Cobos, presidente del Constitucional por unanimidad

Los doce magistrados del pleno del Tribunal Constitucional (siete conservadores y cinco progresistas) han votado este miércoles a favor de la elección del conservador Francisco Pérez de los Cobos como presidente. La necesidad de pacificar la situación, sobre todo creada en los últimos días, ha desembocado en una votación inusual y de consenso no solo para quien ocupará la presidencia durante los tres próximos años sino también para aupar a la progresista Adela Asúa como vicepresidenta. Pérez de los Cobos ha logrado la unanimidad que no obtuvo ni su antecesor Pascual Sala ni los cuatro magistrados que precedieron a este en la presidencia del alto tribunal.

La necesidad de escenificar sosiego y la independencia que claman sus magistrados llevó a un acuerdo que se cerró el pasado jueves, por el que todos los magistrados se comprometieron a apoyar a los dos candidatos (uno del sector conservador y otro del progresista) de consenso. “No ha sido fácil”, han relatado fuentes del tribunal para significar la distancia de la que partieron los magistrados, tanto en uno como en otro lado ideológico.

Entre el sector conservador, el magistrado Francisco Hernando, el de más edad del Constitucional, había mostrado cierta voluntad para ocupar la presidencia, lo que había sido visto con buenos ojos por algunos de sus compañeros. Finalmente, optó por no presentar batalla y asumir el acuerdo para votar a quien contaba con menos reticencias entre los progresistas, Pérez de los Cobos. En el sector opuesto, conscientes de su minoría, la propuesta de Adela Asúa tampoco fue aceptada desde el principio. Pero, ante el compromiso de los conservadores de votar esta candidatura, el pacto acabó fraguándose. Con la elección de Pérez de los Cobos y Asúa, además, no se ha roto la norma no escrita por la que presidencia y vicepresidencia deben recaer en magistrados del tercio más veterano del tribunal.

Así el pleno ha durado, aproximadamente, 15 minutos. Los encargados de plantear la propuesta acordada han sido los magistrados más jóvenes, Juan Antonio Xiol Rios por la parte progresista y Enrique López, por la conservadora.

La designación del polémico López por parte del Gobierno, el rechazo de la mitad del pleno a su idoneidad como miembro del Constitucional y el inicio de su mandato, con una actitud pública distinta de la que acostumbra el resto de magistrados (hizo declaraciones nada más tomar posesión), ha sido otro de los motivos por los que el consenso para la elección del presidente, como una muestra de unidad, se hacía necesario.

Ya con nuevo presidente, el Constitucional cierra su etapa de renovación, iniciada a principios de junio con la designación de los cuatro magistrados (Pedro González-Trevijano, Santiago Martínez-Vares, Juan Antonio Xiol y Enrique López) que relevaron a Pascual Sala, Ramón Rodríguez Arribas, Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps. Con estos cambios se produce, además, un giro conservador en el Constitucional en un momento en el que tiene importantes temas sobre los que deliberar.

Entre los asuntos que este pleno y el nuevo presidente deberán dilucidar se encuentra la declaración soberanista de Cataluña, después de la impugnación del Gobierno que el Constitucional ya admitió y dejó en suspenso. También la decisión sobre el amparo solicitado por el expresidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa, tras la condena por desobediencia que el Supremo les impuso en enero de 2008 por no disolver Sozialista Abertzaleak (SA), y el también recurso de amparo de Arnaldo Otegi por el caso Bateragune.

La reforma laboral y la amnistía fiscal aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy, ambas recurridas por el PSOE, son otros de los temas que el alto tribunal tiene entre sus asuntos pendientes de resolución. Este tribunal de corte conservador también deberá decidir sobre la no actualización de las pensiones que fue recurrida, en un acto sin precedentes, por todos los grupos de la oposición en el Congreso.

Con el Gobierno como recurrente, en la sede del alto tribunal se acumulan también asuntos como el euro por receta aprobado por los Gobiernos autónomos de Madrid y Cataluña. En ambos casos, el tribunal ya suspendió su aplicación pero en unos meses ha de ser revisada.