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Hechos probados y conjeturas

La instrucción del ‘caso ERE’ en Andalucía mezcla múltiples evidencias del fraude con interpretaciones sobre los culpables basadas en débiles indicios

El Gobierno socialista andaluz decidió en 2000 abrir una línea de ayudas públicas para empresas en dificultades que acometieran expedientes de regulación de empleo. Aquella decisión le costará a la Junta de Andalucía a lo largo del tiempo 1.217 millones de euros.

La investigación de la juez Mercedes Alaya ha puesto al descubierto una trama delictiva que se aprovechó de esta línea de ayudas para defraudar y enriquecerse. En la cúspide de esa red corrupta estaban, según la investigación judicial, Javier Guerrero, director general de Empleo durante la mayor parte del tiempo en que se gestionó el fondo; Juan Lanzas, exsindicalista que mediaba entre las empresas y la administración para conseguir las ayudas; y dos aseguradoras que gestionaban el dinero y cobraban comisiones disparatadas. Además de esos hechos probados, la juez Alaya ha argumentado que sin la complicidad de los principales dirigentes políticos de la Junta de Andalucía no hubiera sido posible el fraude, y que ellos idearon un instrumento administrativo para facilitar las corruptelas.

El sumario contiene datos que refrendan el fraude y otros que no confirman la culpabilidad de los altos cargos políticos.

Discreccionalidad. En el auto donde se fija una fianza de 29,5 millones para la ex consejera de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez, la juez sostiene que se ideó por parte de los cargos políticos de la Junta un sistema de ayudas que evitaba los controles “a sabiendas de que dicho procedimiento se realizaría con absoluta discreccionalidad y de forma totalmente opaca (...) convirtiendo las subvenciones en desplazamientos de fondos públicos a terceros por mera liberalidad”.

Intrusos. La mayor parte de los fondos (560 millones de euros) fueron para pólizas que recibieron o están pendientes de cobrar 6.435 trabajadores que trabajaban en decenas de empresas, la inmensa mayoría sin vinculación con el PSOE o con el Gobierno de la Junta de Andalucía. Los falsos trabajadores que cobraron las indemnizaciones fueron 196 que ingresaronn 17 millones de euros. Entre esos denominados intrusos hay nueve militantes del PSOE, entre los que destacan Juan Rodríguez Cordobés, exdelegado de Trabajo de la Junta en Sevilla, y Rafael Rosendo, exalcalde de El Pedroso (Sevilla).

Empresas beneficiadas. De las empresas beneficiadas, las principales implicadas, según la juez, son las consultoras Uniter y Vitalia, sospechosas de haber cobrado hasta 50 millones por sobrecomisiones, es decir, por facturar hasta un 20% de la cantidad acordada para ayudas. La vinculación de estas consultoras con el PSOE o con el Gobierno de la Junta tampoco ha quedado acreditada.

Ayudas ilegales. De las empresas, asociaciones y administraciones sospechosas de haber recibido hasta 73 millones en ayudas que no le correspondía son más de un centenar y de todo tipo. Las más vinculadas con el PSOE son las que recibieron ayudas gracias al supuesto “papel esencial”, según la Guardia Civil, del exconsejero de Empleo y hoy diputado, José Antonio Viera, que aún no ha sido imputado por la juez, porque en ese caso al tener aforamiento debería inhibirse en la causa. Se trata de empresas asentadas en la Sierra Norte sevillana, una comarca de 30.000 habitantes, que acapararon unos 30 millones en ayudas directas. De esa cantidad, el grupo Matadero de Sierra Morena, dirigido por los exconcejales socialistas José Enrique Rosendo y José María Sayago, recibió ayudas directas. Sonia Viera, hija del exconsejero, trabajó para esta corporación. Otros empresarios que conocían a Viera, como Enrique Peralta y Gonzalo Madariaga, recibieron casi cinco millones: 880.000 euros el primero en 2008 a través de la sociedad Bética de Industrial, SL, y cuatro Mac Puarsa.

La mayoría de los fondos fueron para empresas sin vinculación política alguna o incluso alejadas de la esfera socialista, como Dhul, Autopistas Aumar, Astilleros, Altadis, la multinacional Delphi o la Asociación Faja Pirítica de Huelva. Estos dos últimos expedientes y el de Santana acapararan el 47% del fondo.

