Anatomía de un escrache

El policía pregunta al más cercano a las pancartas. "¿Esto no será un escrache de esos? ¿No vendrá ningún político?". El interpelado, que aguarda con otras 20 personas junto al hospital Gregorio Marañón (en Madrid, cerca del Retiro), lo niega: "¡Qué va!". El agente pide que respeten el descanso de los enfermos. Es jueves y son las 18.10 horas.

El hombre que acaba de atender al policía coge el megáfono y se desmiente. "Buenas tardes a todas [siempre hablará en femenino]. Gracias por venir. Esto es una acción de escrache pacífica. No entréis en descalificaciones personales". Se acercarán a casa de una diputada y hablarán también con los vecinos, explica. "Como últimamente nos están intentando criminalizar, somos un movimiento pacífico y vamos a intentar mantener la calma". Están rodeados de periodistas. La convocatoria es pública y la prensa la sigue de principio a fin.

"¡Sí se puede, pero no quieren!", gritan. La marcha arranca. Saben a dónde van pero no lo han dicho. A la vuelta de la esquina está la casa de una diputada del PP, Belén Bajo Peinado, que fue la directora de comunicación de Mariano Rajoy en varios ministerios y en el PP. La asamblea de barrio la localizó tras "un trabajo de investigación", explica Julia Alsinet, de 26 años, de la Asamblea de Vivienda. Cerraron los detalles el lunes. Acordaron también publicitar estas polémicas protestas, tras hacerlas en secreto en casa del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, frente a un hotel y en la estación del AVE de Atocha, adonde llegan otros.

"Fue después de lo de Esteban González Pons", explica Daniel Lozano, de 30 años, que empezó en V de Vivienda en 2006 y ahora participa en la Asamblea de Vivienda de Madrid. "Queremos mostrar que no hacemos nada violento, que es una acción pacífica". El diputado del PP González Pons les acusó de "coaccionar" e "intimidar" a su familia cuando fueron a su casa. "Dentro había niños y han estado aporreando la puerta con insultos", declaró el diputado. Desde las filas del PP se comparó entonces lo ocurrido con el hostigamiento de los etarras a los políticos en el País Vasco. Hasta la fecha, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y otros movimientos solo han convocado escraches frente al trabajo o al domicilio de diputados del PP.

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Aseguran que quieren extenderlos a otros de UPyD y PNV, para estrechar el cerco sobre aquellos que creen que votarán en contra de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que tramita el Congreso, en la que los antidesahucios reclamaron la dación en pago retroactiva, paralizar los desahucios y promover el alquiler social.

El pasado miércoles, otro grupo acudió a la Junta Municipal de Distrito de Puente de Vallecas, al sur de Madrid), donde la edil y diputada Eva Durán (PP) celebraba un pleno. Durante el escrache, Durán recibió a una afectada. Paró su desahucio. El viernes se comprometió a estudiar otros cuatro y una quinta mujer fue desahuciada mientras se reunían. Desde la PAH lo consideran un triunfo de la presión social. La diputada asegura que no se sintió amenazada "porque estaba en el despacho". Pero no lo ve igual en los domicilios de los políticos. "Me recuerdan a cuando los nazis visitaban casas", comparó.

"A ver, por favor, caballero, el DNI", pide un agente en la cabecera de la protesta. "¿Por qué? Estamos yendo por la acera a hacer una asamblea", replica Julia Alsinet. "Si no se identifica, estará cometiendo un atentado contra la autoridad. Si es tan amable, por favor". Segunda negativa. Los policías trasladan a dos activistas (el otro pide figurar sin nombre) a un espacio vallado en la esquina del hospital, el acceso a la oficina de Atención al Paciente. Los demás gritan desde fuera: "¡Parar desahucios no es ilegal!". Cuatro agentes impiden el paso. "¿De qué nos vais a acusar, de terrorismo?", grita un hombre en la cara de un policía.

Alsinet y el otro retenido salen de la zona vallada a los nueve minutos. "Nos querían meter miedo", dice él. La Secretaría de Estado de Seguridad ha dado instrucciones a las comisarías para que identifiquen a quienes puedan hostigar a políticos.

Llegan al portal, donde ya hay gente. Un segundo grupo, que partió de un punto no revelado por si la policía les frenaba el paso, llega con antelación. La policía custodia el portal. Hay más de una decena de periodistas y fotógrafos. La PAH estatal elaboró un protocolo de "escrache a diputados del PP", que se puede consultar en su web, con siete puntos a seguir. La recomendación de convocar en horario escolar para evitar la presencia de niños no se cumple, son las 18.35. Tampoco la de no colocar pegatinas en cualquier sitio. "Las señoras o señores de la limpieza no tienen por qué pasarse el día siguiente quitándolas", reza el protocolo.

Los manifestantes rodean el portal. Cortan un carril de la avenida. Una vecina que baja con un carrito se asusta y no sale. Nadie entra ni sale en 14 minutos. Leen un comunicado para reivindicar la modificación de la Ley Hipotecaria y recordar el respaldo del Tribunal de Justicia Europeo. "Hemos agotado todas las vías que existen", concluyen. Piden paso para meter postales en el buzón de la diputada. La policía no les deja pasar. "Nuestra vida cambiaría con un poquito de dignidad si los políticos dicen sí a la ILP", se lee en una de las cartitas, enganchada junto a una tubería. Está dirigida a Belén Bajo, que declinó hacer declaraciones a EL PAÍS a través de un portavoz.

"¡Que los vecinos y vecinas se enteren de que los diputados que pulsen el botón rojo serán los responsables de los próximos suicidios!". Aida Quinatoa, con camiseta de Stop Antidesahucios, se desgañita en la puerta. Ecuatoriana de 48 años, explica que fue víctima de una estafa en cadena porque firmó "sin saber" como avalista de otro comprador al que no conocía y dejó de pagar. Defiende el escrache. "Ellos nos echan de nuestra casa, que es nuestra vida, a toletazos. ¿A eso cómo lo llaman? Nosotros ni siquiera hemos tocado al timbre".

"Es estupendo que protesten, que el banco se quede con la casa y siga cobrando debería ser ilegal", dice la enfermera Virginia Quiles tras aceptar una octavilla. Sandra, de 37 años (pide figurar sin apellidos), se una a la marcha con su hija subida a los hombros y el hijo en un carrito. Vive en el barrio. "Les apoyo porque creo que hay que luchar contra el poder sin límites de la banca", explica. Acaban una hora después, frente al Retiro. Un agente y un furgón siguen custodiando la entrada al portal de Belén Bajo. El policía dice que no ha visto entrar a la diputada, pero sí a la encargada del bloque, que ha salido "muy enfadada" a despegar las pegatinas. Aún quedan restos.