El PSOE pide a Ruz que investigue quién del PP vació los ordenadores de Bárcenas

La intención declarada del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de no dejarse “distraer” por los escándalos de corrupción en la lucha contra la crisis económica no encuentra eco en la realidad. La decisión del PP de borrar y destruir los discos duros de dos ordenadores asignados al extesorero del partido y que supuestamente se custodiaban en Génova 13, impidiendo al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz analizar su contenido, comienza a volverse en contra de los dirigentes conservadores. Además, las declaraciones ante el magistrado del exgerente popular Cristóbal Páez, que admitió como testigo haber cobrado 12.000 euros con cargo a donativos no declarados por el partido, ha reforzado la veracidad de los papeles de Bárcenas —la contabilidad secreta del PP— y proporcionado nueva munición a la oposición.

La destrucción de las memorias informáticas, que, según la defensa de Bárcenas, contenía datos “muy importantes” para la investigación, no solo ha mantenido candente la causa sobre las finanzas del PP en los días finales de agosto, los más lánguidos del año en lo político. La actuación amenaza también con tener consecuencias judiciales.

Las acusaciones populares personadas en la causa entienden que el borrado de los discos duros supone un intento de obstrucción a la justicia mediante destrucción de pruebas y comienzan a pedir al juez Ruz que actúe en consecuencia. Ayer, el Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) registró un escrito en la Audiencia en el que pide al juez que requiera al PP para que identifique a la “persona responsable de ordenar la destrucción y borrado” de los discos duros y al “técnico o técnicos” que procedieron a inutilizar los dispositivos. Los socialistas solicitan a Ruz que cite a declarar como testigos a estas personas, así como al abogado Alberto Durán, que firmó el escrito en el que el PP anunciaba al juez el pasado 20 de agosto que se habían destruido las memorias informáticas en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos

El PSPV, cuyos abogados actúan en la causa en coordinación con la sede federal socialista de Ferraz, también reclama que se investigue si los ordenadores del PP están conectados entre sí. En tal caso piden que se aporte una copia de los documentos o correos generados por Luis Bárcenas y que debieran estar almacenados en el servidor principal de Génova 13. Además, pretenden que el partido informe si ha establecido algún tipo de procedimiento para la recuperación de los ficheros, como exige el reglamento que desarrolla la Ley Orgánica de Protección de Datos.

Otras acusaciones particulares, como la liderada por IU, también han anunciado estos días la intención de querellarse contra la cúpula del PP por la destrucción de los discos duros.

En su declaración como imputado del pasado 15 de julio, el extesorero Bárcenas aseguró que en marzo de 2010 entregó al presidente del PP Mariano Rajoy y a la secretaria general, Dolores de Cospedal, 25.000 euros a cada uno en billetes de 500 en un sobre marrón con su nombre. Este dinero correspondía, según él, a una entrega del gerente provincial de Pontevedra que tenía por objeto restituir un supuesto embargo de 160.000 euros practicado en las cuentas del PP nacional por una deuda de la delegación gallega. Los socialistas también pretenden que Ruz ahonde sobre esta cuestión.

En su escrito, el abogado de los socialistas, Virgilio Latorre, reclama al juez que cite como testigo al gerente regional del PP gallego y al del PP de Pontevedra y que rastree las anotaciones en la cuenta en la que supuestamente se produjo el embargo.