Ayuntamientos socialistas. En los listados de perceptores de ayudas también hay una docena de ayuntamientos, en su mayoría, aunque no todos, presididos por el PSOE en la época que recibieron los fondos. El último bajo sospecha es Los Palacios (Sevilla) donde la Guardia Civil investiga una subvención de 901.518 euros para un complejo dedicado al arte ecuestre.

Fianzas que triplican todo lo gastado en los ERE. La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que “cuando del sumario resulten indicios de criminalidad contra una persona, se mandará por el Juez que preste fianza bastante para asegurar las responsabilidades pecuniarias que en definitiva puedan declararse procedentes, decretándose en el mismo auto el embargo de bienes suficientes para cubrir dichas responsabilidades si no prestare la fianza”. Hasta el momento, la juez que investiga el fraude en las ayudas sociolaborales por valor de 1.217 millones de euros ha impuesto fianzas de responsabilidad civil a 72 de los 144 imputados que suman cerca de 3.000 millones, casi el triple del total. La ley establece que “la cantidad de [las fianzas] no podrá bajar de la tercera parte más de todo el importe probable de las responsabilidades pecuniarias”. Los que ha quedado probado que se lucraron con las ayudas, asumen una cuarta parte del total de las fianzas mientras que los altos cargos de la Junta suman casi 2.000 millones. La investigación no ha probado el enriquecimiento de los ex consejeros y la mayoría de ex altos cargos de la Junta imputados.

El cuerpo del delito: las transferencias de financiación. El mecanismo de pago de los ERE se basa en las transferencias de financiación, un instrumento de pago habitual de las Administraciones públicas. La juez Mercedes Alaya considera ilegal ese instrumento para las ayudas sociolaborales aprobadas por la Junta de Andalucía entre 2000 y 2010. Las transferencias de financiación permiten agilizar los pagos, en ocasiones a costa del control sobre estos movimientos de fondos. Todo tipo de Administraciones, desde los gobiernos autónomos de Madrid, Cataluña o País Vasco, a Ayuntamientos pasando por Diputaciones, utilizan cada año las transferencias de financiación (en algunas regiones se denominan transferencias normativas).

En Andalucía las leyes de Presupuestos concedían fondos a la Consejería de Empleo para el fondo de los ERE que eran posteriormente transferidos a la agencia Idea. A continuación, esta sociedad pública pagaba a las aseguradoras que se encargaban de garantizar y organizar los pagos a los trabajadores afectados por los ERE, para que así los prejubilados cobraran finalmente sus pagas. Para el fondo de los ERE la agencia Idea (antiguo IFA, Instituto de Fomento de Andalucía) abonó asimismo las ayudas directas a empresas, Ayuntamientos e instituciones, por orden de Empleo.

La juez opina que las transferencias de financiación son instrumentos para operaciones genéricas de los entes o empresas públicas según la ley, pero la Junta las utilizó para pagar subvenciones y ordenar pagos a terceros.

Alaya sostiene que la consecuencia fue la tramitación del gasto a través de expedientes de transferencias de financiación a Idea y no expedientes de subvenciones, con el propósito de saltarse los controles de la Intervención General. ¿Qué supuso esto? Pues que la revisión de estos gastos se produjo a posteriori en vez de ser aprobados de antemano por los interventores con una mayor vigilancia y rigidez. Y a posteriori la Intervención denunció el uso de las transferencias de financiación como un instrumento “inadecuado”, pero nunca prohibió su uso por parte de la Junta ni alertó del fraude que se estaba produciendo. Mientras, el Gobierno andaluz defiende que la fórmula era legal porque fue incluida en la Ley de Presupuestos que aprobaba el Parlamento, hecho que descartaba su ilegalidad. Además, la Junta recuerda que los interventores podrían haber bloqueado las transferencias de financiación, pero las permitió año tras año.

Los interventores subrayaron ante la juez que las transferencias de financiación están incluidas en la Ley de Presupuestos, y que el uso del procedimiento para la concesión de las subvenciones es incorrecto, pero el mecanismo es legal.

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