Perdidos en la tierra de las desdichas

A doña Catalina Pushaina, máxima autoridad del resguardo indígena Jirijitpana de La Guajira colombiana, vinieron a decirle que en la entrada de su ranchería Dios había dejado una ofrenda.

Era un milagro, insistieron los que llegaron agitados a traer la noticia, que venía convertido en un Chevrolet vinotinto, de matrícula MKY-307 de Bogotá, aparcado justo donde comienzan los dominios de Jirijitpana, en el kilómetro 85 de la vía que va hacia el cabo de la Vela, las playas adonde las almas de los indios wayuu van a descansar cada vez que se mueren.

En una ranchería sin agua y sin energía eléctrica, puesta sobre una tierra en la que solo brota el cactus y el trupillo, ese árbol seco que apenas prueba aguacero una o dos veces al año (es la región menos lluviosa de Colombia); en esa tierra, un auto abandonado bien podría ser confundido con una ayuda del cielo.

Catalina dejó lo que estaba haciendo y salió corriendo con su hija Edilca, la maestra del resguardo, a corroborar el chisme. Y llegó el palabrero, que es el hombre que en cada familia indígena tercia para que se resuelvan los conflictos. Y llegó la romería de nietos, sobrinos, hermanas y todo el clan, y hasta los clanes vecinos.

Y en efecto, aquel jueves 16 de mayo de 2013 los wayuu vieron ahí estacionado el ampuloso aparato de latas embarradas, cubierto de matorrales. El carro había aparecido en ese punto dos días antes y, según lo diría la policía después, ya tenía signos de haber sido saqueado.

“Es la suerte de Dios. Si quiere, comenzamos a quitarle las partes para venderlas. Mire, doña, su ranchería con tantas necesidades, con tanta hambre que tiene, y ese carro ahí se va a podrir”, le decían.

Pero Catalina, tan terca como esos trupillos que se pegan de la tierra contra todo pronóstico, guardó silencio, se dio la vuelta con un movimiento resuelto y, mirando de cara a los presentes, dijo:

—¡Cuál milagro ni que milagros! ¡Ese carro hay que devolverlo!

—Pues nosotros no estamos de acuerdo, señora Catalina, al menos debemos cobrarle al dueño por haber irrespetado nuestro territorio —se escuchó desde la muchedumbre.

Catalina se quedó callada unos segundos y luego contrapunteó:

—Entonces si se quieren llevar el carro, lo pueden hacer tranquilamente, pero con mi cadáver dentro, dijo en voz alta.

Y entonces Catalina abrió la puerta del Chevrolet y se plantó en el puesto del conductor, aun temiendo, como se rumoró en algún momento, que pudiese haber una bomba.

Desde ahí, desde la cabrilla, esta mujer de 59 años, diabética, a la que le falla la vista, le dio indicaciones a Edilca para que buscara el teléfono de la policía. Pero las horas fueron pasando y al momento en que oscurecía nadie tenía el número a mano.

Esa noche, Catalina y tres mujeres más durmieron en el carro, dos delante, dos atrás. Ningún hombre de la comunidad las acompañó, pues la mayoría estaban celebrando el velorio de una abuela llamada Ana Paula, y eso es lo mismo que no tener hombres. Y es que en un funeral wayuu se come chivo y se bebe chirrinchi a más no poder, a veces durante un mes seguido, como explicaría luego Guillermo Ojeda, representante en La Guajira de la Junta de Palabreros. En resumidas cuentas, los hombres, a esa hora, estaban borrachos.

Las cuatro indígenas pasaron la noche en vela, conversando sobre lo que pudo haber pasado, hundidas en el temor que significaba que viniera un bandido a hacer tiros para llevarse el coche.

Las sospechas sobre que algo infausto había ocurrido comenzaron cuando, recuerda Edilca, notaron que en los puestos delanteros había arena de mar. Eso significaba que los dueños del Chevrolet debían de ser turistas que habían estado en el cabo de la Vela, un balneario parecido a un paraíso, que extiende su costa sobre el mar Caribe, en uno de los extremos del norte de la península de La Guajira.

“A las seis de la mañana llamé a Uribia (el municipio más cercano y al cual pertenece la ranchería Jirijitpana)”, continúa Edilca. Y a las dos horas, las autoridades ya estaban en el lugar.

El coronel Elber Velasco, comandante de la policía de La Guajira, recuerda que ese día ningún indígena dio razón de cómo el vehículo había llegado hasta aquel lugar tan apartado. “El carro no tenía llaves para conducirlo. Algunos miembros de la etnia estaban cobrando 10 millones de pesos [unos 4.000 euros] para devolver el carro y así pagar la ofensa a sus tierras. Incluso dijeron que lo iban a quemar. Al final, nada de eso pasó”, dice.

