La presencia de un 20% de diputados imputados divide al PP valenciano

Las aguas bajan turbias en el PP valenciano. El partido que desde 1995 no ha dejado de acrecentar sus mayorías absolutas en la Comunidad Valenciana, ha perdido esta semana un diputado autonómico de los 55 que obtuvo en las elecciones autonómicas de 2011.

El exconsejero y exportavoz parlamentario Rafael Blasco, empujado por la dirección regional del PP, se ha visto obligado a solicitar la condición de diputado no adscrito en las Cortes Valencianas. La renuncia, que tiene su origen en un caso de corrupción, ha puesto de manifiesto la fractura de un grupo parlamentario que tiene imputados al 20% de sus miembros y que cuestiona la gestión del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ante los escándalos que azotan al PP valenciano.

Blasco está imputado en dos causas por tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental en relación con el desvío de 10 millones de euros de ayudas al Tercer Mundo.

Los indicios son de tal gravedad que la propia Abogacía de la Generalitat, personada en el denominado caso Cooperación, reclama para el exconsejero de Solidaridad y Ciudadanía 11 años de cárcel y 31 de inhabilitación.

Sin embargo, no ha sido la petición de pena de la Generalitat contra el exconsejero —que entre 1999 y 2011 formó ininterrumpidamente parte de distintos Gobiernos al frente de las carteras de Empleo, Bienestar Social, Territorio y Vivienda, Sanidad y, finalmente, Solidaridad y Ciudadanía— el detonante de su caída. Su salida se ha precipitado por desafiar la autoridad del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y de la dirección regional del PP, a los que llamó “melindres” en una entrevista en televisión por no aguantar la presión de la opinión pública y de la oposición ante los escándalos de corrupción.

El desafío, el segundo en menos de 15 días, obligó a Fabra a ordenar la apertura de un expediente disciplinario, que se resolvió el pasado día 22 con una suspensión cautelar de militancia y la inhabilitación para ocupar cargos de representación. La negativa de Blasco a renunciar al acta de diputado hizo que Fabra se viese obligado a convocar una reunión para que los diputados votasen a favor de la expulsión del exconsejero del Grupo Popular.

Con la batalla perdida, Blasco decidió pedir la condición de diputado no adscrito y evitar la expulsión. Una decisión, la de salir unas horas antes de que lo echasen, que ya había adoptado en 1989 en el PSOE, de donde tuvo que salir después de que el entonces presidente valenciano Joan Lerma lo destituyese por su implicación como consejero de Obras Públicas en un escándalo de recalificación de terrenos.

De todos modos, casi dos décadas de política en el PP le han valido a Blasco un gran número de afectos. Especialmente en el Grupo Popular de las Cortes Valencianas, donde hay seis imputados en causas relacionadas con el caso Gürtel —entre ellos dos exconsejeras de Turismo y un exvicepresidente que están a la espera de juicio oral—; además de la exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su antecesor Luis Díaz Alperi —que comparte bancada con su hija Elisa— imputados en el caso Brugal, relacionado con el amaño del plan de ordenación urbana a favor de un constructor; y de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el expresidente Francisco Camps, que esperan que el TSJ valenciano decida si los imputa por su implicación en el caso Nóos.

El presidente de la Generalitat no expulsará a otros cargos procesados

Buena parte de ellos, y otros muchos que no tienen problemas con la justicia como el presidente provincial de Valencia del PP, Alfonso Rus, han desfilado esta semana hacia el nuevo escaño de Blasco para demostrarle su afecto. Todo un desaire hacia Fabra, que insiste en pregonar que impulsa “a rajatabla una política de tolerancia cero” contra la corrupción.

De hecho, Fabra, desde que asumió el poder, ha destituido o apartado a más de 15 imputados en casos de corrupción del Gobierno valenciano y de la dirección regional del PP. Sin embargo, la contundencia exhibida hasta ahora se ha ralentizado en el grupo parlamentario, donde la resistencia le ha obligado a singularizar el caso de Blasco y a dar garantías a otros procesados de que no serán apartados aunque se decrete la apertura de juicio oral. Cuando Fabra sustituyó a Camps al frente de la Generalitat, Génova le dio un mandato claro: barrer la corrupción acumulada en el partido sin levantar demasiado polvo. Y en eso está.