Los 14 indicios que imputan a la Infanta y el fiscal quiere desbaratar

En 20 folios, el fiscal Pedro Horrach intenta desbaratar con contundencia el auto del juez Castro para imputar a la infanta Cristina. Cada indicio del juez es contestado minuciosamente para intentar demostrar que en todo este asunto solo hay un hecho incuestionable: que doña Cristina figuraba como vocal del Instituto Nóos y que su nombre aparecía reflejado en el folleto publicitario del mismo, así como que tenía acciones de la sociedad en común con su marido llamada Aizóon. Todo lo demás, dice, son sospechas sin fundamento “de nula relevancia penal”. El fiscal intenta eliminar así la sombra de tráfico de influencias que el juez parece atisbar en el caso.

Lo más llamativo es que la lucha jurídica que mantiene Horrach contra el magistrado utiliza pólvora del propio Castro. Toda la munición que contiene el escrito que el juez de Palma presentó el 5 de marzo de 2012 para rechazar la petición del sindicato ultraderechista Manos Limpias para involucrar a la Infanta. En él el magistrado, que ahora ha cambiado de opinión por la suma de los hechos y la existencia de nuevos correos electrónicos, rechaza señalar a la hija del Rey porque solo cree que se buscaba “publicidad morbosa” y no veía ningún indicio de criminalidad en su conducta. “El hecho de participar en un ente asociativo sin ejercer funciones ejecutivas no genera para el simple partícipe [doña Cristina] responsabilidad criminal por los hipotéticos delitos que pudieran cometer sus directivos”, menciona aquel escrito.

Si Urdangarín y Cristina de Borbón tenían una empresa en común parece poco probable, decía Castro, que celebrasen juntas o algo parecido, y menos aún que “doña Cristina redactara unas actas de lo tratado en las que diera lectura a su esposo”, y que en esas actas figuraran acuerdos delictivos. No había, según el juez, esa confusión entre la contabilidad familiar y la de la empresa del matrimonio en la que Urdangarin volcaba los ingresos supuestamente ilícitos. Y el incremento en el nivel de vida de la pareja “no fue tan sorpresivo”, como “en casos donde se pasa de la modestia a la opulencia sin razones que lo justifiquen”.

Con esos mimbres, Anticorrupción resume su ataque al juez en una frase: “El procedimiento judicial persigue la búsqueda de la verdad material, no de ajustarla a expectativas o sospechas personales, deformándola”. Alega que por encima de todo un juez tiene que observar “el principio de igualdad ante la ley”, que no se ha respetado en cuanto “la imputación a una persona de hechos que a priori no presentan rasgos delictivos supone, cuando menos un trato discriminatorio”. Son las dos caras de la misma moneda, porque precisamente Castro alude en el auto de imputación al principio de igualdad para decir todo lo contrario.

En su análisis de los 14 indicios que Castro cree relevantes para imputar a la hija del Rey, el fiscal califica la mayoría con “nula relevancia penal”. Como cuando cita las declaraciones de Diego Torres y de su mujer, Ana María Teijeiro (ambos imputados) para intentar acreditar que doña Cristina sabía todo lo que se cocía en el Instituto Nóos. Horrach recuerda que en ese interrogatorio Torres presentó como pruebas un viaje de la pareja a Granollers “para ver un local por si decidían cambiar la sede de las oficinas del Instituto Nóos” y un acto donde la Infanta “presidía la presentación del proyecto 2015, “Un mundo mejor para Joana”, en el que estaba trabajando el Insituto Nóos para Telefónica”. Para el fiscal, esos indicios no son relevantes. También ataca a Castro por unas declaraciones de la mujer de Torres que deslizaban la idea de que la hija del Rey no era imputada “por ser quien es”. “Preguntada si se siente injustamente tratada [Teijeiro] con respecto a Cristina contesta: “no, yo con respecto a nadie, yo soy injustamente tratada con respecto a mí”.

Lo mismo ocurre, según Horrach, con la reunión entre Urdangarín con el expresidente balear Jaume Matas en el Palacio de Marivent. O por el supuesto encuentro celebrado en el Palacio de la Zarzuela entre Jaume Matas, la alcaldesa de Valencia Rita Barberá y Francisco Camps, entonces presidente valenciano. “Afecta a quienes se reunieron, no a quienes ni estaban ni consta que conocieran su existencia”. Y aún en el caso de que la Infanta lo supiera, “se escapa a este fiscal el alcance penal”.

Con respecto a los correos electrónicos aportados por Torres donde Urdangarin pide consejo a su mujer, unas pruebas recientemente aportadas a la causa que han dado un giro a la investigación, el escrito de Anticorrupción zanja el tema: “Inferir algo más que la habitual comunicación entre cónyuges pertenece al ámbito de lo meramente especulativo”.

Después de tomar declaración a todos los empleados del instituto Noos, a los proveedores, asesores fiscales, contables, jurídicos, políticos y practicarse comisiones rogatorias a Andorra, Luxemburgo y Suiza, Horrach concluye que “no hay indicios incriminatorios”, contra la infanta.