Los policías, antes de remolcar el carro y llevárselo definitivamente, comenzaron a esculcar qué había dentro. Al principio no encontraron mayor cosa: papeles desperdigados, una etiqueta de una blusa nueva marca Nell, unos recibos de peajes. Pero luego apareció un documento de la empresa bogotana Rentacar que certificaba que el vehículo era alquilado. Y más allá, en el fondo, los pasaportes de los ciudadanos españoles Ángel Sánchez Fernández y María Concepción Marlaska Serrano. No parecía ya que Dios se hubiese acordado de los indígenas de Jirijitpana. Al contrario, lo que allí había ocurrido más bien parecía una desdicha más.

» El don y el látigo. A La Guajira, que es el departamento ubicado más al norte de Colombia, en límites con Venezuela, le sucede aquella misma paradoja que recitaba Truman Capote y que sentenciaba que cuando Dios da un don también entrega un látigo.

Esta tierra tiene dones para mostrar, pero también muchos látigos difíciles de esconder. Por un lado está el turismo. Iván Alvear, representante del gremio, dice que en temporada alta pueden venir unos 1.700 extranjeros, lo que la última vez se tradujo en 7.000 millones de pesos (2,8 millones de euros aproximadamente), que se movieron entre toda la cadena hotelera y de servicios. Por aquí han desfilado británicos, españoles, alemanes, franceses, argentinos y chilenos. El escritor y chef Anthony Bourdain estuvo hace un par de meses por estas playas saboreando mariscos recién sacados del mar para su programa de CNN.

En esta porción de Colombia, que tiene por tamaño casi los mismos 20.000 kilómetros cuadrados con los que cuenta un país como El Salvador, viven más de 200.000 indígenas, que representan el 38% de la población total del departamento. Para un indígena no existe Venezuela y Colombia por aparte. Lo que hay, para ellos, es una gran nación wayuu esparcida a cada lado de la línea. Y esto —junto con un paisaje capaz de producir toneladas de carbón, sal y millones de pies cúbicos de gas natural, en uno de los ecosistemas marinos más completos del mundo— tal vez es lo que constituya el mayor don. En el año 2010, la Unesco declaró a los wayuu patrimonio inmaterial de la humanidad.

Pero lo que no se ve en los catálogos es mucho más complejo. Desde hace décadas, el contrabando de gasolina, cigarrillos, arroz y el narcotráfico mueven en la frontera más dinero que cualquier industria legal. Ese es el látigo de La Guajira.

Desde el lado de Venezuela, el Frente 59 de las FARC cobra por dejar pasar. Y desde Colombia, paramilitares, ahora llamados bacrim —bandas criminales— por el Gobierno no dan su brazo a torcer para quedarse con las ganancias de lo que dejan los camiones que, repletos de mercancía, cruzan en las noches el desierto, serpenteando las trochas ásperas cercanas a las rancherías.

En el lado de Venezuela, las FARC cobran por dejar pasar. En el de Colombia, las bandas persiguen a los camiones cargados

Es un mapa ilegal difícil de desentrañar, sobre todo si se tiene en cuenta que durante años la clase política ha estado emparentada con la mafia. Hoy por hoy, el gobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como Kiko, es uno de los políticos más cuestionados del país. Sin embargo, y pese a que sobre él hay denuncias incluso por homicidio, no existe ningún fallo judicial en su contra. Kiko Gómez siempre se ha declarado inocente.

Antes de las votaciones de las que salió ganador, la ONG Corporación Nuevo Arcoíris reseñó en un informe de riesgos electorales que Gómez tenía antecedentes judiciales: “Su red política es altamente criminalizada, estuvo detenido un año por el delito de tráfico de armas. Uno de sus aliados políticos, Marcos Figueroa, fue socio de El hombre Marlboro [un exsenador condenado a 25 años por narcotráfico en EE UU] y es auspiciador de ejércitos privados que regulan el tránsito de contrabando y alcaloides por zonas fronterizas de La Alta Guajira”.

Figueroa, familiar de la esposa del gobernador, es, según la policía, el jefe de una bacrim. “La vida de él [de Figueroa] es su vida. Y la mía es la mía. Yo no tengo brazos armados. Si yo tuviera brazo armado, a mí el pueblo no me habría dado el apoyo que me dio”, le respondió Kiko Gómez a la revista Semana de Colombia.

Y en mitad de tantos actores, legales e ilegales, están los indígenas, aferrados a su territorio ancestral, asentados en la Isashii, que en lengua wayuunaiki significa tierra virgen o desierto; esperando que del cielo caiga el agua, así sea en lloviznita, que caiga el juyá, o la lluvia, que también quiere decir sangre semental que fertiliza.

—Si mandas a pedir un carrotanque con agua, ¿el Estado lo proporciona gratis? —pregunto a la profesora Edilca.

—No, cuesta unos 120.000 pesos [48 euros], plata que a veces tenemos o que a veces no tenemos.

