El pasado sigue en el Poder Judicial

Entre los 20 flamantes vocales del Poder Judicial que jurarán sus cargos el próximo día 4 ante el Rey, hay de todo: esposas y esposos de…, amigos y apadrinados de…, militantes de…, ex políticos y hasta políticos. La sensación gatopardista de que el ministro Alberto Ruiz-Gallardón ha tirado del BOEpara que todo siga igual, pero con la apariencia de que todo se ha cambiado, está instalada en amplios sectores de la judicatura; convencidos de que PP y PSOE podían haber conformado un Consejo similar al actual con la anterior normativa reguladora de la elección de vocales y funcionamiento del órgano de gobierno de los 5.000 jueces españoles. E incluso se ha dado entrada a jueces no asociados (cinco), tradicionalmente proscritos pese a representar a más de la mitad de la carrera. Pero todos ellos son de contrastada afinidad ideológica con quienes les nombran.

 Y es que la esencia del sistema se mantiene: es decir, como siempre, PP y PSOE se han repartido las vocalías del Consejo en lo que podría catalogarse de extrapolación de sus cuotas de poder parlamentarias. Si el PP tiene mayoría absoluta en el Parlamento, también la tendrá en el Poder Judicial, donde se ha reservado diez vocalías. Y se ha pactado pese a que en la misma ley, que aparentemente todo lo cambia, el PP introdujo una cláusula que, en esta legislatura y con mayoría cualificada en el Senado, le habría permitido renovar el Poder Judicial y garantizarse la mayoría absoluta aunque el PSOE hubiese bloqueado la negociación en el Congreso. Si el PP se ha reservado diez hombres en el Consejo, el PSOE se ha conformado con siete (no anda sobrado de cargos públicos y había muchas bocas deseosas de acceder a un cargo con unos 6.000 euros netos de sueldo). A IU le han dejado poner a una consejera (la secretaria judicial Concepción Sáenz) y dos a los nacionalistas de CiU (su diputada Mercè Pigem) y PNV (el abogado Enrique Lucas). PP y PSOE han meditado mucho sus listas antes de cerrarlas. Huyen de experiencias anteriores de vocales díscolos.

En el anterior Consejo había dos fiscales (en este ninguno, lo que ha disgustado al ministerio público), y solo una juez del Supremo (en este hay tres, que serán cuatro cuando se sume y sea votado el presidente, que lo propone el PP).

Desde el Supremo, cuya sede está enfrente de la del Consejo, a veces se ha visto con cierto desdén algunas decisiones del Poder Judicial. No por la institución en sí, sino por sus integrantes, normalmente, de inferior categoría en la carrera judicial. Pero, aunque les tumbaban decisiones, la realidad, el poder, se imponía: y es que, por ejemplo, para ser magistrado del Supremo hay que pasar por la criba del Consejo.

Acabar con esa percepción de que mayoritariamente el Consejo lo integraban jueces de la escala básica o intermedia, unido al escándalo de los viajes caribeños del expresidente del Consejo y del Supremo Carlos Dívar —que tuvo que dimitir—, fue uno de los elementos que influyeron en Ruiz-Gallardón para poner patas arriba la forma de elección de los vocales. Y, de camino, restar el tradicional poder de las asociaciones hermanas de los grandes partidos (la conservadora APM y la progresista JpD) en la designación de sus miembros. Tres huelgas de jueces le costó al ministro el cambio normativo, que se vendió como un arma para aumentar la calidad del Consejo, la de sus integrantes y, en consecuencia, su independencia del poder político. Pero eso es solo sobre el papel. Y, como ejemplo, el hecho de que la aspirante que dispuso de más avales de sus compañeros, la juez Rocío Pérez-Puig, ni siquiera ha estado en las listas que se han intercambiado PP y PSOE.

Según fuentes judiciales, en este nuevo Consejo, como ocurrió en los anteriores, ha primado la afinidad ideológica o el amiguismo. También, y en no pocos casos, la solvencia profesional. Entre los elegidos por el PSOE se halla la magistrada del Supremo Clara Martínez, esposa del exfiscal general Cándido Conde-Pumpido; o Roser Bach, apuesta de los socialistas catalanes, aunque es esposa del consejero de Justicia del líder de CiU Artur Mas; o la de Pilar Sepúlveda, amadrinada para el Consejo por la presidenta socialista de Andalucía; o la de magistrada María Victoria Cincto, apoyada por los socialistas vascos; o María del Mar Cabrejas, del juzgado 55 de Madrid, apadrinada por el negociador socialista para este Consejo, Antonio Camacho. O la del diputado Álvaro Cuesta, exdiputado socialista.

En el lado del PP ocurre por el estilo y también todos tienen sus padrinos. Como el presidente de la Sala de lo Contencioso de Madrid, Gerardo Martínez Tristán, marido de una consejera en Castilla-La Mancha de la número dos del PP, Dolores de Cospedal; o la juez valenciana Carmen Llombart, apadrinada por el vicepresidente saliente, Fernando de Rosa; y la de María Ángeles Carmona con el vocal saliente Antonio Dorado. También han pesado las buenas relaciones con el ministerio de Ruiz-Gallardón, como en los casos de los presidentes de los tribunales superiores de Navarra y Murcia (Juan Manuel Fernández y Juan Martínez); o las que mantiene el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska con los populares.

Está previsto que el lunes de la próxima semana los nuevos vocales se reúnan para elegir al presidente. Los dos nombres que más suenan son el del presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Juan Saavedra, y el magistrado de la Sala de lo Contencioso, y exalto cargo de Justicia con el PP Carlos Lesmes. Algunos vocales juran que aún no les han dicho a quién han de votar. En conclusión, una reedición del gatopardismo (cambiarlo todo para que todo siga igual).