El Consejo Fiscal afea al Gobierno la reforma exprés de la justicia universal

El Consejo Fiscal remitirá al Ministerio de Justicia su queja sobre la fórmula empleada para la reforma de la ley de justicia universal, tal como aprobó el jueves, por unanimidad y con el voto favorable del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce. Los fiscales trasladarán así su protesta al Gobierno por no haberles permitido valorar la modificación de una ley orgánica que afecta a sus funciones.

La reforma de la justicia universal, aprobada solo por el PP, ha abierto una brecha en la Audiencia Nacional —donde se tramitan una docena de causas— ante las dudas acerca de su inconstitucionalidad y su colisión con tratados internacionales firmados por España. Los reparos podrían haberse solventado si la fórmula para proceder a la modificación hubiera sido otra. Si el Gobierno hubiera optado por el trámite habitual de una ley orgánica, que exige que el Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado dictaminen antes de su aprobación, los reparos legales estarían, al menos, abordados. Y las cuestiones técnicas, solventadas.

Sin embargo, el PP apostó por una reforma exprés mediante una proposición de ley orgánica presentada por el Grupo Popular en el congreso. Esta vía legislativa no requiere pedir ningún tipo de análisis, lo que evidencia la intención de cerrar cuanto antes la causa abierta contra China por el genocidio en el Tíbet. Los cambios, que modifican la posibilidad de perseguir delitos fuera de territorio español, fueron justificados por el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, que alegó falta de eficiencia y sostuvo que “promete mucho, pero no consigue más que conflictos diplomáticos”.

La formulación de la queja, que será trasladada en breve al departamento del Alberto Ruiz-Gallardón, se aprobó a instancia de los miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y fue apoyada por el consejo por unanimidad. Apenas hubo debate. Todos los miembros del Consejo, incluido Eduardo Torres-Dulce, se mostraron de acuerdo en la necesidad de hacer saber al Gobierno su protesta por haberlos obviado.

Los miembros del Consejo Fiscal no entraron a valorar el fondo del cambio legislativo, algo que sí podrían haber hecho en el caso de que se hubiera seguido otra fórmula, en la que se hubieran pronunciado a través de su informe.

Tras la aprobación de la reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la que se incluye la justicia universal, el PSOE anunció la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Antes de la decisión del Consejo Fiscal, que es el órgano que asiste al fiscal general del Estado, los fiscales de la Audiencia Nacional ya se sumaron a las voces opositoras contra la reforma. La Junta de Fiscales de la Audiencia Nacional acordó por unanimidad trasladar a Eduardo Torres-Dulce su “preocupación” por el alcance de la reforma. Además, los fiscales aprobaron un documento en el que criticaban con dureza la reforma impulsada por el Ministerio de Justicia para dar carpetazo a numerosas investigaciones sobre genocidio y crímenes de lesa humanidad. Los fiscales apuntaron además que la reforma “vaciará de contenido derechos constitucionales básicos como el acceso a la tutela judicial efectiva” y la “protección de los derechos de las víctimas”.

La modificación, que ya fue publicada en el BOE, también ha provocado que varios magistrados de la Audiencia Nacional hayan cuestionado el cambio legislativo. Ante la presentación de recursos sobre las causas que se están tramitando, la sesión ordinaria del pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió ayer que estos se resolverán en el propio pleno de la Sala en lugar de cada una de las secciones.