El Gobierno sanciona por escrache a 18 personas, entre ellas a Verstrynge

La Delegación del Gobierno en Madrid tiene previsto sancionar a 18 personas acusadas de haber participado en un escrache (protesta domiciliaria), en los alrededores de la vivienda de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Los multados fueron identificados por la policía, que dio traslado de los hechos a la Delegación del Gobierno por si esas personas eran merecedoras de un castigo administrativo.

El exdirigente de AP

La vicepresidenta del Gobierno sufrió el pasado día 5 un escrache a las puertas de su casa, en la colonia madrileña de Fuente del Berro. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) había convocado en la plaza de Manuel Becerra de Madrid a activistas, afectados y periodistas al polémico modelo de protesta. Entre 200 y 300 personas participaron en la concentración, mientras dentro del chalé de la vicepresidenta estaban ella, su esposo y su hijo.

Los agentes pidieron el DNI a algunas personas por “concentración no autorizada” por no haber sido comunicada con anterioridad. Uno de los identificados fue Jorge Verstrynge, secretario general de Alianza Popular (AP) entre 1979 y 1986, hoy militante socialista y marido de una activista de la PAH, que dijo que él entendería que le montaran un escrache “si lo hubiera hecho mal”.

El jefe superior de Policía de Madrid, Alfonso José Fernández Díez, informó ayer de que los agentes a sus órdenes identificaron a los participantes en esa protesta en cumplimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley Corcuera. Quienes han intervenido en esas actividades “han sido identificados y denunciados en virtud de la ley 1/92 [de Seguridad Ciudadana] y se ha dado cuenta de ello al Ministerio Fiscal y a las autoridades judiciales”, según el comisario Alfonso José Fernández.

Si los participantes en el hostigamiento a las viviendas de políticos no han incurrido en delitos contemplados en el Código Penal, la Delegación del Gobierno tiene potestad para aplicarles sanciones administrativas: bien por manifestarse en la vía pública sin haberlo comunicado previamente o bien por haber incurrido, por ejemplo, en desobediencia a la autoridad o causar desórdenes.

La policía ha dado traslado de más de 30 expedientes a la Delegación del Gobierno para que sean estudiados por el equipo técnico de su titular, Cristina Cifuentes, la cual firmará y comunicará posteriormente la sanción a los denunciados. Entre estos se halla el profesor Verstrynge, al que se le imputa haber sido uno de los organizadores del escrache en las proximidades del domicilio madrileño de la vicepresidenta.

De las 30 personas que fueron identificadas en ese escrache, la Delegación del Gobierno considera que 12 no cometieron una infracción sancionable. Pero sí lo hicieron las 18 restantes: tres en calidad de organizadores y otras 15 por falta leve y que serán multadas con 300 euros.

La Delegación del Gobierno pondrá multas entre 300 y 1.500euros

Verstrynge, al que la policía considera “organizador” de ese acto, podría ser sancionado con una multa que oscila entre 300 y 6.000 euros, igual que otras dos personas que también han sido expedientadas como presuntas organizadoras de la protesta. Sin embargo, la multa quedará finalmente en torno a 1.500 euros.

Durante el escrache, Verstrynge advirtió que los políticos se “atengan a las consecuencias” y agregó: “A mí, Soraya (Sáenz de Santamaría) no me cae mal. Esa no es la cuestión. La cuestión es que hay una iniciativa legislativa popular y los políticos tienen que escuchar a la gente; si no escuchan y la tratan como a perros, acaban mordiendo”. Más de una docena de diputados del PP han sufrido escraches en sus casas.

La policía también está tramitando expedientes contra un número de personas, que las fuentes no han concretado, por hacer escrache contra la diputada Belén Bajo, contra la sede del PP en la calle de Génova de Madrid y otra acción similar celebrada ayer.

Lo probable es que la sanción media a los considerados como organizadores de estas concentraciones ronde en torno a los 1.500 euros, mientras que quienes simplemente sean acusados de participar en ellas recibirán de la Delegación del Gobierno una sanción estimada en 200 euros.