Más de 500 juristas dan su apoyo a la iniciativa legislativa popular de la PAH

Más de 500 juristas de toda España, entre abogados, jueces, fiscales, notarios, secretarios judiciales, procuradores y catedráticos de Derecho, han firmado una "Declaración del mundo jurídico ante la realidad de los desahucios" en la que denuncian este "drama social" y urgen un cambio de la legislación. En su manifiesto, los juristas, entre los que figuran varios fiscales del Tribunal Supremo y magistrados de muchas audiencias provinciales, demandan un cambio urgente de la legislación hipotecaria y apoyan la iniciativa legislativa popular (ILP) presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), respaldada por casi 1,5 millones de firmas y que hoy ha sido retirada por sus impulsores por la postura que ha adoptado el PP, contraria al texto ciudadano.

Los fiscales del Tribunal Supremo, Carlos Castresana, Manuel Jesús Dolz, Félix Pantoja y Félix Herreo, el fiscal de la Audiencia de Barcelona, Miguel Ángel Pérez de Gregorio, así como el ex fiscal jefe del TSJ de Cataluña José María Mena, figuran entre los firmantes del manifiesto.

En su declaración, los juristas, entre los que también está el ex fiscal jefe anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo y el exministro de Justicia y catedrático de Derecho Constitucional Juan Fernando López Aguilar hacen hincapié en "el aumento de los desahucios, que constituye uno de los aspectos más dramáticos de la realidad actual". También recuerdan que se han producido más de 400.000 ejecuciones hipotecarias desde el inicio de la crisis en España y que en muchos casos, "al drama de la pérdida del hogar familiar se suma la pérdida del empleo y la asunción de deudas inasumibles".

"Todo ello se traduce en la conculcación reiterada del principio de dignidad de la persona y de los derechos que le son inherentes, ambos fundamento de la paz social y del actual orden político y constitucional", señalan los juristas, entre los que se encuentran el magistrado de la Audiencia de Girona Jaume Mallafré y el juez decano de Zaragoza, Ángel Dolado.

También firman el manifiesto la profesora de Filosofía del Derecho de la UAB Encarna Bodelón, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona Gerardo Pisarello y la magistrada del juzgado penal número 2 de Gijón, Rosario Fernández.

Los juristas, entre los que también figura el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Oviedo José Manuel Paredes, opinan que "las respuestas normativas han sido insuficientes".

"Tampoco las medidas paliativas adoptadas están dando una solución adecuada", añade el manifiesto, que también rubrican la magistrada de la Audiencia de Zamora Esther González, la magistrada del juzgado de primera instancia número 39 de Madrid, Lourdes Menéndez, y el magistrado de la Sala Contencioso-administrativo del TSJ de Extremadura Casiano Rojas.

En la declaración, que también firma Matías Bailone como Letrado de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, los juristas consideran que la ILP es "un instrumento útil" para "garantizar a las personas afectadas el derecho a una segunda oportunidad".

"Las propuestas recogidas en la iniciativa se adecúan a las exigencias derivadas del principio del Estado social y democrático de derecho y a los estándares consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el derecho internacional de los derechos humanos", recalcan los juristas.