Rajoy rehúye la realidad de los papeles

Mariano Rajoy lanzó ayer sobre el caso Bárcenas un discurso de alto voltaje en lo político y absolutamente medido en lo judicial, hasta el punto de que algunos pasajes daban la impresión de estar redactados más por un abogado que por un equipo de asesores de comunicación, como es habitual. El presidente del Gobierno rehuyó las profundidades del sumario y los detalles sobre la contabilidad b del PP que han marcado la vida política desde enero; y optó por ofrecer a los diputados una “visión de conjunto” contra las “mentiras, manipulaciones e insinuaciones maliciosas” del extesorero Luis Bárcenas.

La panorámica trazada por Rajoy, con abundantes invocaciones a la presunción de inocencia, se resume en esta frase: “En el Partido Popular, ni se ha llevado una doble contabilidad, ni se oculta ningún delito”. Esta conclusión estaba sustentada en argumentos incompletos. En primer lugar, Rajoy dijo que “el único hecho cierto hasta ahora” es “el dinero que ha aparecido en las cuentas del señor Bárcenas en la banca suiza”. El jefe del Ejecutivo obvió el hecho de que varios de los dirigentes que figuran como receptores de fondos en la contabilidad paralela de Bárcenas, como el presidente del Senado, Pío García Escudero, o los políticos navarros Jaime Ignacio del Burgo o Calixto Ayesa, entre otros, han reconocido los pagos ante el juez Ruz. También pasó por alto que los 14 folios con las cuentas secretas de extesorero que publicó EL PAÍS el pasado 31 de enero y a los que se refirió despectivamente como “un renglón escrito al vuelo en un papel arrugado” han sido corroboradas por Bárcenas, por los peritos calígrafos de la Policía y por varios de los supuestos cobradores. Los próximos 13 y 14 de agosto, Ruz interrogará como testigos sobre esta contabilidad a la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, y a sus antecesores en el cargo Javier Arenas y Francisco Álvarez-Cascos.

El presidente prefirió poner el acento en la colaboración del Ejecutivo con la Justicia. Eso le llevó en algunos momentos a pronunciar ideas de una obviedad constitucional tan pura que, si se pusieran del revés, supondrían un escándalo similar al de los pagos en negro de 7,5 millones de euros entre 1990 y 2008 de empresarios de la construcción y los sobresueldos en negro a la cúpula de la formación conservadora.

Una de esas frases de normalidad legal es la siguiente: “Ni se ha producido, ni se está produciendo, ni se producirá ningún tipo de indicación, de sugerencia, o de presión, ni a la Administración de Justicia, ni a la Administración Tributaria, ni a la Policía Judicial, ni a ningún escalón administrativo que tenga algo que ver con este proceso”. O esta otra: “No se ha cambiado a ninguno de los responsables de la investigación del caso y la mejor prueba de ello es que las personas que representan al ministerio público son exactamente las mismas”.

La sustitución de las fiscales que han llevado desde el principio las pesquisas del caso Gürtel, ha sido, según distintas fuentes, una exigencia de Luis Bárcenas para no dejar al descubierto la supuesta financiación ilegal del PP. La fiscalía es un cuerpo jerárquico y que depende en en última instancia del Gobierno, que nombra y revoca al fiscal general del Estado. Sin embargo, la remoción de uno de sus miembros en una causa abierta no puede ser un acto discrecional: requiere una “resolución motivada” del superior jerárquico del sustituido y la comunicación al Consejo Fiscal.

“No se ha escuchado por nuestra parte ni una sola crítica, ni una sola queja sobre la acción de la justicia”, dijo ayer Rajoy. El Gobierno puede que no haya tratado de influir en la investigación del caso Bárcenas. Sin embargo, el PP sí que lo ha intentado. Desde fuera de la Audiencia Nacional, con manifestaciones como la de Carlos Floriano, que el pasado 24 de junio denunció que los casos Gürtel y Bárcenas suponen una “causa general contra el PP y sus dirigentes”. Y desde dentro de los juzgados, utilizando su personación en la causa como acusación popular para buscar con insistencia el archivo de la investigación contra Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias. Esta actuación fraudulenta llevó al magistrado instructor, Pablo Ruz, a expulsar al partido como acusador en ambas causas contra la corrupción.