PP y PSOE aparcan diferencias para negociar un nuevo Poder Judicial

PP y PSOE se dieron el pasado miércoles un plazo de 15 días para negociar la composición del nuevo Consejo del Poder Judicial (el órgano de gobierno del tercer poder del Estado). Tras la ruptura de relaciones con el Gobierno por el caso Bárcenas, el PSOE parece dispuesto a dar una tregua en este asunto y negociar, pero siempre y cuando el PP no actúe como apisonadora y acceda a constituir un “Poder Judicial plural”. El mecanismo de elección del próximo Consejo es distinto a los anteriores.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha modificado la Ley Orgánica del Poder Judicial con la intención de restar protagonismo a las asociaciones judiciales en la formación del Consejo y abrir la puerta a los jueces no asociados, los eternamente ninguneados por los grandes partidos. La nueva norma ha permitido que, en esta ocasión, haya un total de 55 candidatos a 12 puestos de vocales y que un 32% de ellos no pertenezcan a ninguna asociación. No obstante, la nueva normativa no garantiza per se la pluralidad, según fuentes judiciales. Al final siguen siendo los dos grandes partidos, PP y PSOE, que suman los tres quintos de cada cámara necesarios para sacar adelante los nombramientos, los que tienen la posibilidad de pactar y unir sus votos para elegir a los nuevos vocales (a los que ellos quieran de entre los 55 candidatos, en los que hay jueces de las distintas sensibilidades).

Y está por ver si el nuevo Consejo será plural o si los grandes partidos se inclinarán, como siempre han hecho, por los asociados a la conservadora APM o la progresista JpD. Los jueces no asociados suman más de la mitad de los alrededor de 5.234 profesionales que hay en España. Durante el mandato del nuevo Consejo se van a sustanciar y juzgar en los tribunales graves casos de corrupción que afectan al PP (casos Gürtel y Bárcenas) y al PSOE (el de los ERE de Andalucía).

Para elegir a los vocales (el Congreso tiene que nombrar a 10, seis judiciales y cuatro juristas de reconocido prestigio, y el Senado lo mismo), es necesario el voto de los tres quintos de cada cámara, lo que obliga a PP y PSOE a pactar. Al menos, ahora, en el Congreso, pero no en el Senado, donde el PP sí aglutina ahora esa proporción de votos. A diferencia de la anterior normativa, en el que las asociaciones judiciales eran las que tenían la mayor fuerza para proponer a los candidatos, la nueva ley permite que cualquier juez que logre reunir 25 avales, esté o no asociado, pueda ser candidato. Pero ahora, como antes, tienen que pasar por la criba de los grandes partidos.

En los últimos Consejos, ha habido explícitos repartos de vocales entre PP y PSOE, que los extraían de las listas que ofrecían sus asociaciones afines. Solían dejar a los nacionalistas, CiU y PNV, que eligiesen un vocal cada uno. Pero los no asociados quedaban marginados porque las asociaciones judiciales presentaban a los suyos.

Tres de las cuatro asociaciones judiciales (Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente) se han opuesto, incluso con huelgas, a la nueva ley y también se han negado a ofrecer candidatos. Solo la mayoritaria y conservadora APM ha señalado a 12 jueces como candidatos, lo que les ha eximido de tener que buscar avales. Las otras asociaciones no han señalado a ningún candidato, aunque ello no ha evitado que algunos de sus asociados concurran con sus avales.

Las asociaciones que rechazan la nueva normativa entienden que el cambio legal acometido por el PP es inconstitucional. Quieren que el alto tribunal se pronuncie sobre la validez de esta norma, pero solo el PSOE, que dispone de más de 50 diputados, puede presentar un recurso en ese sentido. Los socialistas han amagado con hacerlo aunque “la decisión no está tomada aún”, explica el portavoz de Justicia del PSOE en el Congreso, Julio Villarrubia. Quienes apuestan por recurrir esta ley ante el Constitucional, alegan que no cabe negociar nada con el PP dada la actual ruptura de relaciones entre el PSOE y el Gobierno de Rajoy por la ausencia de explicaciones en el caso Bárcenas. Sin embargo, hay un sector del PSOE, en el que se incluye la cúpula del partido, que sí es partidario de negociar la renovación ante el miedo de que el PP active el as que tiene en el Senado y designe un Poder Judicial monocolor.

El PP introdujo una norma, hecha a su medida a sabiendas de que dispone de los tres quintos en el Senado, que le faculta para nombrar a los diez vocales que corresponde elegir a esta cámara si expira el plazo de renovación del Consejo y los partidos no se han puesto de acuerdo para renovarlo.

La ley establece que los otros diez vocales deben salir del Congreso. En la Cámara baja el PP si necesita al PSOE para obtener la mayoría necesaria. Si no hay acuerdo, el PP podría cubrir los diez vocales del Senado a su gusto y los del Congreso se cubrirían prorrogando en sus cargos a los diez vocales del actual Consejo nombrados hace cinco años. Pero tanto en el PP como en el PSOE no quieren prorrogar el mandato del actual Consejo, y menos aun que sigan en este órgano algunos de sus actuales integrantes. El PP se conformaría, según fuentes de este partido, con nombrar al menos diez vocales en este nuevo Consejo, dando por hecho que también será de su cuerda el presidente (que lo eligen los 20 vocales), con lo que tendría once consejeros (mayoría absoluta). Esta mayoría le permitiría nombrar a los altos cargos de la justicia de los próximos cinco años y decidir las grandes cuestiones que llegan al Consejo (otra de sus labores es emitir informes, no vinculantes, sobre nuevas leyes).

El portavoz socialista Villarrubia avanza que si el PP activa la cláusula del Senado “sería un escándalo” y “una ocupación política de la derecha del tercer poder del Estado”. Por eso el PSOE entiende que esa cláusula es inconstitucional. El PP también es consciente del enorme desgaste que le supondría activar la cláusula del Senado y copar el Consejo con hombres de su cuerda. Y también busca cierto pluralismo: no tendría inconveniente en que CiU y PNV nombren cada uno a un vocal y que el PSOE designe a ocho y negocie alguno de ellos con IU. Ahora, las miradas están puestas en ver si servirá de algo el cambio normativo que ha abierto la puerta a los jueces no asociados, o si estamos ante una reedición del gatopardismo.