Tres tribunales aplicarán caso a caso la ‘sentencia Parot’ a los etarras

El etarra Juan Manuel Píriz López se convirtió ayer en el segundo preso de la banda terrorista ETA en abandonar la prisión en virtud de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que pone fin a la aplicación retroactiva de la doctrina Parot. La Audiencia Nacional hizo extensivo por primera vez el fallo del tribunal de Estrasburgo a un terrorista distinto de Inés del Río, la integrante del comando Madrid y autora de 24 asesinatos que consiguió que la corte europea aboliera el cómputo de los beneficios penitenciarios sobre el total de la condena impuesta, en lugar de sobre los 30 años de cumplimiento máximo previstos en el Código Penal de 1973, con el que fue condenada. El pleno ordinario de ayer que decretó la excarcelación inmediata de Píriz estaba compuesto por 16 magistrados. Solo uno de ellos, Ángel Hurtado, emitió un voto particular discrepante con la excarcelación.

Al menos otros 51 presos de ETA, algunos condenados a miles de años de cárcel, han recurrido ante la Audiencia Nacional para lograr la libertad o para que se adelante su fecha de salida de prisión tras la anulación de la doctrina Parot. Las previsibles excarcelaciones se producirán de forma individual y nunca en bloque, como se ha comprometido el Gobierno con las asociaciones de víctimas. Mientras, dos de los tres principales tribunales que tienen que decidir las próximas excarcelaciones (Audiencia y Constitucional) mantienen la confusión sobre cuál de ellos es el que debe decidir cómo aplicar la nueva doctrina de Estrasburgo. Cabe la posibilidad de que ambos tribunales tengan casos coincidentes, por lo que el Constitucional ha pedido a la Audiencia que le comunique la situación procesal en la que se encuentran los 23 reclusos que están pendientes de resolución en el tribunal de garantías constitucionales. Sin embargo, la Audiencia, antes de responder, ya ha decidido que solo resolverá directamente aquellos casos que no hayan apelado ni al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional, y deja en manos de estos órganos superiores la solución sobre quienes hayan recurrido a ellos. Aun así, una vez decidida la pertinencia de la excarcelación, el Constitucional devolverá el caso a la Audiencia Nacional para que ejecute la puesta en libertad.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por Fernando Grande-Marlaska decidió, además, reunirse cada viernes a partir del próximo 8 de noviembre para resolver sus recursos de presos afectados por la doctrina Parot. Los jueces han pedido a la fiscalía que se pronuncie sobre cada caso en el plazo de tres días. El ministerio público pretende reclamar a Instituciones Penitenciarias informes actualizados de cada preso, lo que previsiblemente retrase las resoluciones.

Por su parte, el Supremo, que tiene pendientes otros seis casos, analizará la sentencia de Estrasburgo y su alcance el próximo 12 de noviembre. Los tribunales no han informado de cuántos etarras tienen pendientes recursos en más de una jurisdicción. El Gobierno informó al tribunal europeo que eran 93 los presos de ETA que están afectados por la doctrina Parot, anulada el pasado lunes.

En el pleno ordinario de ayer, la Sala de lo Penal de la Audiencia tenía previsto resolver el recurso de la también etarra Josefa Ernaga, condenada a 794 años de prisión por la masacre del Hipercor de Barcelona en julio de 1987, en la que murieron 21 personas. Sin embargo, su caso quedó en suspenso hasta el pleno del 8 de noviembre. En cualquier caso, Ernaga no habrá abonado su condena hasta diciembre de 2014. La doctrina Parot retrasaría su salida hasta el 27 de agosto de 2017.

El excarcelado, Juan Manuel Píriz, de 51 años y que ha pasado 29 años y ocho meses en la cárcel por el asesinato del exmilitante de ETA Mikel Solaun, fue detenido en Barakaldo el 17 de febrero de 1984, once días después del crimen. Desde entonces, el etarra ha permanecido encarcelado. Con los beneficios penitenciarios correctamente aplicados, su fecha de salida de prisión era marzo de 2009. Píriz sale de prisión apenas cuatro meses antes de haber cumplido el tope de 30 años que recogía el Código Penal de 1973.

La excarcelación de este terrorista era inevitable: si no se hubiera tenido en cuenta la sentencia de Estrasburgo, los magistrados habrían debido aplicar la jurisprudencia del Constitucional dictada en 2012. Esta establece que la doctrina Parot no se puede imponer a aquellos presos que ya tuvieran fijada, por parte de un tribunal, una fecha de salida de prisión sobre la base de los 30 años de cumplimiento máximo. Ese era el caso de Juan Manuel Píriz.