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La exministra Magdalena Álvarez alega “indefensión” en el ‘caso ERE’

La exconsejera andaluza pide a la Audiencia la nulidad de su imputación

El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves, en el centro, ayer en el Congreso.

La exministra y exconsejera andaluza Magdalena Álvarez alega que el auto del pasado 28 de junio en el que la juez Mercedes Alaya le imputó en el caso de los ERE le deja en situación de “indefensión”. En el recurso presentado ante la Audiencia de Sevilla, el abogado de Álvarez, Horacio Oliva, se queja de que la juez la impute sin concretar qué delitos le atribuye y sin que de los hechos que Alaya relata en su auto pueda deducirse ningún indicio de delito.

Esta situación, según el letrado, vulnera el derecho de la exministra a la tutela judicial efectiva. El abogado rechaza además que la mera utilización por parte de la Junta andaluza de la figura de las transferencias de financiación para conceder las ayudas de los ERE vulnere la legalidad, como ha argumentado Alaya durante la instrucción de la causa.

La juez remitió ayer a las partes el recurso de Álvarez, a la que Alaya imputó junto a otros 17 altos y exaltos cargos de la Junta y dos funcionarios de la Administración autonómica. En el caso de la exministra, que fue consejera de Hacienda entre 1994 y 2004, la señala como responsable de una orden dictada en junio de 2003 por la que se reguló el uso de las transferencias de financiación, el procedimiento por el que se daban las ayudas a las empresas en crisis y que, según Alaya, se diseñó para sortear los controles de la intervención general.

Según la juez, Álvarez pudo cometer malversación y prevaricación, los mismos delitos de los que ve “cierta carga incriminatoria” en los siete ex altos cargos a los que señaló en el auto hecho público el pasado martes, incluidos los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Oliva afirma en su escrito que ambos delitos habrían prescrito, ya que Álvarez dejó la Junta andaluza en 2004.

La “indefensión” que el abogado de Álvarez cree que genera en la exministra su imputación sin saber de qué se le acusa merece ya de por sí, según el letrado, la nulidad del auto. Pero Oliva sostiene, además, que no hubo delito porque las transferencias de financiación que reguló Álvarez son una “herramienta habitual y esencial” en la financiación de las empresas públicas, no solo de la Junta de Andalucía, sino de “otras muchas comunidades autónomas”. Esta figura de financiación ya venía utilizándose en la Administración andaluza y la orden que dictó la exconsejera de Hacienda, advierte su abogado, no la introduce como una novedad, sino que se limita a establecer una regulación específica para facilitar su “seguimiento y control”.

El abogado admite que el uso de esta figura presupuestaria para financiar un programa de ayudas sociolaborales puede resultar “controvertido”. Asume el letrado que el empleo de las transferencias de financiación pueda ser materia de discusión “técnico-presupuestaria” e incluso que en este debate algunos pudieran considerar “inadecuado” este procedimiento, pero rechaza que de ahí pueda concluirse que el mecanismo era “ilegal” y que quienes lo autorizaron estuvieran cometiendo un delito.

“Es la ley la que determina la legalidad del uso dado a las transferencias de financiación, por lo que resultaría lógicamente incongruente calificar como ilegal lo que la ley avala”, señala el abogado. Y Oliva entiende que, si no hay ilegalidad, tampoco puede haber indicio de delito de la exministra.

En cualquier caso, el letrado cree que si la juez insiste en considerar ilegal el procedimiento empleado por la Junta e incluso en considerar que los que lo permitieron incurrieron en un delito de prevaricación, esta culpa nunca podría recaer en la exministra, porque sus competencias como consejera de Hacienda se limitaban a confeccionar los presupuestos y establecer el límite de gasto de las demás consejerías, pero no le correspondía a ella controlar a qué destinaba cada departamento el dinero que se le había asignado. En el caso de la partida en la que se originó el fraude de los ERE, este control debió ejercerlo, según el abogado, la Consejería de Empleo cuyo titular en ese periodo era José Antonio Viera, uno de los aforados señalados esta semana por Alaya en el auto en el que también abre la puerta a la imputación de Chaves y Griñán.

El nuevo Gobierno andaluz no quiso ayer pronunciarse sobre ese auto. El Ejecutivo que preside Susana Díaz celebró su primer Consejo de Gobierno con la obsesión de marcar distancias con el fraude de los ERE una vez que todos los señalados por Alaya están ya fuera de la Junta. Los responsables del Gobierno intentaron pasar de puntillas por el auto. En una entrevista en Canal Sur Radio, Díaz se limitó a defender la “honorabilidad” de sus dos antecesores en el cargo y a destacar que en el auto “no aparece ninguna imputación” concreta contra ellos. “Cuando las haya, las valoraré”, dijo Díaz.