Los Ayuntamientos empiezan a recolocar a sus 37 ediles no electos

La sentencia del Tribunal Constitucional que el pasado 28 de abril declaró nulos los nombramientos de ediles no electos ha comenzado a surtir efecto en los 23 Ayuntamientos españoles con 37 cargos que no han pasado por las urnas. Algunos municipios, como Madrid, Málaga o Mérida, han ordenado su cese y posterior recolocación en puestos a dedo. En otras localidades, como Córdoba, se han fusionado concejalías.

En la capital, la alcaldesa, Ana Botella, del PP, se ha visto forzada a hacer la cuarta remodelación de su equipo en apenas año y medio. Los dos delegados afectados por la sentencia del Constitucional seguirán en puestos de responsabilidad: Juan Antonio Gómez Angulo como número dos de la alcaldía y Fernando Villalonga al frente de dos empresas: Madrid Arte y Cultura, —que absorberá más competencias— y Madrid Espacios y Congresos.

En Málaga, los tres delegados no electos afectados continuarán en el organigrama municipal con las mismas tareas que tenían hasta ahora pero con un nivel de responsabilidad menor. Algo parecido a lo que ocurrirá en Mérida. Su alcalde, Pedro Acedo (PP) cesó ayer por la mañana a Manuel Balastegui y a Óscar Baselga, los dos consejeros afectados. “Una vez aclarada la sentencia del tribunal no tiene ningún sentido esperar a su publicación en el BOE”, aseguró Acedo. Balastegui seguirá ocupándose de la seguridad ciudadana, la limpieza y el tráfico en el puesto de asesor de la alcaldía. Baselga pasa a ser “coordinador general de relaciones institucionales, comercio e industria”.

También ha renunciado a su cargo el concejal no electo del Ayuntamiento de Gijón —aunque no ha aclarado si seguirá como representante de su partido, Foro Asturias, en los tres consejos de administración en los que estaba— y el de Sevilla, Demetrio Cabello, ha sido sustituido como edil de Seguridad y abandona la esfera municipal.

Al norte, en el País Vasco, el fallo es un jarro de agua fría para personas con un peso relevante en los Ayuntamientos de Bilbao, gobernado por el PNV, y San Sebastián, de Bildu. En el primero, el afectado es Andoni Aldekoa, mano derecha del alcalde Iñaki Azkuna. En San Sebastián se ven amenazados los puestos del delegado de Hacienda, Jabi Vitoria, y de la responsable municipal de Cultura, Nerea Txapartegi. El alcalde donostiarra calificó la sentencia como “una nueva intromisión de Madrid en la autonomía municipal vasca”. En ambos casos los servicios jurídicos estudian cómo aplicar el fallo. Algo que también ocurre en el Ayuntamiento de Ourense, gobernado por el socialista Agustín Fernández. “Se acatará lo que dice el Tribunal Constitucional, como no puede ser de otra manera”, señala un portavoz. La idea es dar continuidad a la gestión de la responsable de Personal y Policía, que podría volver a entrar en un puesto de confianza. En la mayoría de los casos los alcaldes esperan que se publique la sentencia para tomar una decisión.

En la Comunidad Valenciana un total de siete concejales de los gobiernos municipales de Gandía, Orihuela, Torrevieja y Elche están en el disparadero, aunque todavía no han cesado. Las tareas que desempeñaban hasta ahora se repartirán entre el resto de concejales, por lo que los alcaldes insisten en que la medida supondrá un ahorro para las arcas municipales. En realidad, la recolocación en puestos de confianza de muchos de ellos puede neutralizar el efecto de la sentencia. En Cataluña, comunidad que con su recurso ante el Constitucional ha motivado la sentencia, hay solo un afectado en el Ayuntamiento de Barcelona. Los acuerdos que hayan tomado hasta el momento los ediles seguirán siendo válidos.

Con información de Ezequiel Moltó, Mikel Ormazabal y Raúl Limón.