La oposición exige que el indulto esté vetado a la corrupción y a la seguridad vial

¿Por qué si la ley del indulto está vigente en España desde 1870 entra la prisa por cambiarla cuando gobierna el PP? Esta es la pregunta que se ha formulado la diputada popular Pilar Cortés en respuesta a la iniciativa de Izquierda Plural, defendida por Gaspar Llamazares, para cambiar la ley del indulto. Le han apoyado todos los grupos pero no lo han conseguido: el PP ha votado en contra.

El objetivo era que esta medida de gracia no pueda decidirse en la mesa del Consejo de Ministros en contra del tribunal sentenciador y de que en ningún caso se puedan indultar delitos que “causen alarma social”. Se citan expresamente los delitos de corrupción y de seguridad vial que hayan causado la muerte por una conducción temeraria. Abusos, arbitrariedad y "razones bastardas” han sido denunciados por la oposición en voz del PSOE, PNV, UPyD, BNG, Compromís – Equo y ERC. “Ha habido coartadas para indultar a chorizos, véase banqueros, y otro tipo de gente”, ha sentenciado el diputado republicano Joan Tardá.

La reforma por la que ha abogado Izquierda Plural pretendía acabar con el “margen de arbitrariedad” del que goza el Gobierno para conceder indultos, toda vez que “PSOE y PP han abusado en su utilización”. La necesidad de justificar el porqué del indulto es esencial en la futura reforma que propone la oposición, de la que no ha renegado en abstracto el PP pero la ha rechazado con su voto. La diputada Pilar Cortes ha revisado los programas electorales de 2011 para concluir que ninguno de los que ahora abogan por cambiar la ley lo propusieron en los mismos.

No, por tanto, pero la bancada popular ha tenido que escuchar las críticas de la oposición y el afán de darle la vuelta a esa ley del siglo XIX. Solo Montserrat Surroca de CiU no ha apoyado las tesis de IU y aunque no es contraria al cambio si lo es a los argumentos de Llamazares. A excepción del portavoz de Justicia del PSOE, Julio Villarrubia, por razones obvias, el resto de los portavoces han criticado la facilidad para el indulto tanto del PSOE como del PP.

Se han citado casos de ambos gobiernos. Del PSOE ha quedado para la historia la medida de gracia concedida en 2011 por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al vicepresidente y consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz. Le cambiaron la prisión y la suspensión del ejercicio profesional por una multa económica de menos de 150.000 euros cuando sus emolumentos anuales eran de varios millones.

Sí ha defendido con ahínco el portavoz socialista, Julio Villarrubia, el cambio de la ley del indulto para dar a los ciudadanos una señal de que se quiere “combatir la corrupción”. Este ha pedido que el gobierno informe semestralmente a la comisión de Justicia el listado de indultos. El control de esta medida de gracia es el principal argumento que ha utilizado la portavoz de UPyD para apoyar la reforma de la ley. El porqué de las medidas de gracias tiene que ser conocido por el Parlamento ya que con la legislación de 1870 prima “la opacidad, la falta de motivación y también las razones bastardas”. La historia reciente ha vuelto al Congreso cuando Olabarría ha criticado que “los condenados por los GAL fueran indultados”. Nadie ha puesto objeciones a que se indulte a condenados “por delitos contra la salud” por adicciones a las drogas que una vez rehecha su vida e integrados socialmente les llegue la orden de entrada en prisión.