Las discrepancias sobre el ‘caso Faisán’ llegan a la inspección de la Fiscalía

La discrepancia que el fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista manifestó por escrito ante las órdenes recibidas por parte del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, en relación con el caso Faisán —el supuesto chivatazo policial a miembros del aparato de extorsión de ETA—, fue objeto de debate en la última reunión del Consejo Fiscal —órgano asesor de la Fiscalía General del Estado— que se celebró el pasado 23 de abril. En esa cita se decidió que el asunto fuera examinado por la Inspección. El resumen de la reunión que se ha enviado a los vocales participantes indica que fue el propio Torres-Dulce el que “interesó que dicha cuestión fuera analizada” por la Inspección “al no estar prevista esta forma de proceder [la de Bautista], de acuerdo con nuestra legislación”.

Bautista, en su escrito de conclusiones del caso Faisán del pasado 19 de abril, no dijo directamente que discrepaba de Torres-Dulce. Pero expresó que calificaba los hechos no solo como delito de revelación de secretos sino también como colaboración con banda armada añadiendo que esta última calificación la hacía en aplicación del artículo 25 del Estatuto Fiscal —que dispone que “el fiscal general del Estado podrá impartir a sus subordinados las órdenes e instrucciones convenientes”—. Es decir, dejó claro y por escrito que se limitaba solo a cumplir unas órdenes que no compartía.

Un portavoz de la Fiscalía General del Estado asegura que durante la última reunión del Consejo Fiscal varios vocales mostraron su extrañeza por lo que había pasado y que uno de ellos planteó que se investigara el tema. Pero afirma que en ningún caso se va a abrir un expediente a Bautista —ni siquiera unas diligencias informativas— ni a hacer ningún reproche sobre su actuación, y que el fiscal general tampoco cree que su actuación fuera contraria a derecho. Insiste en que ni la sanción ni el reproche a Bautista están dentro de las intenciones de Torres-Dulce ni del inspector jefe, Alfonso Aya, y que esa cuestión nunca estuvo sobre la mesa. Asegura, finalmente, que la alusión a la Inspección fue algo que surgió en la reunión ante la extrañeza por lo sucedido, pero solo para ver si había habido algún precedente y para estudiar las discrepancias que existen entre el reglamento y el Estatuto fiscal sobre la forma en la que pueden expresar su disconformidad los fiscales y para tratar de solventarlas en la próxima reforma del Estatuto Fiscal.

Desde la Fiscalía se defiende que la fórmula elegida por Bautista es inusual porque la forma de discrepar está establecida en el artículo 27 del Estatuto Fiscal, que dispone que “el fiscal que recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente, se lo hará saber así, mediante informe razonado, a su fiscal jefe”. Si no le convencen sus razones, puede acudir a la Junta de Fiscalía. Según el resumen de la reunión del Consejo Fiscal, cuando Torres-Dulce explicó lo sucedido, dijo que Bautista no había “formulado discrepancia al fiscal jefe de la Audiencia Nacional de conformidad con el artículo 27 del Estatuto”, sino que había ido directamente por la vía de hacer constar que cumplía órdenes, dejando por escrito que no las asumía “como propias”.

Antes, Torres-Dulce había dado explicaciones sobre el porqué de la orden: dijo que había pedido un estudio a los cuatro fiscales de Sala del Supremo sobre la calificación del caso Faisán y que los cuatro por unanimidad habían expresado que debía formularse la conclusión alternativa de colaboración con banda armada.