El ‘caso Bárcenas’ frustra un pacto de PP y PSOE sobre transparencia y corrupción

El caso Bárcenas, y especialmente la respuesta que el Gobierno y el PP dan a ese escándalo, ha impedido el acuerdo de los dos grandes partidos sobre la Ley de Transparencia y dificulta un futuro consenso sobre nuevas medidas contra la corrupción. Al menos, esa fue la excusa que el PSOE dio ayer en el Congreso para no apoyar la ley en su último trámite en la Cámara baja.

La norma emblemática del Gobierno del PP irá ahora al Senado, tras un largo trámite en el Congreso que incluyó comparecencias de expertos y enmiendas pactadas que han transformado casi totalmente el proyecto inicial. El Gobierno pretende que entre el vigor el 1 de enero de 2014. Se aplicará a la Casa del Rey, a sindicatos y partidos, a las iglesias y a las entidades que reciban el 50% de sus presupuestos en subvenciones públicas. Su cumplimiento será controlado por un consejo que se crea con la ley.

La ley de Transparencia obligará a las administraciones y entidades afectadas a publicar todos sus datos y a responder a todas las preguntas de los ciudadanos sobre su funcionamiento. Se creará una web de transparencia y podrá ser sancionada la entidad si no permite el acceso a sus datos.

El Gobierno aprobará el día 20 la propuesta de acuerdo de regeneración

Ayer recibió el voto favorable de PP, CiU y PNV y el contrario de PSOE, UPyD, Izquierda Plural, ERC, Amaiur, BNG, Compromís-Equo y Geroa Bai.

El portavoz del grupo socialista, José Enrique Serrano, se refirió expresamente en su intervención a la mejora notable del proyecto inicial, a su casi acuerdo con el texto resultante, pero también al hecho de que mientras se tramita, el PP frena en la Cámara todas las iniciativas para que el presidente del Gobierno comparezca y aclare el caso Bárcenas.

El portavoz del PP Esteban González Pons entró en ese debate para asegurar que no hay encaje legal a las interpelaciones al presidente del Gobierno, e instó a la oposición a acudir a la moción de censura, único instrumento legal para exigir responsabilidades políticas a un presidente. “Dentro de unos años no podrán explicar por qué votaron en contra de la transparencia y por qué se situaron en el rincón oscuro del Congreso”, reprochó González Pons a los socialistas.

Poco después, el presidente del Congreso, Jesús Posada, modificó ligeramente su posición y aceptó tramitar una petición de IU para interpelar el próximo miércoles al Ejecutivo sobre la corrupción. En manos del Gobierno queda quién responde a la interpelación, que dará lugar a debate y votación, una semana después, de una moción en la que se le exigirán responsabilidades a Rajoy.

El diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán recordó que el PP acaba de invocar la protección de sus datos para justificar “la destrucción de los ordenadores de Bárcenas”. Votaron en contra PSOE, UPyD, Izquierda Plural y Grupo Mixto.

En su mayoría argumentaron que la ley, pese a los cambios, sigue siendo insuficiente y protege en exceso a instituciones como la Casa del Rey y el Tribunal Constitucional, entre otras.

El escollo del caso Bárcenas corre también el riesgo de arruinar la idea del Gobierno de impulsar un pacto contra la corrupción. El próximo viernes 20 de septiembre el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar un informe con un catálogo de medidas propuestas por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que incluyen un estatuto del cargo público, reformas del Código Penal, obligación de los tesoreros de los partidos a comparecer en el Congreso y reforzamiento del Tribunal de Cuentas, entre otras.

Con ese informe, el Gobierno —previsiblemente la propia vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría— convocará a los portavoces de los grupos, uno a uno, para intentar alcanzar un acuerdo contra la corrupción. El PSOE presentó hace dos semanas sus propuestas, que en algunos casos son coincidentes con las del Gobierno.

Luego deberán tramitarse cada una de las leyes, pero según la previsión del Gobierno no entrarían en vigor antes de finales de 2014 en el mejor de los casos.