El fiscal pedirá hasta 19 años para Urdangarin y 15 para su socio Torres

El fiscal del caso Urdangarin, Pedro Horrach, ha elaborado ya el esqueleto de su escrito de acusación, con sus conclusiones. En él detalla los hechos punibles y contempla la petición de penas máximas para los principales responsables de la trama. El abanico del fiscal abarca desde un máximo de 19 años de cárcel que solicitará para Iñaki Urdangarin hasta los cinco de reclusión para el expresidente balear Jaume Matas.

El responsable de Anticorrupción, Pedro Horrach, pretende dejar fuera del banquillo a más de la mitad de los 41 imputados actuales. No acusará a 24 de los investigados, entre ellos al secretario de las infantas, Carlos García Revenga, que fue tesorero del Instituto Nóos.

Además, una pieza polémica del caso desaparece del borrador acusatorio de la Fiscalía Anticorrupción: la mujer de Diego Torres, Ana María Tejeiro, imputada, queda excluida de la lista los acusados que, a juicio de Horrach, han de sentarse en el banquillo en el plazo de un año. Salvar y dejar al margen de la causa a su esposa era un empeño reiterado del socio de Urdangarin. Lo expresó tanto en los recursos ante los tribunales como en los distintos episodios de negociación abiertos con la fiscalía.

Horrach quiere dejar sin sentarse en el banquillo a 24 de los 41 imputados

Un caso singular es el del arrepentido José Luis Pepote Ballester, olímpico, ex director general balear de Deportes y amigo de los miembros deportistas la familia real, que se quedará con peticiones penales de hasta dos años. La colaboración de Pepote —detenido al estallar la causa tras el escándalo del Palma Arena— fue clave para que el fiscal y el juez incriminaran a los supuestos cabecillas, Matas y Urdangarin.

Desde hace semanas, el representante de la Fiscalía Anticorrupción da por concluida la fase de instrucción del sumario, al sostener —y pugnar por ello ante el juez José Castro— que no se ha de procesar ni juzgar a la hija del Rey. Sin embargo, Horrach ha explicado que, en el mismo escrito de conclusiones, sí exigirá a Cristina de Borbón y Grecia que pague 600.000 euros por responsabilidad civil, no penal, como partícipe, beneficiaria a titulo lucrativo, del dinero presuntamente defraudado por su esposo, al ser socia al 50% de la sociedad familiar Aizoon, en la que Iñaki Urdangarin ingresó 1,7 millones de euros procedentes del erario público.

En el mismo plano de responsabilidades delictivas que el yerno del Rey, Horrach señala al supuesto cerebro fiscal y societario de la trama del Instituto Nóos, el asesor Miguel Tejeiro, que carga con hasta otros 19 años de condena. El fiscal le acusa de articular con Urdangarin y Diego Torres la trama de sociedades pantalla para defraudar y drenar los fondos públicos captados, según define la Audiencia de Palma. El catálogo de delitos es: fraude a la Administración, malversación, falsedad documental, prevaricación, delitos fiscales y blanqueo. Las posibles penas van desde los 10 años de prisión, en el caso más beneficioso, hasta los 19 en la valoración más dura del Código Penal.

La Fiscalía Anticorrupción, al analizar los hechos y posibles delitos, quiere solicitar hasta 15 años de cárcel para Diego Torres, exsocio de Urdangarin y exgestor en la sombra del gabinete de ideas y producción de eventos y negocios del Instituto Nóos. Será una petición menor a la Urdangarin al imputársele un fraude fiscal menos. Esta entidad, teóricamente sin ánimo de lucro, captó más de seis millones de las arcas del Gobierno balear y de la Comunidad Valenciana y del Ayuntamiento de Valencia, bajo los mandatos de Jaume Matas, Francisco Camps y Rita Barberá, todos del PP.

No perseguirá a Cristina de Borbón por la vía penal, pero sí por la civil

Torres y Urdangarin, por separado y de manera bilateral con intermediarios, tentaron en los dos últimos años la posibilidad de cerrar un acuerdo de conformidad con la acusación pública, un pacto por arrepentimiento y el retorno del dinero público malversado, unos seis millones de euros. Del pacto final se descolgó, en distintas ocasiones, la representación del yerno del Rey, por su negativa a asumir el posible ingreso en la cárcel.

La oferta de la fiscalía a los delegados de Diego Torres e Iñaki Urdangarin era una posible petición de condena rebajada a cuatro años para Torres y el yerno del Rey. No cuajó, aunque esa posibilidad está abierta hasta la celebración del juicio. El pacto de confesión se estancó, pero Urdangarin llegó a ponderar abonar la cantidad reclamada por los delitos pero, al final, el esposo de Cristina de Borbón rechazó el acuerdo por la magnitud de la posible pena carcelaria que debería asumir.

El caso Urdangarin, una de las piezas del caso Palma Arena, abierto en 2008 para investigar la escandalosa gestión del expresidente de Baleares, Jaume Matas, también arrastrará al banquillo a este exlíder del PP, con una reclamación de cinco años de prisión, como mínimo, por los delitos que se le imputan. Matas cedió casi 2,5 millones a Urdangarin y Torres sin concurso ni control, según la Fiscalía. En la Audiencia de Palma, Anticorrupción ya logró dos condenas menores contra Matas, una de ellas de nueve meses de cárcel para la que este pidió el indulto para esquivar el ingreso en prisión dictado por el tribunal.