Ingeniería jurídica "a la valenciana"

Si se lee el auto, he aquí la conclusión obvia: no, no lo es.

Añade: "No podemos negar que allí se nos relatan unos hechos que a priori parecen presentar una claros indicios delictivos, ya que de un lado por lo que se refiere a las ediciones del evento conocido como “Valencia Summit”, como resulta de las declaraciones de las personas que intervinieron en su tramitación dentro de la entidad CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS, S.A. (en adelante CACSA), la negociación o el expediente de contratación de las tres ediciones celebradas se limitó a transcribir el borrador de convenio facilitado por el Instituto Noos a papel con membrete de la entidad CACSA, sin realizar ningún estudio previo sobre su repercusión, trascendencia y valor, salvo quizá la incorporación de sendos ambiguos, vagos e imprecisos informes jurídicos, cuyas fechas es incluso discutible que coincidan con una valoración o estudio previo, dando la impresión, como se dice en la exposición razonada, de que sencillamente se elaboraron con el fin de vestir a posteriori el expediente. Lo que desemboca finalmente en que nuestras instituciones públicas efectuaran un importante desembolso económico, superior a un millón de euros por edición, en pago de un servicio cuyo valor real y utilidad es profundamente discutible. De manera similar a lo que ocurre en el marco de la FUNDACION TURISMO VALENCIANA CONVENTION BUREAU (en adelante FTVCB), que ante la propuesta cerrada que efectúa CACSA, haciendo honor a un no bien definido convenio de colaboración lo aprueba su patronato, abonando la mitad de dicho importe.

Conntinúa el auto: "Como igualmente ocurriría con el convenio suscrito con objeto, no solo de lograr la celebración de una competición deportiva ámbito europeo con reconocimiento oficial, sino que además tuviera por sede nuestra comunidad. Para lo cual el Instituto Noos recibe una subvención de 3.000.000 €, que le serian entregados previa justificación del gasto, de los que tras lo que se nos presenta como un control superficial de las facturas aportadas, únicamente se le entrega una cantidad cercana a su 10% , al recibir efectivamente una cantidad ligeramente superior a los 380.000 €, siéndole rechazadas la totalidad de las restantes partidas, por no quedar justificadas, por no corresponder a ese proyecto, o por aparecer duplicadas, entre otros motivos, e incluso tras la más amplia investigación llevada a cabo por el instructor, puede incluso cuestionarse hasta qué punto ese 10% también responda a unos trabajos reales, ya que no podemos dejar de mencionar, como relata la exposición, el nulo valor del expediente o informe elaborado, integrado por lo visto en su mayoría por documentos carentes de cualquier utilidad o trascendencia, el cual incluso pudiera haber quedado perdido en algún despacho o archivo no bien definido sin abrir."

 El auto admite: "Por lo que indudablemente existen una serie de conductas que claramente puedan revestir los caracteres de delito, pero no olvidemos que como hemos señalado en el anterior fundamento, eso no nos puede bastar, sino que a la par ha de quedar justificado un principio de prueba que permita detectar suficientes indicios como para afirmar que, precisamente, los aforados han tenido una participación personal y directa en ellos. No debiendo olvidar tampoco, que no estamos hablando de falta de diligencia, de visión, de precipitación, sino de responsabilidad criminal, que en cuanto tal exige que pueda ser aislada una conducta directamente imputable a cada uno de los hoy puestos en entredicho, que de forma directa y voluntaria haya supuesto la realización de la acción penalmente reprobable, que es lo único que justificaría nuestra intervención, estando en caso contrario especialmente llamados a su persecución los órganos jurisdiccionales ordinarios, y particularmente el que ahora nos remite la exposición razonada ahora valorada".

Cuando se analiza la conducta del ex president Francisco Camps, el auto señala: "Por lo que puede, y no lo negamos, que la iniciativa fuera del Sr. Camps, como una decisión política más, siguiendo a partir de su aprobación su curso administrativo correspondiente. Pudiendo ser esa decisión quizá criticable, pero desde luego con los indicios que se expresan en la exposición razonada no podemos, al menos en este momento, entenderla penalmente reprobable, y menos aun podremos afirmar que existiera algún tipo de pacto o acuerdo, o siquiera propósito deliberado, de enriquecer de forma totalmente injustificada al Sr. Urdangarin y a sus socios a través de este mecanismo".

Y antes de pasar a rechazar la imputación, el auto repite: "No siendo bastante con que aparezcan unos hechos que puedan revestir los caracteres de delito, ni que de una manera más o menos amplia puedan tener alguna relación o conexión con una persona aforada, sino que además es necesario que de la exposición razonada, sobre la base de lo actuado en la causa, se deduzca algún principio de prueba que permita afirmar su participación directa y voluntaria en los hechos, lo que como ya hemos visto, por el momento en el estado procesal que se encuentran las actuaciones no consta".