El PP saca adelante la ley que otorga más competencias a los vigilantes de seguridad

“Más y mejor seguridad para todos los españoles”; “El que quiera seguridad que se la pague”. Así de antitéticas son las posiciones del PP y del PSOE, respectivamente, ante la nueva ley de Seguridad Privada aprobada este jueves en el Congreso con el apoyo de los populares y CiU, y el voto en contra del PSOE, Izquierda Plural, UPyD y el Grupo Mixto. El PNV ha cambiado de opinión en el tránsito de la ley al estar en desacuerdo con la mayoría de sus postulados, salvo de los aspectos de competencia autonómica.

Todos los grupos han defendido a las Fuerzas de Seguridad del Estado frente a vigilantes de empresas de seguridad para mantener el orden. No hay peligro porque la “preeminencia” la tendrá el Estado, pero hay que aprovechar “el potencial” de las 1.800 empresas de seguridad privada y sus más de 80.000 vigilantes”, ha justificado el PP. Desde la tribuna, los grupos de izquierda y UPyD han defendido a la policía, frente a personas “sin preparación”.

“Nos vamos encontrar con matones de discoteca jugando a policías”, ha lamentado la diputada de Amaiur Onintza Enbeita. “Fascistas con una chapa van a cuidar del orden y de nuestra seguridad”, ha sentenciado Teresa Jordá de ERC, al sostener que personas vinculadas “a la extrema derecha” son los empresarios que ostentan la propiedad de las principales empresas de seguridad. No a la ley porque supone “una dejación” del Estado de una de sus principales tareas cual es la seguridad de los ciudadanos, ha sostenido Toni Canto de UPyD.

Críticas porque detrás de la ley hay un ánimo de favorecer a empresas privadas; reproches porque el Estado se aparta de una de sus funciones esenciales y malestar porque la interpretación amplia de la ley puede determinar que se obligue a colectivos a la contratación obligatoria de seguridad privada para organización de eventos, y, por supuesto, a pagársela. . “Pueden ser perfectamente manifestaciones, mítines, o maratones”, ha denunciado el portavoz de Interior del Grupo Socialista, Antonio Trevín. La ley no lo especifica por lo que ahora van a estar muy pendientes del desarrollo del Reglamento, que dictará el Ministerio del Interior, para comprobar si sus temores son fundados.

Nadie debe temer nada, según el PP. La seguridad privada estará supedita a lo que marque la autoridad, como ha dicho el portavoz de Interior del Grupo Popular, Conrado Escobar. Después de agradecer el trabajo y el apoyo de CiU, ha dicho su verdad: “Se aprovecha la seguridad privada, su potencial, pero siempre con la preeminencia del Estado”. Pero no se puede desaprovechar a las 1.400 empresas y 80.000 puestos de trabajo del sector.

A las objeciones dio respuesta con afán tranquilizados: “En los espacios públicos, en la calle habrá más presencia policial gracias a la seguridad privada, a la que se va a pedir más medios y más garantías de las que tiene ahora para que actúen como auxiliares de las fuerzas de seguridad”.

Solo CiU no ve tantos peligros, aunque sí algunos, como han denunciado desde la tribuna el resto de los oradores. La ley indica que según el coste del servicio se ocupará de la seguridad la pública o la privada; interpreta Trevín del PSOE ante las opciones que se abren para la privada de ocuparse de todo lo que le encargue la autoridad gubernamental. “ Incluso en vías públicas vigilantes de seguridad podrán pararnos, identificarnos y cachearnos.”, ha dicho el portavoz socialista, con un ejemplo. “¿ Se acuerdan de los turistas franceses agredidos en un centro comercial del levantes españoles?. Solo se les pidió excusas.; nada más”. A su paso por el Senado la ley ha ampliado los lugares de vigilancia privada porque ahora se extienden “ a parques de ocio y espacios abiertos delimitados pero con autorización”. Otro vaticinio del PSOE : “Las autorizaciones van a darse como churros”.

La denuncia de que “seguridad para quien se la pueda pagar” también ha brotado de Ricardo Sixto de Izquierda Plural, cuando “las Fuerzas de Seguridad cada vez están peor dotadas”. No todo fueron denuestos contra los trabajadores de la seguridad privada. Tanto Trevín del PSOE como Sixto de Izquierda Plural, han alertado sobre las pésimas condiciones de trabajo de los trabajadores de la seguridad privada, “mal pagados, con derechos laborales limitados y horarios abusivos”.

En dos meses desde la publicación mañana en el Boletín Oficial del Estado la ley entrará en vigor y la presencia de vigilantes privados será más notoria en las calles y en recintos públicos delimitados. Así podrán estar en los recintos exteriores de las prisiones y los Centros de Internamiento de Extranjeros, CIES; en las vías y los espacios de uso común de urbanizaciones y polígonos industriales; las vías y espacios “de uso común que se encuentren delimitados”, lo que para la oposición significa, cualquier calle o espacio público. Y, en todos los eventos al aire libre o no cuyos organizadores reciban “la orden” del Ministerio del Interior o de los gobiernos autónomos de que pongan seguridad privada.