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“Soy militante de ETA y me siento muy orgulloso de serlo”

Los exjefes de la banda Arkaitz Goikoetxea y Jurdan Martitegi se enfrentan a 675 años Están acusados de atentar contra el cuartel de la Guardia Civil de Calahorra (La Rioja) en 2008

Foto: atlas | Vídeo: ATLAS

Los exjefes de la banda terrorista ETA Arkaitz Goikoetxea, Jurdan Martitegi e Íñigo Gutiérrez Carrillo se enfrentan desde este lunes a una pena de 675 años de cárcel por hacer explotar un coche bomba el 21 de marzo de 2008 contra el cuartel de la Guardia Civil de Calahorra (La Rioja), donde residían 33 personas.

Los acusados esperaban detrás de un cristal a que el juicio comenzara. No se podían escuchar sus voces, pero ninguno parecía nervioso, no ocultaban su sonrisa y menos cuando, aproximadamente 15 amigos, entraron a la sala. Después de efusivos saludos, la vista oral tenía que comenzar, por lo que los tres fueron sentados en el banquillo. "Soy militante de ETA y me siento muy orgulloso de serlo. Hago mías todas las acciones político-militares realizadas por ETA en su en medio siglo de historia. No reconozco ninguna legitimidad a este tribunal para juzgar a la resistencia vasca y no pienso participar en esta farsa jurídica que ustedes llaman tribunal. Nada más", ha subrayado Martitegi, quien no ha contestado a ninguna de las preguntas, y solo ha pedido la palabra para afirmar la citada declaración.

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Goikoetxea ha declarado primero. Tampoco ha contestado a ninguna pregunta del fiscal, ni de la acusación particular, ni popular. Solo ha respondido a sus abogados y ha afirmado haber sido obligado a declarar bajo amenazas cuando fue detenido, por lo que "el contenido de aquella confesión no es cierta". Íñigo Gutiérrez, ha seguido la estrategia de sus compañeros, ninguna respuesta al fiscal. Ha afirmado no haber estado el día de la explosión. Según ha explicado estuvo en un concierto con un amigo del 20 al 22 de marzo de 2008.

El antiguo líder del comando Vizcaya, Arkaitz Goikoetxea, el que fuera número uno de ETA, Jurdan Martitegi, e Íñigo Gutiérrez, se sientan en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional por 33 presuntos asesinatos terroristas en grado de tentativa, estragos, tenencia de explosivos, dos delitos de detención ilegal y otro de robo de vehículo a motor. Este ha sido el primer juicio después del comunicado de la banda terrorista el pasado primero de marzo, en el que se comprometieron a sellar "hasta el último arsenal". El proceso continuará este martes 4 de marzo.

Los testigos

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El fiscal y las acusaciones, han llamado a 15 testigos, más dos que no han aparecido. La defensa ha llamado a tres, pero uno ha quedado pendiente para este martes. Varios de los testigos son miembro de la Guardia Civil. Dos de ellos han afirmado que Goikoetxea declaró el día de su arresto libremente, reconoció su participación en el atentado e implicó a sus dos compañeros. También ha declarado un odontólogo que ha relatado los daños que sufrió su clínica en el momento en que se produjo el ataque, así como una lesión de hombro al resbalar por los cristales que se encontraban en el piso debido a la explosión. Los desperfectos superaron los 15.000 euros, más las facturas de la intervención quirúrgica. 

Martitegi, Goicoetxea y Gutiérrez durante el juicio.
Martitegi, Goicoetxea y Gutiérrez durante el juicio.J. J. Guillén (EFE)

La vista oral ha llegado a su clímax cuando Amaya Salazar Fernández ha declarado a través de una videoconferencia desde Vitoria. Esta mujer con pelo corto y teñido de rojo fue, junto a su cuñado, secuestrada por los presuntos culpables para robarle el coche que fue utilizado en el atentado (un Honda Civic azul). Según ha relatado, aparcaron el vehículo en el Puerto de Herrera, donde se disponían a hacer senderismo. "Cuando bajamos del auto, aparecieron dos personas, nos encapucharon, nos ataron las manos y nos dijeron que eran de ETA", ha revivido Salazar.

Les quitaron las llaves y los móviles, y después de recorrer, en lo que pensaban era una furgoneta, los dejaron solos y atados en el suelo. Según la testigo, una sola persona condujo la supuesta furgoneta, y al subir se despidió de sus compañeros diciendo "Gora ETA" ("Viva ETA"). El fiscal, Carlos Miguel Bautista, ha afirmado que esta persona fue Íñigo Gutiérrez. El que dejó el coche robado con los explosivos frente al cuartel de la guardia Civil fue Martitegi, y quien realizó una llamada para avisar del atentado que se aproximaba fue Goikoetxea.

Las únicas dos personas que testiguaron en nombre de la defensa, lo hicieron a favor de Gutiérrez. Ambos afirmaron ser amigos de este, y haber estado con él en un festival de música el día del atentado. Para la acusación particular, estas declaraciones no son válidas por la relación de amistad que existe. Asimismo, ha considerado que la estrategia de la defensa es mostrar supuestas pruebas para que, al menos, Gutiérrez quede en libertad, ya que las evidencias contra los otros dos son contundentes.

El plan de ETA para el cuartel

Según su escrito de conclusiones provisionales, el comando decidió el 21 de marzo de 2008 colocar un coche-bomba frente al cuartel de Calahorra, situado en la calle de General Gallarza, para que hiciera explosión a las 14.00 horas. El artefacto estaba compuesto de dos barriles de cerveza de unos 50 litros cada uno con explosivo amonitol.

Los terroristas fabricaron la bomba en un piso de Ezcaray y lo trasladaron en una furgoneta, en la que se encontraron rastros genéticos de Goikoetxea, hasta Álava. Allí, hicieron una parada esperando al paso de algún vehículo para utilizarlo en el atentado.

Siguiendo esta estrategia, los etarras retuvieron a una pareja que se preparaba para una jornada de senderismo, les encañonaron y retuvieron, maniatados con bridas y con los ojos cerrados, mientras cargaban su Honda Civic de explosivos.

Martitegi condujo dicho vehículo hasta la casa cuartel, mientras Gutiérrez realizaba labores de lanzadera y Goikoetxea y Borrero custodiaban a la pareja detenida, que fue liberada a las 14.20 horas.

Aparcado el coche-bomba, Goikoetxea avisó a la DYA de Álava y a los bomberos de Calahorra, lo que sirvió para desalojar las viviendas y evitar una masacre. El edificio albergaba a 33 personas, de las cuales al menos 23 eran guardias civiles. El ataque dejó siete heridos y causó daños superiores a los 4,7 millones de euros en inmuebles y vehículos estacionados en la zona.

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