Mucho odio, siete sentencias y doce años de pleito (y lo que queda...)
La batalla judicial de dos familias sevillanas enfrenta a la Audiencia y al Tribunal Supremo
En la localidad sevillana de las Cabezas de San Juan (16.500 habitantes), quienes oyen la versión de la familia Campos, se la creen, y los que oyen la de los García, también. Nadie tiene claro quién miente, ni siquiera la justicia, que lleva dictadas siete sentencias sobre este asunto (algo casi inédito). Cuatro la Audiencia de Sevilla y tres el Supremo, en un proceso que dura ya doce años (y lo que le queda...). La compraventa de una de las mejores fincas de la comarca (73 hectáreas de regadío ricas en remolacha y algodón) es el origen del odio que enfrenta desde 2002 a ambas familias, antes amigas.
Tres de las siete sentencias que ha consumido hasta el momento este pleito (las dictadas en Sevilla) han sido sucesivamente anuladas por el Supremo, que no desperdicia calificativos al tumbarlas: por “rigurosamente opacas”; por “una apresurada y poco precisa valoración” de la prueba; por dar “como hecho probado” lo que el propio tribunal reconoce que como “no probado”... Los varapalos del Supremo han sido contestados por los jueces de Sevilla.
Un polémico documento privado con firmas falsas es la fuente del conflicto que trae por la calle de la amargura a las familias Campos y García.
Los hechos se remontan a 2002, cuando Juan Campos, acuciado por sus deudas con el banco y viendo peligrar su finca, decide venderla in extremis a su amigo Francisco García, de 55 años, empresario y agricultor de la zona. El pleito ha superado a Juan, que murió en agosto de 2011, tras diez años de pleito y dos después del juicio. Sus hijos le han relevado en la contienda.
Pero todo sigue como hace doce años y las incógnitas continúan en el aire: ¿Es auténtico o falso el documento privado que ha aportado la familia Campos y que revela que el precio real de la venta fue de 2,7 millones de euros y no los 1,2 que figura en la escritura? ¿Y si es falso, cómo se explica que al pie de la tercera hoja del citado documento figuren las firmas falsificadas de los García hechas de puño y letra por uno de sus miembros? ¿Dieron los García un cambiazo al documento privado aprovechando un descuido de Juan? ¿O fue el entorno de Juan, como sostienen los García, el que falsificó ese papel consciente de que habían malvendido la finca y para sacar a posteriori más dinero del acordado?
Resoluciones de ida y vuelta
Cuatro de los 12 años que lleva el pleito que mantienen las familias Campos y García del municipio sevillano de Las Cabezas de San Juan, han transcurrido en el ir y venir de sentencias entre la Audiencia de Sevilla y la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Es decir, el tribunal sevillano absolvía de estafa, hurto y falsedad a los acusados de la familia García y luego el Supremo, en los recursos, ordenaba anular las sentencias (hasta tres, de momento) porque entendía que la Audiencia no las había motivado correctamente.
El tribunal sevillano reconoce en la cuarta sentencia que quizás una mala redacción y exposición de los hechos probados en las anteriores sentencia puede haber guiado las decisiones del alto tribunal. Y es que, en la primera sentencia, la Audiencia de Sevilla tocó al avispero de la discordia al afirmar por un lado que se había producido una falsedad en un documento privado y, aún así, no tomar ninguna medida penal contra quienes los peritos decían que era el autor de esa falsedad. En realidad, los jueces del tribunal hablaban de falsedad en la sentencia, pero luego enumeraban una retahíla de argumentos diciendo que la misma no estaba probada y que, además, era irrelevante. El Supremo dice que si, como establece la Audiencia de Sevilla, la falsedad existe, pues que extraiga las oportunas consecuencia penales para el autor. [U1]Al final ha sido condenado, pero sin querer los jueces.
