Acusación popular… en defensa de Bárcenas

El Partido Popular no solo mantuvo a Luis Bárcenas con el sueldo más alto del partido, gastos de Seguridad Social incluidos, cuando ya estaba imputado por graves delitos de corrupción y había abandonado el cargo de tesorero nacional, sino que ejerció en el caso Gürtel una acusación popular realmente estrambótica. En lugar de acusar a los que supuestamente habían hecho daño al partido y colaborar en la investigación “en defensa de la sociedad en su conjunto y no en nombre o interés propio y ajeno”, como marca la jurisprudencia, el PP defendió en todo momento con sus actuaciones procesales a Bárcenas, acusado de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y cohecho, y a su esposa, Rosalía Iglesias, imputada también en el caso.

El juez Pablo Ruz ha dictado un auto en el que sostiene que el PP, en un claro abuso de derecho o fraude de ley, defendió como acusador popular a su extesorero Luis Bárcenas, quien estaba siendo investigado por corrupción. Y cita algunos ejemplos:

Cuando todas las acusaciones populares, la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado recurrieron el auto judicial que archivaba provisionalmente las actuaciones contra el extesorero, el PP impugnó todos estos recursos para que se mantuviera la decisión de retirar la imputación contra Bárcenas, como si fuera su propio abogado.

Cuando la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional resolvió los recursos sobre el archivo de la causa contra Bárcenas y decidió volverle a imputar, como pedían todas las acusaciones populares salvo la del PP, el abogado del extesorero presentó contra esa decisión un escrito pidiendo la nulidad de ese auto judicial. El PP, como acusador popular, también presentó un escrito reclamando lo mismo y manifestando su adhesión a los argumentos esgrimidos por el abogado de Bárcenas a la vez que argumentaba que no existían “indicios medianamente sólidos” para imputar a su extesorero. El acusado, Bárcenas, y el acusador, PP, volvían a ponerse de acuerdo.

El juez recuerda que los indicios racionales de criminalidad que obran en la causa abierta por delitos contra la Hacienda Pública, cohecho y blanqueo de capitales han sido negados reiteradamente por el PP en su condición de acusación popular. El juez entiende que las actuaciones judiciales del PP en el caso Gürtel no resultan congruentes con el objetivo que manifestó esta formación para ejercer la acusación popular: “Colaborar activamente en la investigación judicial de una enorme trascendencia en los que, en caso alguno, ha tenido participación directa o indirecta”.

Por si fuera poco relevante este abuso de derecho o fraude de ley practicado por el PP en su condición de acusador popular, el juez señala que de las actuaciones practicadas hasta el momento en relación con los denominados papeles de Bárcenas, la formación conservadora podría resultar responsable civil subsidiaria de supuestos delitos contra la Hacienda Pública. Esos delitos consistirían en no declarar a Hacienda como ingresos extraordinarios y, por tanto, obligados al pago del Impuesto de Sociedades, aquellas donaciones anónimas que superaron los 60.000 euros fijados como límite máximo por la Ley de financiación de partidos políticos. El 70% de los 1,3 millones de euros que Bárcenas anotó de su puño y letra en un cuaderno de ingresos y gastos incumplían esa ley.

Los papeles de Bárcenas —que el PP considera falsos, por lo que ha demandado a EL PAÍS, el periódico que los publicó— han sido avalados ahora por un informe pericial de la Policía, incorporado al sumario del caso, en el que señala que la letra de esa contabilidad b corresponde a la del extesorero.

El PP tiene un problema mayor: todo parece lo que los tribunales de justicia dicen que es.