel Moreno y el exvocal del Consejo y ahora juez de enlace de España en Paris Juan Pablo González. Tanto Andreu como Martínez-Lázaro hicieron hincapié en la frustración que supone que jueces con experiencia en el funcionamiento de la Audiencia Nacional queden relegados por una norma no escrita, y contraria al espíritu de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que tradicionalmente conduce a colocar en la presidencia de la Audiencia a jueces foráneos a este órgano.

De hecho, explicó Martínez Lázaro, de los 20 magistrados de la Sala Penal, sólo él presentaba su candidatura al puesto vacante. Martínez Lázaro habló del "doble efecto perverso" que supone ser miembro de la Audiencia Nacional y aspirar a la presidencia. “Deberían preguntarse por qué los jueces de instrucción no participan para ser magistrados de Sala o por qué el único de ellos que se ha presentado a esta plaza soy yo”, razonó Martínez-Lázaro durante su entrevista ante los vocales del Consejo General del Poder Judicial.