El choque entre la juez Alaya y los sindicatos en seis claves

La juez Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE, ha disparado contra los sindicatos desde la pasada primavera en diferentes momentos. Pero la bala más dañina ha sido la detención esta semana de dos dirigentes y la inminente imputación de seis sindicalistas, avanzada ayer, por su intermediación en los expedientes de regulación de empleo. Las respuestas clave sobre estos cobros procedentes de las sobrecomisiones que pagó la Junta de Andalucía en los ERE dejan claro que la visión de Alaya y el alegato de los sindicatos son radicalmente opuestos.

» ¿De qué están acusados los dirigentes sindicales detenidos? Se desconoce de momento. Las pruebas que la investigación atesora contra el secretario general de UGT en Cádiz, Salvador Mera, y el exsecretario de Desarrollo Industrial en CC OO Andalucía, Roberto Carmona, trascenderán previsiblemente hoy cuando declaren ante la juez. Alaya sospecha que ambos exigieron para su sindicato el cobro de 160.000 euros en el ERE de la minería de Huelva. Según declaró Mera a la Guardia Civil el pasado enero, este dinero era para cubrir “los numerosos gastos en viajes, manifestaciones, concentraciones y asambleas”. Esta cantidad se negoció con la consultora Uniter al margen del 0,5% que percibían los sindicatos por su papel en la negociación del ERE.

» ¿Por qué tilda Alaya el cobro de UGT y CC OO de comisiones ilegales? La magistrada censura a los sindicatos por contribuir “al saqueo de las arcas andaluzas” cuando facturaron el 0,5% del coste del ERE, un dinero que provino de las subvenciones aportadas por la Junta. Alaya critica que justificaran su trabajo “de forma tan peregrina como la toma de datos, que poco interés podía tener para la consultora, pues luego debía repetirse por su carácter parcial o incompleto”. Alaya censura que las centrales cobraran solo por dar “información privilegiada”.

» ¿Qué alegan los sindicatos? Las centrales aducen que en todos los ERE de grandes empresas del país han cobrado una comisión por su papel, necesario para alcanzar un acuerdo que palie los despidos masivos. Y durante las últimas décadas las empresas han pagado este porcentaje a los sindicatos, lo que demuestra su legalidad, según las centrales. La diferencia en este caso es que la pagadora ha sido la Junta de Andalucía. “El problema en la Faja Pirítica de Huelva es que las empresas estaban desaparecidas y alguien debía asumir los costes”, explican fuentes de UGT. Los técnicos de los sindicatos realizan los cálculos actuariales para determinar las cantidades que cada trabajador prejubilado debe percibir, además de las fórmulas de pago idóneas para las prejubilaciones. “No nos fiamos de los cálculos de las empresas y por eso llevamos nuestros actuarios”, ejemplifican estas fuentes.

» ¿Por qué hay discrepancia con la cantidad cobrada? Alaya sostiene que las consultoras Uniter y Vitalia junto al bufete Estudios Jurídicos Villasís —que medió en numerosos ERE— abonaron a los sindicatos 7,6 millones en comisiones a lo largo de una década (2001-2010). Los “pagos periódicos” no responderían a ningún concepto “definitivo y efectivamente soportado” porque no había servicios que los justificara, según la juez. Los sindicatos rechazan frontalmente la tesis judicial y alegan que la cifra de 7,6 millones abarca todos los pagos de ambas consultoras por los ERE realizados en todo el país, según establece su contabilidad interna. Los cobros de los sindicatos por asesorar en los ERE se fijaron mediante acuerdos verbales y no existieron presupuestos detallados de sus servicios.

» ¿Qué papel ha jugado Anticorrupción en los cobros de los sindicatos? Los fiscales del caso son más cautos que Alaya y no se han pronunciado sobre el fondo de la cuestión. Eso sí, han reclamado a los sindicatos que aporten la “justificación documental de los servicios (...) de forma detallada —factura a factura, con indicación de los trabajos (duración, lugar, periodo) y personal empleado—”, para determinar si hubo fraude o no.

» ¿Qué ocurrió con la investigación interna de CC OO? Hace seis meses Comisiones Obreras anunció una investigación interna para aclarar las acusaciones por comisiones ilegales en los ERE. Aún no hay señales de que las conclusiones estén próximas. En 2009 se promovió desde la sección de Textil y Químicas (Fiteqa) de Málaga una investigación para acabar con irregularidades de intrusos detectados en las pólizas. Sin embargo, la dirección regional de CC OO frenó las pesquisas sin ofrecer resultado alguno.