El fiscal reclama 135 años de cárcel para los etarras que mataron a Puelles

Casi cuatro años después del atentado que costó la vida al inspector de la brigada policial de información Eduardo Puelles, el juicio por su asesinato ha quedado este mediodía visto para sentencia en la Sala de lo Penal Audiencia Nacional. La fiscalía solicita 45 años de cárcel para cada uno de los tres acusados, ya condenados por pertenecer a ETA y por otro intento de atentado. La defensa exige, por contra, la libre absolución, aduciendo que las declaraciones inculpatorias realizadas en sede policial tras su detención se produjeron bajo tortura. La abogacía del Estado, el ministerio fiscal y la acusación particular y popular han coincidido en que los malos tratos no fueron detectados por ninguna de las inspecciones médicas realizadas y en que estas denuncias no son más que una estrategia de la banda terrorista.

Íñigo Zapiraín, Beatriz Etxebarría y Daniel Pastor, miembros del comando Otazua de ETA, están acusados de un delito de atentado contra un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otro de estragos terroristas. Fueron detenidos en marzo de 2011. En los interrogatorios ante la Guardia Civil, Zapiraín y Etxebarría reconocieron que habían seguido al inspector Puelles, que habían colocado un artefacto que no llegó a explotar en los bajos de su coche y que, como no lo lograron entonces, volvieron a intentarlo. La cantidad de explosivo que dijeron haber utilizado -2 kilogramos de cloratita y 200 gramos de pentrita- coincide con la empleada en el atentado, y Etxebarría llegó incluso a dibujar "voluntariamente" -ha recalcado la fiscal- un croquis con sus posiciones y la del vehículo de Puelles en el momento de la explosión, que también concuerda con los informes elaborados por los agentes que acudieron al lugar de los hechos en el momento del atentado, que han sido ratificados esta mañana por una docena de peritos.

Según el relato de la fiscal Ana Noé, que ha sido corroborado por la acusación particular –la familia y viuda de Puelles- y por la acusación popular –integrada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo y el Sindicato Unificado de Policía-, la noche del 18 al 19 de junio de 2009, Etxebarría habría conducido el coche con el que los tres acusados se trasladaron al aparcamiento donde el inspector solía aparcar su coche, en la localidad vizcaína de Arrogorriaga, cercana a Bilbao. Etxebarría comprobó que el vehículo estaba donde preveían, en función al seguimiento realizado, y Pastor y Zapiraín colocaron la bomba lapa en los bajos del coche, en un hueco entre el depósito de combustible, el eje trasero y la rueda de repuesto. Pocos minutos después de las nueve de la mañana, el artefacto explotó y el agente falleció debido a un shock provocado por las quemaduras.

Las abogadas de la defensa han insistido en que este relato de los hechos no pueden comprobarse, puesto que las declaraciones inculpatorias realizadas por los presuntos autores del atentado han de ser impugnadas "ya que durante la detención hubo una absoluta falta de control jurisdiccional". En los domicilios de los tres acusados fueron encontrados, sin embargo, tanto explosivos coincidentes con los hallados en el vehículo de Puelles, como documentación que relacionaba a los presuntos asesinos con la banda terrorista ETA, en los que había información sobre “txakurras” [perro en euskera] y ertzaintzas.

Los tres acusados han asistido al juicio, que se ha desarrollado entre ayer y hoy, desde una cabina blindada que los separaba del resto de la sala y han rehusado prestar declaración, ya que, según han manifestado, no reconocen la legitimidad del tribunal. Lo único que Pastor ha querido dejar patente, al final de la vista de esta mañana, es que no conoce ni ha tenido trato con un familiar lejano vecino de Puelles que, en palabras de la fiscal, habría sido quien informó del lugar del domicilio del agente asesinado. Según las declaraciones en sede policial de Zapiraín y de Etxebarría –el tercer procesado no llegó a declarar porque se autolesionó y tuvo que ser atendido-, fue Pastor quien identificó la matrícula del inspector.

Además de los 45 años de cárcel para cada uno de los acusados, el ministerio fiscal solicita que se les prohíba vivir en Bilbao y acercarse a la familia de Puelles los diez años posteriores al cumplimiento de la condena y, en concepto de responsabilidad civil, una indemnización de 200.000 euros para la viuda y de 150.000 euros para cada uno de los dos hijos de la pareja, que eran adolescentes en el momento del atentado. La fiscal ha añadido, también, la petición de que se abone el valor del coche que conducía la víctima.