El PP recurre el fallo del ‘caso Faisán’ por la absolución de colaboración con ETA

El Partido Popular no ceja en su empeño de que los dos policías condenados por revelación de secretos en el caso Faisán —el chivatazo policial que frustró una operación contra el aparato de extorsión de ETA en mayo de 2004— sean también condenados por colaboración con organización terrorista. El partido de Mariano Rajoy presentó ayer un recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Nacional que impuso una pena de un año y medio de prisión y cuatro de inhabilitación al exjefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés y al inspector José María Ballesteros.

La petición del PP coincide con la del resto de acusaciones populares en la causa, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la asociación Dignidad y Justicia. Los dos agentes también han recurrido ante el alto tribunal, pero en sentido completamente opuesto: para lograr su absolución por “infracción de preceptos constitucionales”. Por su parte, la Fiscalía no ha recurrido el fallo, pese a que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, empeñado desde el principio en acusar a Pamiés y Ballesteros de colaboración con ETA, afirmó que el ministerio público estudiaba la posibilidad de apelar en casación.

En su escrito, el PP sostiene que la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, presidida por Alfonso Guevara, “no es ajustada a derecho”. Según los letrados de la formación conservadora, el tribunal, a la hora de valorar los hechos probados “ha incurrido en una infracción de Ley, infringiendo normas penales de carácter sustantivo”. En su escrito de acusación, el PP reclamaba una pena de ocho años y medio de cárcel para Pamiés y siete años y medio para Ballesteros por revelación de secretos y colaboración con banda armada.

Ayer, el exministro del Interior y eurodiputado del PP Jaime Mayor Oreja, un referente para las asociaciones de víctimas, aseguró que la sentencia de la Audiencia sobre el caso Faisán y la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que deroga la llamada doctrina Parot y facilita la excarcelación de presos históricos etarras “forman parte de un mismo proceso”.

Por su parte, la defensa del comisario Pamiés, encargada a la abogada María Ponte, anunció su recurso de casación “por infracción de Ley, por error en la apreciación de la prueba y por infracción de preceptos constitucionales”. En su escrito, la letrada sostiene que en el proceso seguido en la Audiencia Nacional se ha vulnerado “claramente” el derecho de su cliente a la presunción de inocencia y el derecho a un proceso con garantías. Ponte se queja de que la principal prueba de cargo —la grabación en la que el dueño de bar Faisán de Irún, Joseba Elosua, comentaba con su yerno, Carmelo Luquin, que un policía le había advertido que ese día el recaudador etarra José Luis Cau Aldanur no debía cruzar la frontera desde Francia porque sería detenido— “se ha incorporado a la causa vulnerando el derecho a un proceso con garantías”.

La abogada considera que también se ha lesionado el derecho de su cliente a un juez imparcial, y que la sentencia no resuelve sobre los puntos planteados por las partes y “no contesta a todos los puntos que han sido objeto de defensa”. La letrada de los funcionarios policiales habla asimismo de un “quebrantamiento de forma” por el hecho de que el presidente del tribunal rechazó numerosas de sus preguntas, así como el planteamiento de cuestiones previas y la impugnación de pruebas documentales.