La falta de acuerdo en el Poder Judicial aplaza la renovación del Constitucional

La falta de acuerdo sobre la elección de dos nuevos magistrados del Tribunal Constitucional ha obligado al Consejo General del Poder Judicial a aplazar la decisión, que tenía prevista para hoy, para un pleno que se celebrará la próxima semana, como muy pronto. Dieciséis de los 21 vocales (incluyendo al presidente, Gonzalo Moliner) han acordado que, ante la falta de acuerdo, incluso sobre las reglas previas para votar las designaciones, se aplaza sin fecha la elección de dos nuevos magistrados del Constitucional.

El pleno del Consejo General del Poder Judicial iba a iniciar hoy la vía para que se produzca el vuelco en el Tribunal Constitucional y para que, por primera vez en casi 10 años, tenga mayoría conservadora. El Consejo tenía previsto nombrar hoy dos nuevos magistrados —uno conservador y otro progresista— lo que iba a permitir que el Gobierno designara en las próximas semanas otros dos que decantasen a su favor el tribunal. La renovación afecta al presidente, Pascual Sala, que termina su mandato e iba a ser sustituido al frente de la institución por un conservador, lo que no ocurría desde 2004, cuando salió del Constitucional Manuel Jiménez de Parga. El otro magistrado cuya sustitución estaba prevista era la del conservador Ramón Rodríguez Arribas.

El vuelco es especialmente importante porque en los próximos meses gran parte de la política del Gobierno de Mariano Rajoy será revisada o dependerá de las decisiones del alto tribunal. Así, tiene que decidir antes de cinco meses sobre el recurso del Gobierno contra la declaración soberanista del Parlamento de Cataluña y las decisiones en esa línea que adopte la Generalitat. El nuevo tribunal tendrá que pronunciarse sobre la ley de plazos del aborto que, aunque el Gobierno no espere a ese fallo, afectará políticamente a esa nueva regulación. Hay pendientes recursos del PSOE contra la ley de tasas judiciales, la reforma del Poder Judicial, la reforma laboral y la amnistía fiscal, entre otras. También el pago de un euro por receta de Madrid y Cataluña.

Sobre la mesa del Consejo General del Poder Judicial estaban los nombres de los conservadores José López García de la Serrana y Roberto Enríquez y los progresistas Juan Antonio Xiol Ríos y Cándido Conde-Pumpido. Hacen falta los votos de 13 de los 21 miembros del Consejo y, pese a los intentos en los últimos días del presidente, Gonzalo Moliner, ninguno de ellos tenía asegurada la elección.

Fuentes del Consejo aseguran que el magistrado de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo Roberto Enríquez es el que tiene mayores posibilidades entre los conservadores. Es el candidato mejor visto por el Gobierno y, especialmente, por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Más problemática es la elección del magistrado progresista, por la división entre los partidarios de Conde-Pumpido, exfiscal general del Estado, y el magistrado del Supremo Xiol Rios. Un tercer candidato, el magistrado de Cádiz Juan Carlos Campo tiene menos opciones, aunque tenga apoyo expreso y claro de la Junta de Andalucía.

Conde-Pumpido tiene el inconveniente de que tendría que abstenerse en la discusión de asuntos en los que participó como fiscal general. También presenta el inconveniente de que su salida de la Sala Segunda del Tribunal Supremo dejaría al sector progresista de la judicatura casi sin representación en esta sala que decide sobre asuntos penales importantes, ya que está próxima la jubilación de Perfecto Andrés y Carlos Granados. El exfiscal general es visto con buenos ojos por Justicia. Moliner ha intentado sin éxito un acuerdo sobre Xiol o Conde-Pumpido para desbloquear la elección. Cuando el Consejo designe a estos dos magistrados, el Gobierno podrá designar ya a los sustitutos de los magistrados Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps, ambos de tendencia progresista, por otros de perfil más conservador.

Una vez que se produzca esa designación, la mayoría será claramente conservadora. Uno de los dos que podría designar el Gobierno sería, según fuentes del Ejecutivo, el magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López. El exportavoz del Consejo fue vetado en la anterior legislatura por el PSOE cuando el PP le propuso para el Constitucional. Vocales conservadores aseguran que aceptar a Conde-Pumpido facilitaría el nombramiento de López, aunque la designación del Gobierno es discreccional, con el único requisito de los años de ejercicio.

Al vuelco en el Constitucional le seguirá en septiembre el cambio en el Consejo General del Poder Judicial. Entonces será preciso un acuerdo entre PP y PSOE, pero la aritmética parlamentaria asegura la mayoría conservadora. Incluso, según la nueva ley recién aprobada, si el PSOE no acepta el acuerdo, el PP puede nombrar en solitario en el Senado una parte del Consejo para eludir el bloqueo. El futuro Consejo tendrá menos atribuciones y ya no habrá tampoco mayorías de bloqueo que obliguen al pacto en los nombramientos judiciales. Es decir, los vocales designados por el PP podrán nombrar libremente a los responsables de los principales órganos judiciales.