¡Viva la Constitución!

El PSC no participa en el homenaje a la Constitución. El motivo consiste, al parecer, en la voluntad de no alinearse con el PP y Ciutadans formando un frente del no. Solo que eso no impedía organizar algún tipo de acto público donde quedase de manifiesto la lealtad de los socialistas catalanes a la Ley Fundamental, al tiempo que su propuesta de federalización. Lealtad implica únicamente que no caben en el orden democrático iniciativas tales como las de la autodeterminación disfrazada de consulta forzosa, que la contravengan de modo abierto. Reformarla a fondo es otra cosa.

Al lado de su distanciamiento del independentismo de Mas-ERC, figura siempre la intención del PSC de rehuir todo compromiso, no solo con los dos grupos estigmatizados por su españolismo, sino con el orden constitucional (el sí a la consulta). Así permanece sometido a constantes oscilaciones, como el alma de Garibay, a mitad de camino entre el cielo y el infierno. La gravedad de esta indeterminación es tanto mayor por cuanto los socialistas catalanes fueron la clave de bóveda de la construcción política en la Catalunya plural.

El problema de la deslealtad no ha sido solo propio de los socialistas y de otros demócratas catalanes. Conviene recordar que el mazazo de la manifestación de la Diada del 11 de septiembre de 2012 sorprendió a todos, y en primer lugar al presidente del Gobierno, que de antemano la privó de toda importancia. En ese clima de inseguridad, solo faltaba que un ensalzado constitucionalista rompiese una lanza a favor de la autodeterminación catalana, marginando la Constitución (y lo resuelto por el TC en septiembre de 2008). Fue la válvula de escape para que se difundiera la coartada del “diálogo”, como en tiempos de ETA, utilizada por intelectuales reacios a adentrarse en terreno tan resbaladizo. Quedó así el campo abierto para que la crítica al proceso puesto en marcha por Mas —montado sobre la eliminación en Cataluña de todo pluralismo en el espacio público—, fuese monopolizada por una derecha que soluciona todo con el “Cataluña es España”. Blanco contra negro.

Mas y ERC confían en una prueba de fuerza que Rajoy no pueda asumir

La Constitución deja así de ser marco jurídico de la política para convertirse en muro de contención. Tal parece ser la idea rectora de la política del presidente Rajoy, en un juego de cuatro esquinas donde nadie se mueve de su sitio. Confía en que los obstáculos europeos le hagan la tarea frente a la reivindicación catalanista, ignorando que si bien gobernar no es dialogar, sí es en cambio reconocer los problemas graves, buscar consenso para las decisiones y tener informada a la opinión pública. Por su parte, tras un breve momento de esperanza, la propuesta federal de PSOE-PSC sigue siendo una declaración para salvar la cara. Y mientras, la vida sigue para Mas y ERC, confiados en ir cercando políticamente al Gobierno, hasta tener delante una prueba de fuerza que Rajoy sea incapaz de asumir.

El gobierno PP, en cambio, sí actúa a la hora de ir erosionando con fuerza el espíritu de la Constitución. La Ley de Seguridad plasma de nuevo el viejo concepto de orden público, evitando la competencia judicial y asignando al Gobierno brutales sanciones para cuanto signifique movilización de protesta. Y en la LOMCE, desde su preámbulo, y con la coartada de la meritocracia, la primacía del talento, resulta claro que la educación ha de servir para la reproducción de las élites, y si son católicas, mejor. El talento, nos dice Wert, surge en el vacío social de valores, actitudes, competencias previos, sin que cuente un condicionamiento económico que sea preciso corregir. Para los de abajo, FP. Y centralización (y pauperización) por todas partes, desde la lengua a la dirección de los centros, más subvenciones a lo privado. Los intereses generales no cuentan en un discurso de encefalograma plano, basado en eslogans orientados a un solo fin: la perpetuación de una hegemonía. Y ahora, a por la Universidad pública, ya convenientemente sangrada en la corrida organizada por este taurófilo.

Hay, pues, que mantener en pie el estandarte de la Constitución de 1978, que amparó por más de un tercio de siglo nuestras libertades y nuestro progreso económico y social. Frente al círculo de restricciones trazado desde este Gobierno. Frente a un reto independentista que supone dinamitar el sistema político vigente. Y frente a quienes se oponen —Gobierno, PP, UPyD— a una reforma en profundidad de la propia Constitución que permita una organización federal del Estado inclusiva y, llegado el caso, un cauce de expresión democrática para quienes opten por abandonarlo.