El alto precio de acortar el martirio

Unas 200.000 personas salieron a la calle a aplaudirles el día que Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin se casaron en Barcelona, en octubre de 1997. Ayer, eran necesarios más de 200 agentes, según Interior, para proteger de la gente a la hija del Rey. La distancia entre los aplausos de entonces y los abucheos que la Infanta escuchó ayer, es la misma que separa a la institución que ocupaba los primeros puestos entre las mejor valoradas por los españoles, de la que ahora no llega al 4 sobre 10. Nada, ni siquiera la inoportuna cacería del Rey en Botsuana que provocó otra imagen histórica —su disculpa ante las cámaras— ha hecho tanto daño a la Corona como el caso Nóos. Por eso del interrogatorio de ayer depende no solo el futuro de la Infanta sino el prestigio de la monarquía, incapaz hasta ahora de recuperar los niveles de popularidad previos a la imputación de aquel matrimonio al que la gente salía a aplaudir.

La Zarzuela cree que la imagen de la hija de un Rey entrando en un juzgado a declarar como imputada es el precio —mucho más alto de lo que les hubiera gustado— que deben pagar para que empiece el final de lo que en repetidas ocasiones han calificado de “martirio”. Como los abogados de doña Cristina, confían en que ese acontecimiento histórico, doloroso para el Monarca y para la Reina, sirva para satisfacer al juez Castro y a la ciudadanía. Es decir, que La Zarzuela pueda recuperar la iniciativa y ocupar el espacio informativo con sus actividades oficiales en lugar del goteo de titulares del caso Nóos que lastran su agenda desde diciembre de 2011.

En la Casa del Rey saben que una vez finalizada la instrucción, llegará el juicio oral y tienen previsto, entre los posibles escenarios que manejan, que Urdangarin vaya a la cárcel.

Con la Infanta es distinto porque es la hija del Rey. Aunque en la práctica también ella fue apartada de la agenda oficial tras la imputación de su marido —ayer no enviaron a nadie para acompañarla a Palma—, La Zarzuela se ha esforzado por marcar la diferencia respecto a Urdangarin. Se vio claramente cuando, en unas declaraciones de las que hoy se arrepienten por cómo fueron interpretadas —como una presión al juez— , se atrevieron a mostrar su “sorpresa” por la decisión de José Castro de imputar a doña Cristina, en abril de 2013, y su apoyo al fiscal, que se oponía. Y se vio también cuando el Rey intervino en la elección de su abogado, un padre de la Constitución, Miquel Roca, como rostro de la defensa de su hija. Urdangarin había elegido unilateralmente al suyo.

A partir de hoy toca hacer balance de daños y decidir si la Infanta es recuperable, es decir, si puede volver a entregar premios, asistir a actos oficiales, representar a la institución. A corto plazo no. Y lo más probable es que a largo, tampoco, añaden fuentes de la Casa del Rey. Porque una cosa es que la justicia finalmente aprecie que la cantidad defraudada no alcanza los 120.000 euros que constituyen el delito, y otra que su conducta haya sido ejemplar, condición indispensable para una institución sin poderes cuya razón de ser y principal cometido ha de ser precisamente, el de dar una buena imagen. Y más cuando don Juan Carlos acaba de comprometerse con todos los ciudadanos, en su discurso de nochebuena, precisamente a eso: “Asumo la obligación de ejemplaridad y transparencia que hoy reclama la sociedad”, dijo.

El Rey, recuerdan, se comprometió en Navidad a asumir la ejemplaridad

En cualquier caso, solo una vez condenado Urdangarin se podrían plantear otras medidas, como que el Rey pidiera a la Infanta que renunciara a sus derechos dinásticos, un gesto simbólico que ella nunca ha ofrecido —es la séptima en la línea de sucesión al trono—, y que fuentes de La Zarzuela admiten que hubiera minimizado la avería de haberse producido inmediatamente después a la imputación del duque de Palma, en diciembre de 2011.

Durante meses, en la Casa del Rey se tiraron de los pelos por la actitud de Urdangarin y su abogado, pensando que el marido de la Infanta y Mario Pascual Vives quizá podrían haber impedido que el caso Nóos se convirtiera en el caso Cristina de Borbón de no haberse opuesto a la desimputación de la mujer de Diego Torres. Pero cuando el juez la citó como imputada por segunda vez, La Zarzuela llegó a la conclusión, y así se lo hizo ver a la Infanta, de que lo mejor era no recurrir, afrontar la situación y acudir a declarar.

Entre los escenarios que barajan está que Urdangarin vaya a la cárcel

La Casa del Rey dejó en manos de doña Cristina la decisión de cómo bajar la famosa rampa. Caminando, para intentar agradar a quienes interpretaban el permiso para llegar en coche un privilegio más; o en vehículo, para acortar 50 segundos esas imágenes disponibles para cualquier medio de comunicación del mundo durante años. Finalmente, doña Cristina decidió bajar la llamada cuesta de la vergüenza en coche, y caminar los 13 últimos pasos hasta la puerta de la justicia, con una sonrisa y deseando buenos días a los periodistas.

Sus abogados la habían sometido a un intenso entrenamiento, también psicológico, para prepararse para ese momento. Repasaron con ella facturas y declaraciones de la renta, pero sobre todo enseñaron a la hija de un rey, acostumbrada a recibir reverencias cuando entra en una habitación, a hacer algo para lo que nadie la había preparado nunca: dar explicaciones.