—¿Cuántas personas se quedan sin agua si no hay plata?

—En esta ranchería hay unas 20 casas y cada casa tiene cinco, seis, siete personas con sus niños.

—Y si pides el agua ya, ¿cuándo llega?

—Me pueden decir que dentro de un mes o mes y medio.

Edilca guarda silencio. Mientras tanto, nada; mientras tanto, se mueren de sed o simplemente de pobreza. Porque de eso sí hay de sobra, y hasta para repartir.

» No se los tragó la tierra. Estás ilusionado porque te vas de vacaciones. Haces maleta y tomas el riesgo de viajar a un país que a lo mejor no conoces bien. Pero resulta que te vas, cruzas el océano y no vuelves. Ángel Sánchez Fernández y María Concepción Marlaska Serrano salieron de Bogotá, en el Chevrolet Spark vinotinto, el 2 de mayo, según se lee en el documento que firmaron en Rentacar.

El servicio de ubicación por GPS o Lojack, que administra ChevyStar para Chevrolet, marca que Ángel y María pasaron por Villa de Leiva, un pueblo del centro del país, donde se quedaron tres días tal vez viendo las casonas y recorriendo las calles empedradas, por las que aún se puede respirar algo de la España del siglo XVII.

Y pasaron por San Gil, Santander, rumbo al norte y allá se quedaron otros dos días. El GPS reporta que siguieron su camino hasta la Costa Caribe. “El ChevyStar no era preciso en las coordenadas y nos señalaba que habían estado en Santa Marta [ciudad costera]; eso nos tenía despistados un poco, pero luego supimos que se habían alojado en el Mendihuaca Caribbean Resort, que queda a mitad de camino entre los departamentos del Magdalena y La Guajira, en todo el piedemonte de la Sierra Nevada”, dice un oficial de la policía que ha trabajado en la investigación. Allí la pareja dejó todo su equipaje antes de partir hacia el cabo de la Vela. No se llevaron casi nada.

Los secuestradores llamaron a la familia para decir que los españoles debían pagar por un accidente que habían causado

Ángel y María recorrieron al menos 1.243 kilómetros, antes de que se perdiera su rastro. “Supimos que era un secuestro cuando los raptores hicieron la primera llamada a los familiares en España y les dijeron, ‘miren, ellos causaron un accidente y tienen que pagar la ofensa”, asegura otra fuente policial, quien aclara que los secuestradores exigieron dinero por la liberación de Ángel y María con la excusa de que ellos habían supuestamente causado un accidente con el carro. “Esa teoría [de que causaron un accidente] la puede descartar. Eso no puede ser cierto”, espeta Guillermo Ojeda, el representante de la Junta de Palabreros. “Si la pareja hubiese causado un accidente en territorio indígena, jamás se hubiera manejado de esa manera. Ahora bien, no descartamos que indígenas puedan estar involucrados en el hecho, aunque no como autores intelectuales. Porque es muy difícil que algo pase en territorio wayuu y el dueño de esa tierra no se entere”, prosigue.

Entonces, ¿quién estaba interesado en secuestrarlos? ¿Fue por dinero? Ángel y María, donde quiera que estén, no sabrán que el año pasado hubo 10 secuestros en La Guajira, ni tampoco que en 2011 el número de casos había sido la mitad. Tampoco imaginarán que su secuestro fue el segundo que se cometió este año en la región ni que los tres primeros meses de 2013 significaron para Colombia el periodo con menos raptos en más de 10 años. La cifra pasó de 566 en 2003 a 58 una década después, según datos de la Fundación País Libre.

Ángel y María, donde quiera que estén, desconocerán seguramente que como ellos en el país hay dos extranjeros más privados de la libertad, según dice el general Humberto Guatibonza, comandante del Gaula Antisecuestro: el canadiense Jernoc Wobert, secuestrado desde el pasado 18 de enero de 2013 por un grupo guerrillero guevarista que, como si fuera broma, recibe por nombre Ejército de Liberación Nacional. Y el otro es el dominicano José Rafael Sánchez, desaparecido en Santa Marta desde el 29 de junio de 2012.

Ángel y María, donde quiera que estén, tal vez no sabrán que Uribia, el municipio donde se concentra la búsqueda, es el más grande de Colombia, con una extensión de 8.400 kilómetros cuadrados de barro, desierto y laberintos. Ángel y María tal vez ignoren que la Junta Mayor de Palabreros Wayuu se comprometió a ayudar a buscar a lo largo y ancho de esta tierra que, por lo sagrada que es, no es de libre acceso. Ángel y María no conocerán tal vez nunca a Catalina Pushaina, una mujer que, parada sobre la arena caliente de su ranchería, atada a esta historia por el azar, le pide a Dios que esta vez sí llueva un milagro, uno solo: que los españoles aparezcan lo más pronto posible.