Ruz acusa de estafa procesal a Bárcenas y su esposa por el montaje de los cuadros
Ruz acusa también al matrimonio de falsedad documental y blanqueo El juez pide un informe a la UDEF sobre los viajes del extesorero a Argentina desde 2006
![Fernando J. Pérez](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F63c76102-b506-49c3-9d55-996d3913fb4f.jpg?auth=f89e780cc248a9c413ea877fb3a202139132cbe98bfd1b3363e63d4bec357309&width=100&height=100&smart=true)
![Luis Bárcenas, en enero pasado](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/LXXHVQQ7CRUCF32GPJKEW66UOU.jpg?auth=7b4507c8d27b593b2e13968ace70ff6045ec315b772f3ce411a00bc527d87911&width=414)
El extesorero del PP Luis Bárcenas y su esposa Rosalía Iglesias han visto cómo se les complica aún más su ya compleja situación penal. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado al matrimonio el próximo 27 de junio para responder de un delito estafa procesal y falsedad en documento mercantil en relación con el supuesto montaje urdido por Bárcenas en colaboración con una pintora argentina para justificar la procedencia de 560.000 euros que el antiguo encargado de las finanzas del PP atribuyó al beneficio por la venta de unas obras de arte.
El pasado 5 de junio, la artista argentina Isabel Mackinlay —antes apellidada Ardanaz— declaró por videoconferencia desde Buenos Aires que Edgar Patricio Bel, testaferro de Bárcenas en Argentina, le entregó 1.500 dólares en una fecha sin determinar por estampar su firma como falsa intermediaria en dos contratos de compraventa de cuadros. Estos contratos, correspondientes a operaciones ficticias, habían sido presentados por los representantes legales de Rosalía Iglesias a la Agencia Tributaria en junio de 2011 para defenderse de la acusación de delito fiscal que pesaba contra la esposa de Bárcenas.
El magistrado, y también la fiscalía, consideran que esta treta constituye un delito de “estafa procesal” en grado de tentativa y otro de falsedad en documento mercantil consumado. La estafa procesal, tipo penal vigente desde 2010, castiga con penas de uno a seis años de prisión a los que, “en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el Juez o Tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero”.
Ruz entiende que a la vista de la documentación aportada por la Agencia Tributaria y de la declaración de Mackinlay se desprende "de forma indiciaria" que los contratos aportados por la defensa de Rosalía Iglesias y de Barcenas sobre una supuesta operación de compraventa de cuadros serían falsos. El juez sospecha que tanto el supuesto "contrato de mediación" hecho en Madrid en noviembre de 2004 entre Rosalía Iglesias e Isabel Ardanaz (ahora Isabel Mackinlay) y otro supuesto "contrato de compraventa" hecho en Madrid en enero de 2006 entre las mismas partes "no reflejarían operaciones reales".
Las sospechas apuntan a que las fechas han sido "presuntamente alteradas" y que la firma que supuestamente pertenece a Isabel Mackinlay no pertenece a esta, dado que esta negó en su declaración que esa rúbrica fuera la suya. Por todo ello, el juez entiende que, de manera indiciaria, esos contratos habrían tenido como fin "el fin de inducir a error a los órganos jurisdiccionales y obtener el archivo de la causa respecto al delito fiscal investigado".
Esta derivada del caso parte del ingreso por parte de Rosalía Iglesias de 500.000 euros en metálico en una cuenta a su nombre en una sucursal de Caja Madrid, en una operación que habría supuesto un fraude hacienda, no prescrito, de unos 120.000 euros, según el juez. El juez quiere investigar en profundidad otros ingresos en cuentas de la esposa de Bárcenas de los años 2004 y 2005, así como 28 ingresos en efectivo en cuentas suizas del Dresdner Bank que suman 3,783 millones de euros. El juez, a la vista de la documentación recabada por la comisión rogatoria en Suiza, entre la que figura una fotocopia del pasaporte de la esposa del extesorero, pone en duda que Iglesias ignorase la existencia de las cuentas en la Confederación Helvética.
Además de la citación para el 27 de junio, el juez ha ordenado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía que le presente un informe sobre los viajes del extesorero popular hubiera realizado a Argentina desde el 1 de enero de 2006.
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