La izquierda ‘abertzale’ pasa por el peor momento desde su legalización

¿Es posible una marcha atrás en el declarado cese definitivo de ETA de hace año y medio? ¿Hay riesgo de escisión en la banda? El Ministerio del Interior sostiene que “ETA nunca podrá volver a ser lo que fue”; que no dispone de más de 30 activistas; que sus recursos económicos son muy escasos porque suspendió la extorsión hace dos años y que limita sus esfuerzos a la logística para garantizar la seguridad de sus miembros. No cree probable la escisión.

En todo caso, las Fuerzas de Seguridad del Estado han reforzado su vigilancia, sobre todo en Francia, tras la expulsión de la dirección política de ETA de Noruega y los comunicados de la banda, el último de ellos el jueves, en los que expresa su “preocupación y dudas sobre la situación política y la apuesta” de cese definitivo de la violencia.

La izquierda abertzale, que admite la existencia de malestar en ETA y en sus filas por el “inmovilismo del Gobierno” en política penitenciaria —no ha hecho ningún movimiento tras el cese definitivo de la banda—, descarta no solo el regreso de ETA a la violencia, sino también la escisión.

En el improbable caso de que alguien ejerciera la violencia en nombre de la banda, se encontraría con la condena de la izquierda abertzale, en cumplimiento de los estatutos de Sortu, que rechazan la violencia, señalan fuentes próximas a la formación.

Pero esta situación hace que la izquierda abertzale pase por su peor momento desde que fue legalizada hace dos años y logró un éxito espectacular e inesperado en las elecciones municipales de 2011. La izquierda abertzale confiaba en que, tras el anuncio del cese definitivo de ETA, el Ejecutivo del PP, que empezó a gobernar en diciembre de ese año, se pondría en contacto con la dirección política de la banda, instalada en Noruega, para abordar el futuro de sus presos.

El PNV y el PSE, aunque mantienen que es ETA quien tiene que romper el parón con el paso del cese definitivo a la disolución de la banda, también contaban con que el Gobierno flexibilizaría la política penitenciaria, empezando por un acercamiento de presos para afianzar el final de ETA y facilitar su disolución.

Pero no ha sucedido ni lo uno ni lo otro. Año y medio después, el Gobierno no ha dado ningún paso en política penitenciaria. No ha realizado ningún acercamiento de presos e incluso ha cerrado la vía Nanclares —la fórmula que propició el Gobierno anterior para el acercamiento y reinserción de los presos que renuncian a la violencia— y ha defendido el mantenimiento de la doctrina Parot, por la que las redenciones de pena se restan no del máximo de 30 años, sino del total de cada una de las condenas que se hubieran impuesto al preso.

La izquierda abertzale sufre las consecuencias de ese parón con un creciente malestar en sus filas reflejado, en primer lugar, en los familiares de los presos de ETA, y también en sectores minoritarios que cuestionan la apuesta unilateral de Sortu por el final de la violencia, lo que se ha expresado con algunos atisbos de kale borroka sobre todo tras la muerte en una cárcel francesa de Javier López Peña, Thierry, exjefe del aparato político de la banda.

Asimismo, declaraciones de dirigentes de la izquierda abertzale, derivadas sobre todo de la muerte de Thierry, han suscitado amenazas de ilegalización desde el Gobierno. A su vez, el PNV y el PSE, aunque reclaman al Gobierno que flexibilice la política penitenciaria, son mucho más exigentes con la izquierda abertzale, a la que exigen que reconozca como un error su complicidad histórica con el terrorismo y presione sobre ETA para que se disuelva.

Las Fuerzas de Seguridad agudizan su vigilancia sobre ETA en Francia

La izquierda abertzale, a su vez, empieza a sufrir el desgaste político por su acción de gobierno en Gipuzkoa, como sucede en el conflicto de la gestión de los residuos en muchos Ayuntamientos guipuzcoanos en los que gobierna, lo que divide a sus votantes y que temen que pueda afectarles electoralmente.

En estas condiciones, aunque la izquierda abertzale asegura que no hay marcha atrás en el final de la violencia, sí ha decidido enrocarse. “No haremos más movimientos mientras el Gobierno del PP no se mueva”, señalan fuentes de este sector, que estiman que sus pasos, particularmente el logro del abandono definitivo de la violencia por parte de ETA, no encuentran correspondencia en el Ejecutivo de Rajoy. Solo es posible que se planteen algún gesto testimonial cuando se conozcan próximamente las conclusiones del Foro Social sobre resolución de conflictos, organizado por Lokarri.

La izquierda abertzale estima, además, que “el Gobierno del PP no va a dar ningún paso” en los próximos meses. En su análisis sobre su futuro inmediato creen que la decisión que adopte el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre la doctrina Parot, previsiblemente en septiembre, marcará una pauta sobre el futuro de los presos de ETA si la sentencia da la razón a su recurso, como ya hizo la sala pequeña del alto tribunal.

A su vez, la izquierda abertzale se muestra satisfecha con la modalidad de respuesta en la calle, que ha inaugurado con la acampada en San Sebastián para responder a la detención de seis jóvenes condenados por los tribunales por formar parte de Segi. En vez de recurrir a la kale borroka, como en el pasado, centenares de jóvenes practicaron la desobediencia civil como respuesta a la acción policial. Los dirigentes abertzales han hecho de ello un alarde de la “capacidad” de sus bases “para adaptarse a los nuevos tiempos sin violencia”.

Fue precisamente Urko Aierza, uno de los principales líderes de la izquierda abertzale, el que medió entre los jóvenes y la Ertaintza para evitar que la acampada transcurriera con violencia. La izquierda abertzale ha hecho de la acampada de San Sebastián un símbolo para desmentir a quienes dudan de su apuesta por las vías pacíficas.