Rebelión 'de lo contencioso´

 Los magistrados de la sección tercera de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que resolvieron la suspensión cautelar de la privatización-externalización de seis hospitales en Madrid, el pasado 11 de septiembre, bajo la presidencia de Fátima Arana Azpitarte, fueron Pilar Maldonado Muñoz, Margarita Pazos Pita y el magistrado Rafael María Estévez Pendás.

La decisión, el 11 de octubre, de desviar desde la sección hacia un pleno de todas las secciones (50 magistrados) el debate sobre el recurso de reposición de la Comunidad de Madrid (junto con otra resolución adoptada por la sección octava en relación con el mismo asunto pero por otros motivos), para desbloquear la privatización, emergió como una jugada maestra del presidente de la sala, Gerardo Martínez Tristán.

Fuentes judiciales señalan que Martínez Tristán adquiría así un protagonismo en un asunto que era de vital interés para el Partido Popular de Madrid en momentos cruciales: el magistrado era, y todavía es, candidato a ser miembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 

 La celebración del pleno suponía quitar la jurisdicción a la sección tercera, la que había resuelto suspender cautelarmente la privatización-externalización hasta debatir el problema de fondo: la existencia o no de irregularidades en el concurso de adjudicación de los hospitales, tal como plantea el recurso de los facultativos representados por el recurso de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM).

El Partido Socialista de Madrid presentó un incidente de recusación de Martínez Tristán.

Pero el magistrado decidió ignorarla. Convocó pleno para el 31 de octubre. Y la maniobra ha sido frenada.

Cuarenta y cinco de los cincuenta magistrados de las secciones de lo Contencioso hicieron acto de presencia en el pleno del 31 de octubre. Los magistrados preguntaron al presidente si estaba recusado, hecho sobre el que no se había proporcionado información alguna.

La Cadena Ser informó sobre este pleno asambleario el pasado lunes 11 de noviembre, un pleno en el cual Martínez Tristán se resistió, según fuentes solventes, a informar sobre la recusación que pesaba sobre él.

Muchos magistrados elevaron su voz con afirmaciones según las cuales el pleno era ilegal si, en efecto, todavía no se había resuelto el incidente de recusación.

Martínez Tristán admitió a regañadientes que existía esa recusación, pero sostuvo que ello no era obstáculo para entrar en el fondo: el recurso de reposición de la Comunidad de Madrid.

Hubo hasta voces. "Ilegal, ilegal, ilegal", gritaron algunos magistrados. Si existía esa recusación, ¿por qué no se apartaba el presidente y dejaba al magistrado más antiguo al frente del pleno?

Según el auto notificado a las partes el miércoles 20 de noviembre, entre ellas a quien había recurrido la privatización-exdernalización, la AFEM, Gerardo Martínez Tristán consiguió reunir 4 votos a favor de que se debatiera el recurso.

La abrumadora mayoría de 41 magistrados decidió que se abordara al asunto solamente cuando quede resuelto el incidente de recusación. Los cuatro magistrados que votaron a favor de que el pleno entrara a debatir el recurso de la Comunidad de Madrid presentaron un voto particular. 

"Hasta hoy no teníamos ninguna noticia oficial sobre el pleno. Aunque creíamos que la maniobra de convocar el pleno suponía tener apalabrada a una mayoría, los resultados indican que no parece ser así", dijo a EL PAIS el abogado de AFEM, Miguel Ángel Muga, tras conocer el auto.

Con todo, el incidente de recusación solo es una parte, y más bien secundaria, del problema.

Es posible que las causas de la recusación no sean admitidas, según fuentes jurídicas consultadas. Ni el hecho de que Martínez Tristán sea el marido de la consejera de Fomento de una Comunidad Autónoma distinta de Madrid, en este caso la Junta de Castilla-La Mancha, ni la circunstancia de que su nombre se encuentre en una lista de candidatos al CGPJ que podría promover el PP, encajan en las razones tasadas de una recusación.

El punto esencial es otro, la presunta nulidad de la convocatoria del pleno. ¿Por qué? Porque Martínez Tristán pretende quitar la jurisdicción sobre el recurso de reposición de la Comunidad de Madrid a la sección que resolvió paralizar la privatización. Los magistrados que se oponen a ello sostienen que está en juego el derecho constitucional al juez natural predeterminado por ley.

La representación del juez natural, señalan, es la sección tercera de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid.

El auto de la sala de lo Contencioso del TSJ de Madrid en la que se describen los resultados del Pleno lleva fecha del 4 de noviembre de 2013, el lunes siguiente a la reunión. Esta tuvo lugar, como se ha apuntado, el jueves 31 de octubre.

Aunque participaron en él cuarenta y cinco magistrados nada trascendió sobre lo que allí pasó hasta que la Cadena Ser informó sobre las deliberaciones, el lunes 11 de noviembre. El hermetismo ha sido total.

Tras conocer la información de la Cadena Ser, los letrados que representan a AFEM acudieron, la semana pasada, a la sala de lo Contencioso del TSJ de Madrid para conocer lo que ocurrió en el pleno. El hermetismo seguía vigente. Aún cuando ya había un auto desde hacía una semana, no se les notificó. Hasta ayer, miércoles 20 de noviembre.