Todo este lío ha llevado a la Audiencia de Sevilla, en la cuarta sentencia, dictada a comienzos de octubre, a condenar a seis meses de cárcel por falsedad a un hijo de Francisco García. Pero en la sentencia los jueces sevillanos advierten que condenan sin querer (“por imperativo” del Supremo). Entiende que no hay pruebas de que el citado documento de los Campos sea auténtico. “Si el Supremo no está de acuerdo, que revoque la sentencia y dicte otra, pero no que las anule y obligue a redactar otras que, en conciencia, no comparte el tribunal”, señalan fuentes jurídicas.
En el juicio, Juan acusó a su amigo de antaño de estafarle. Oficialmente, Juan vendió la finca, ante notario, por 1,2 millones de euros. Así consta en la escritura y a eso se agarra el comprador, Francisco García, para asegurar que fue este el precio pactado.
Los herederos de Juan sostienen que parte del dinero se pactó en B. Y que el citado documento privado, de 28 de noviembre de 2002, anterior a la escritura, así lo estipula: en total 2,7 millones de euros (450 millones de pesetas). “Se acordó una primera entrega de 200 millones y otra en negro, en plazos, de otros 250. Yo misma, y otros testigos, estaba allí cuando se hizo el documento privado”, sostiene Ángela, hija de Juan.
“Antes de morir, Juan confesó al tribunal en el juicio que tanto él como Francisco se quedaron con una copia del documento privado. Y que Francisco, que solía hacerles visitas en casa, aprovechó un descuido suyo y dio un cambiazo a los papeles. Es decir, se quedó con el documento original y le dejó una fotocopia con igual contenido pero con las firmas falsas.
Para los jueces de Sevilla, lo del cambiazo no tiene sentido. Si lo que pretendían los García es que Juan no tuviera el documento con el que reclamarles los 250 millones restantes, lo lógico habría sido robar el papel y romperlo, pues solo había dos copias. ¿Qué sentido tiene dar el cambiazo y mantener en el documento privado que el precio pactado eran 450 millones de pesetas? “Lo hicieron para que no pudiéramos reclamar ese dinero en la vía civil, al ser una fotocopia”, razonan los hijos de Juan. “Ese papel es falso, lo han hecho ellos para enmarañarlo todo”, sostiene Francisco García. Pero y si lo han hecho los Campos, ¿cómo llegó ese papel a las manos del hijo de los García que, según cuatro peritos, incluidos los de la Guardia Civil, falsificó las firmas que figuran al pie de la tercera hoja del documento? Ahí está el lío. La Audiencia de Sevilla ha dicho, en tres ocasiones, que no existió ese documento. Y el Supremo, basándose en informes periciales, dijo que sí existió, y que el autor de la falsedad es un García. Por eso ordena a Sevilla que extraiga consecuencias jurídicas de esa falsedad. Tres veces se resistió la Audiencia a condenar al hijo de Francisco. Ahora sí lo ha hecho, en la cuarta sentencia, “pero por imposición” del Supremo.
¿Cómo va a vender mi padre por 200 millones una finca que valía el triple; de hecho, él [Francisco] acaba de venderla por unos 600 millones”, señala Ángela. “Eso es mentira”, replica Francisco, “Juan me la vendió por 200 millones, porque el banco se las quitaba. Y yo las he vendido por unos 300 y pico millones, no por 600”, sostiene a EL PAÍS. La condena de seis meses de cárcel a su hijo le tiene muy enfadado. “¿Pero dónde se ha visto que se obligue a unos jueces a condenar contra su voluntad?”, dice.
Tras esta cuarta sentencia de Sevilla, la causa volverá de nuevo al Supremo, que dictará otra. Falta ver qué dirá. Ahora hay una condena por falsedad, pero no por estafa. Con lo cual unos y otros, siguen en tablas, tras haberse gastado cada parte en el pleito más de 100.000 euros. Y todo sigue en el aire. Si la nueva sentencia del Supremo no les satisface, los Campos tienen previsto ir a la vía civil, lo que puede durar otros cinco o seis años. Ángela Campos tiene claro que no se va a detener: “Poco antes de morir, mi padre me llamó aparte y me hizo prometer que no dejaría lo de la finca, que lucharía hasta el final. Y eso voy a hacer”.
