La Audiencia rechaza anular la orden de detención al expresidente chino

La Audiencia Nacional ha rechazado la petición de la Fiscalía de anular las órdenes internacionales de detención dictadas el pasado 18 de noviembre contra cinco exlíderes comunistas chinos, entre ellos el expresidente Jiang Zemin y el ex primer ministro Li Peng, por el genocidio en el Tíbet. Este es uno de los procedimientos de justicia internacional más polémicos de cuantos ha emprendido la Audiencia Nacional y ha suscitado la reacción de la diplomacia del gigante asiático, que ha amagado con tomar medidas económica contra España.

En su resolución, notificada este miércoles y adelantada por Efe, la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia, presidida por Ángela Murillo, rechaza el incidente de nulidad presentado el pasado 20 de enero por el fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Martínez Torrijos. El ministerio público buscaba la anulación de un auto de la propia Sección Cuarta por el que se obligaba al juez Ismael Moreno a dictar las órdenes de arresto, que él había decidido archivar.

El fiscal argumentaba que para dictar las órdenes de arresto, que causaron un "fuerte malestar" en el Gobierno chino, tenía que existir en el procedimiento un auto de prisión motivado, pero la sala dice ahora que ese trámite corresponde al juez instructor, Ismael Moreno, quien debía haber dictado el auto y luego ordenar las detenciones.

La sección cuarta ordenó a Moreno el pasado 18 de noviembre que dictara los arrestos al apreciar, en contra del criterio de este magistrado, que había indicios de delito contra los exdirigentes por su participación en lo que las víctimas califican de un ataque "generalizado y sistemático contra la población tibetana" entre finales de los 80 y principios de los 90 del siglo pasado.

Sin embargo, el juez aún no ha cumplido las indicaciones de la sala y no ha procedido a dictar la orden de detención, que según la sección cuarta lleva siempre aparejada la previa adopción, también por parte de este juez, de la prisión provisional por medio de un auto. La sección considera ahora que resultaba "innecesario" recordar en su día al juez que antes de dictar la orden de detención debía motivarla en un auto de prisión, ya que el magistrado es "perfecto conocedor" de este extremo.

"Si el verdadero problema que late en toda esta controversia -esta es la realidad- estriba en que el juzgador no ha hallado indicios racionales de criminalidad suficientes como para dictar auto de prisión provisional para los querellados, tendrá que atenerse a lo expresado en el escrito de contestación al incidente de nulidad, sin entrar en otras consideraciones", le dice la sala a Moreno.

También reprocha al fiscal que haya pedido la nulidad el pasado 20 de enero, dos meses después de que se ordenaran las detenciones, cuando "decidió darse por notificado" de ello, y presentó un incidente "fundamentándolo en motivos que, de sobra, conocía dos meses antes".

Aparte de Jiang, presidente de China entre 1993 y 2003, la sala ordenó la detención de Li Peng, primer ministro chino a finales de los años 80 y principios de los 90; Qiao Shi, exjefe de la seguridad china y responsable de la policía armada; Chen Kuiyuan, secretario del Partido Comunista de China en Tíbet entre 1992 y 2001, y Peng Peiyun, ministra de Planificación Familiar en los años 80.

Lo hizo atendiendo un recurso de los querellantes -dos organizaciones y un lama de nacionalidad española- contra la decisión del juez de rechazar su detención, al entender que sí había indicios de que participaran en este supuesto genocidio del pueblo tibetano "habida cuenta de la responsabilidad política o militar de cada uno de ellos"

En virtud al principio de jurisdicción universal, la Audiencia Nacional investiga esta querella presentada contra siete exdirigentes chinos, entre ellos el expresidente Hu Jintao (sucesor de Jiang Zemin en el cargo hasta marzo pasado), sobre quien no se ha dictado orden de detención. La querella fue admitida a trámite en 2006, cuando la Audiencia Nacional se declaró competente para investigar el genocidio denunciado ante la imposibilidad de que pueda ser investigado por jueces chinos o por el Tribunal Penal Internacional.

La decisión de la Seccion Cuarta de la Audiencia no reviste trascendencia práctica, ya que el próximo martes el Congreso debatirá -y presumiblemente aprobará- una proposición de ley para restringir las condiciones en las que un juez español pueda investigar delitos cometidos fuera del territorio nacional. Esta limitación de la competencia de los tribunales españoles afectaría a este caso puesto que el querellante no tenía la nacionalidad española cuando se produjeron los hechos.