El PP augura que la ley del aborto no gustará a los obispos y el PSOE lo duda

La ley del aborto es uno de los principales avisperos de la política española —y de todo el mundo de influencia cristiana— desde que se recuperó la democracia. Ya en los 80 se dividió la UCD por este asunto. El PSOE la desarrolló con enorme polémica en 1985. José María Aznar no se atrevió a tocarla en ocho años, en los que se practicaron 500.000 abortos. Con el PSOE en el Gobierno, la reforma fue una de las leyes que más problemas creó al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, con una manifestación masiva protagonizada precisamente por el mismo Aznar que no tocó la norma. Y ahora, de nuevo, el PP ha decidido reabrir el melón y dar una marcha atrás que se le está complicando al Ejecutivo.

El PP trató ayer de salir al paso de una ola de críticas de distintos sectores. La sensación extendida de que es la Conferencia Episcopal quien marca el paso del Gobierno en este asunto no es precisamente la imagen que busca el PP, un partido que a la vez debe cuidar a su electorado más conservador y no alejarse del centrista ya que, al contrario que en otros países de Europa, en España un mismo partido ocupa prácticamente todo el espacio a la derecha del PSOE.

La presión evidente de Antonio María Rouco Varela, presidente de la Conferencia Episcopal, para que se apruebe ya la prometida reforma de la ley del aborto y la respuesta casi inmediata de Alberto Ruiz-Gallardón en un acto en La Razón, donde dijo que se hará “pronto”, indignaron a la oposición —“el PSOE no va consentir que nos gobierne Rouco Varela”, llegó a decir Elena Valenciano— y forzaron la respuesta del PP intentando minimizar daños.

Alfonso Alonso, portavoz parlamentario del PP, se esforzó precisamente para huir de esa imagen de un Gobierno sometido a las presiones de la Conferencia Episcopal: “La ley que estamos preparando no va a gustar seguramente a los obispos pero lo que vamos a hacer es recoger la doctrina del Tribunal Constitucional. Además, a los obispos se les escucha pero los obispos no gobiernan”, aseguró el portavoz.

“España es una democracia avanzada, con un marco de instituciones, y las leyes las hace el Parlamento. Los obispos opinan pero no hacen las leyes, y la Constitución la interpreta el Tribunal Constitucional en última instancia” remató para dejar claro que la decisión la va a tomar el PP con su mayoría absoluta y no la Conferencia Episcopal.

Pero lo cierto es que las presiones son muy fuertes y el Ejecutivo no tiene aún nada claro por cuál de las posibilidades que tiene encima de la mesa va a optar. El ministro de Justicia, Gallardón, ha retrasado ya tres veces la aprobación de la norma precisamente por su complejidad política, no tanto técnica. Pero ahora ya tiene encima de la mesa y bien desarrolladas las distintas opciones. Todas ellas suponen una marcha atrás respecto a la ley de plazos que aprobó el PSOE, similar a la que rige en la mayoría de los países europeos. Y todas implican volver a un sistema de supuestos como el que se aprobó en 1985. Pero son muy distintas.

La más dura complicaría mucho el aborto hasta colocar a España entre los países más restrictivos y la más suave permitiría un juego de equilibrios casi imposible para el Gobierno: contentar al ala más conservadora del PP cambiando la ley y explicando su dureza pero a la vez dejar que luego en la práctica el aborto sea prácticamente libre o al menos muy accesible como sucedía con la ley anterior.

En cualquier caso, incluso con la opción más dura, seguirá habiendo miles de abortos legales en España. Tal vez por eso Alonso señaló que esta reforma no gustará a los obispos, que siempre han planteado una restricción total. También el sector del PP más cercano a ellos, con representantes al máximo nivel como el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y otros muchos relevantes, presionan y están muy pendientes para ver cuál será la redacción final.

La última palabra la tiene Rajoy. El presidente ocupa ahora la mayoría de su tiempo en la economía y en La Moncloa señalan que la reforma del aborto no es inminente. Sin embargo, Ruiz Gallardón, para quitarse de encima la presión de Rouco, dijo que estará “pronto”. El presidente hará un cálculo político sobre el momento en el que más le conviene entrar en este avispero y entonces la ley saldrá porque desde el punto de vista técnico las opciones están ya muy perfiladas, según fuentes del Ejecutivo.

La oposición ha dejado muy claro que considera esta una batalla clave. El PSOE lanzó una amenaza: “Si el Gobierno del PP va a ir de la mano con los obispos para modificar la ley del aborto, para volver a limitar la libertad de las mujeres, ya les anuncio que el PSOE exigirá que se denuncien los acuerdos con la Santa Sede”, aseguró Elena Valenciano. Alonso recordó que el PSOE gobernó 22 años y nunca denunció esos acuerdos.

Mientras, José Luis Centella, de IU, sentenció que “el cardenal Rouco parece el vicepresidente del Gobierno de Rajoy”, Rosa Díez (UPyD) pidió al Gobierno que no se deje “chantajear” por la Iglesia y Aitor Esteban, del PNV, un partido que respaldó la ley del aborto vigente, pidió que se mantenga, ya que alcanzó un gran consenso.