Diplomáticos kazajos intentaron presionar a jueces sobre una extradición

Diplomáticos de la embajada de Kazajistán en España intentaron un acercamiento a jueces de la Audiencia Nacional que tenían que decidir sobre la solicitud de extradición a ese país del opositor Alexander Pavlov, de 37 años, un hecho que fuentes judiciales califican de “ inconveniente, anómalo, atípico e inadmisible”. El Consejo de Ministros acordó su entrega el pasado día 15, pero un recurso de sus letrados la ha frenado momentáneamente.

El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó por 10 votos contra 7 la entrega y extradición de Pavlov, jefe de la escolta de Muktar Ablyazov, oligarca y principal opositor del presidente kazajo Nursultán Nazarbáyev. Los magistrados que la rechazaron emitieron un voto particular en el que aseguran que “se trata de un caso de persecución política bajo la apariencia de una reclamación por delitos comunes” y alertaron de que los derechos fundamentales de Pavlov pueden ser vulnerados.

El presidente de la Audiencia Nacional reconoce que "no es habitual" recibir a un embajador

El intento de los diplomáticos kazajos en España de contactar con alguno de los jueces en cuya mano estaba el futuro de Pavlov fue abortado por estos últimos y derivado al presidente de la Audiencia Nacional Ángel de Juanes a quien finalmente se dirigió Bakyt Diussenbayev, el embajador de esta república postsoviética en España solicitando una entrevista.

Mientras de De Juanes reconoce el encuentro, un portavoz de la embajada de Kazajistán en Madrid responde que “ni hoy ni nunca ha habido ningún acercamiento de ningún diplomático de la embajada a la Audiencia Nacional. La independencia ha sido absoluta, sin ninguna injerencia”.

El presidente de la Audiencia Nacional lo recuerda asi: “Efectivamente, el embajador se entrevistó conmigo. Lo recibí en mi despacho. La entrevista duró seis o siete minutos. Me dijo que estaban muy preocupados e interesados por este caso. Yo le respondí que la extradición seguía su trámite, que era un tema jurisdiccional y que la Audiencia Nacional procedería en Derecho con criterios jurídicos”.

¿Es normal que un embajador acuda a la Audiencia Nacional a interesarse por una solicitud de extradición que reclama su país? “No es habitual”, responde Juanes. Fuentes judiciales conocedoras de los intentos previos de acercamiento de otro diplomático de la embajada kazaja a alguno de los jueces que tenían que decidir sobre este caso de extradición manifiestan su “estupefacción” por lo ocurrido, lo definen como “poco ético” y aseguran que “es nuestra cultura judicial es un hecho inadmisible”. No dudan en calificarlo como un intento de presión.

Bakyt Diussenbayen, el embajador de Kazajistán en Madrid, intentó, también, obtener información en el Ministerio de Justicia. El diplomático se entrevistó con Ángel Llorente, director general de Cooperación Jurídica Internacional y Asuntos Religiosos. “Recibí varias llamadas y mantuve alguna reunión con él. Preguntaron si teníamos información, si había sido resuelta la extradición por la Audiencia Nacional. Les dimos informaciones generales del procedimiento, nunca nada referente al fondo del caso. No hubo presión”.

Llorente resalta que en el ámbito político estos contactos son frecuentes y añade que, también, recibió a representantes de la Fundación Open Dialog (Diálogo Abierto) que junto a otras ONG como Amnistía Internacional critican la entrega del guardaespaldas y denuncian que en el régimen de Nazarbáyev hay decenas de presos políticos y que se practica la tortura en sus cárceles.

Diálogo Abierto ha acreditado numerosos casos de torturas bajo el régimen del megalómeno presidente Nazarbáyev, de 73 años— Astaná está repleta de sus retratos— que desde hace 22  gobierna el país con mano de hierro. El presidente Mariano Rajoy y representantes de grandes compañías españolas visitaron el pasado mes de octubre Kazajistán para abrir nuevos mercados, dos meses después de que se firmara el tratado de extradición. El país, de 17 millones de habitantes y 2 millones y medio de kilómetros cuadrados—cinco veces España— es uno de los más cortejados por sus recursos naturales de uranio, petróleo, gas natural y algodón.

En 2012 sus soldados asesinaron a 16 personas en Zhanaozen durante una huelga de trabajadores de una planta petrolera. El testimonio de Roza Tulyetaeva, de 47 años, dirigente de los trabajadores describió al tribunal que durante los interrogatorios la colgaron de su cabello con una bolsa de basura rodeando su cabeza mientras un agente le atravesaba el ano con una barra de hierro. “Mi familia y mis vecinos están aquí. Siento vergüenza de decir lo que me hicieron”, apostilló.

Fuentes judiciales califican de "inadmisible y poco ético" el acercamiento a  los jueces

Llorente afirma que las autoridades kazajas aseguran que Pavlov será sometido a un juicio justo y que han ofrecido garantías para comprobar que no será torturado. El voto particular de los siete magistrados que rechazaron su extradición alerta, en cambio, que “las garantías diplomáticas bilaterales no son jurídicamente vinculantes, pues no existen medios para obligar a la otra parte a su cumplimiento, ni para investigar las posibles vulneraciones de derechos”. Este voto fue emitido por Ramón Sáez Valcárcel, Manuela Fernández de Prado, Teresa Palacios, Javier Martínez Lázaro, Antonio Díaz Delgado, José Ricardo de Prada y Clara Bayarri. Un informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), firmado por Beatriz Méndez de Vigo, secretaria general, a petición de la Oficina de Asilo, destaca la posible peligrosidad de Pavlov, pero añade que "debe señalarse que las fuentes y datos consultados no se consideran suficientemente fiables, lo que no permite realizar una valoración plenamente acreditada sobre el grado de esa potencial peligrosidad. En cuanto a la acusación de terrorismo, no se dispone de ninguna información que lo contraste".

 La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional paralizó el pasado jueves la entrega y extradición de Pavlov al presentar sus abogados un recurso ante este organismo y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. María Costa e Ignacio Díaz de Aguilar, sus letrados, aseguran que el Gobierno intentó evitar que trascendiera su decisión para evitar que pudieran presentar a tiempo su recurso ya que Pavlov no ha sido informado de la decisión del Consejo de Ministros pese a que la ley obliga a hacerlo. Un portavoz de Justicia asegura que el pasado lunes se ofició el acuerdo a la Audiencia Nacional, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Policía y a Pavlov, pero este niega haber sido informado.