Cinco meses de investigación arrítmica

Hasta dos meses después de que EL PAÍS publicara, el 31 de enero, los papeles de Bárcenas, la Audiencia Nacional no validó que uno de sus magistrados, Pablo Ruz, asumiera la investigación de la contabilidad manuscrita por el responsable de las cuentas del PP durante 20 años. “Contabilidad rocambolesca” o “papeles apócrifos” son algunos de los calificativos que usaron dirigentes populares para referirse a una documentación que EL PAÍS entregó a la Fiscalía Anticorrupción el 5 de febrero. Antes de eso, varios de los receptores que aparecen en los papeles ratificaron públicamente la veracidad de las anotaciones y distintas pruebas caligráficas confirmaron la autoría.

La investigación judicial tuvo un inicio alterado. Ruz comenzó sus pesquisas el 7 de marzo como una pieza separada del caso Gürtel, la macrocausa de corrupción vinculada al PP. Lo hizo después de que la policía determinara la existencia de cuatro correspondencias entre las personas, hechos y momentos recogidos en el sumario de Gürtel, abierto en 2008, y los papeles de Bárcenas.

Pero, por otro lado, otro juez, Javier Gómez Bermúdez, abrió otras diligencias (el 1 de marzo) tras una querella presentada por IU por las donaciones irregulares de numerosas empresas (algunas adjudicatarias de obra pública) y pagos a la cúpula del PP entre 1990 y 2008.

Finalmente, el 26 de marzo, la Audiencia otorgó la investigación a Ruz a instancias de la fiscalía. En ese tiempo de pugna judicial, la actitud del ministerio público distó considerablemente de los pasos urgentes dados por Bermúdez, que se adelantó en pedir al PP la relación de donaciones recibidas entre 2002 y 2009 por los empresarios que figuran en la contabilidad de Bárcenas, reclamó al Tribunal de Cuentas la “copia auténtica” de las declaraciones presentadas por el partido y a Hacienda que certificara todos los contratos de las sociedades de los empresarios supuestamente donantes para establecer si hubo una relación entre las donaciones con la adjudicación de obras y servicios.

Para entonces, las pesquisas desplegadas en el grueso de la trama Gürtel habían detectado la fortuna que el extesorero del PP había acumulado en Suiza, donde llegó a tener 47 millones de euros. Y Ruz decidió retirarle el pasaporte y obligarle a comparecer cada 15 días.

La contabilidad aportada por el PP permitió comprobar cómo en la documentación oficial se reflejaban, excepto uno, todos los ingresos procedentes de donaciones empresariales que el extesorero también recogió en su contabilidad manuscrita.

En los 12 días que Bermúdez tuvo en sus manos la investigación decidió imputar a los empresarios que aparecían en los papeles. En el caso de Ruz no fue hasta el 30 abril, tres meses después de publicarse los documentos manuscritos, cuando el juez decidió imputar a los supuestos donantes, que negaron los pagos al PP. También ha llamado a declarar a los dirigentes que aparecen como receptores de algunas de las partidas que apuntó Bárcenas y, tal como hicieron en un principio, admitieron haber recibido dinero del ahora extesorero. Sin embargo, poco esclarecedores fueron los interrogatorios a los empleados del PP que, en diferentes momentos, se han encargado de las cuentas populares.

Pablo Ruz tomó carrerilla en mayo, tras las conclusiones de un informe la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF): “Se observa una actuación persistente en el tiempo, consistente en transformar donaciones nominales por encima del límite legal en ingresos en la cuenta de donativos anónimos, dividiendo la cuantía en múltiples partes por valor inferior, con lo que es imposible verificar si se incumplen los límites máximos de aportación”. A partir de este, el juez empezó a pedir documentación y amplió la investigación de ocho a 30 empresas. Y ha reclamado información tanto al PP como a los empresarios que aparecen en los papeles.

El magistrado ha seguido la estela de la fiscalía en algunas ocasiones y apenas ha tomado la delantera en prácticamente ningún momento de la investigación. Ni Anticorrupción ni ninguna de las acusaciones han pedido que se realice un registro en el domicilio de Bárcenas ni en el despacho que el extesorero ocupó en la sede nacional del PP hasta que se publicaron los papeles y del que admitió haberse llevado nueve cajas con documentación. Bárcenas está en la cárcel porque así lo pidió la fiscalía. No por el dinero no declarado que, hasta hace una semana, ha podido mover en Suiza, sino por la evidente manipulación de pruebas diseñada por el extesorero para salvar a su esposa, Rosalía Iglesias, del delito fiscal que se le atribuye.