Los Afectados por la Hipoteca instan a los jueces a que apliquen la sentencia europea

Los jueces pueden ya tomar medidas de suspensión cautelar de las órdenes de desahucio, sin esperar a que el Gobierno cambie la legislación. Este ha sido el principal mensaje de fondo de Ada Colau, en nombre de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), concentrados frente al Congreso para congratularse y resaltar la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo.

Alegría infinita y emoción inocultable. Estos sentimientos han estado a flor de piel en la intervención callejera de esta activista y muchos de sus compañeros, después de más de cuatro años de lucha, la mayor parte del tiempo en solitario, para cambiar la dura legislación hipotecaria española que ahora, en parte, ha descalificado el Tribunal de Luxemburgo. “Se han vulnerado derechos fundamentales y su reparación debe tener carácter retroactivo porque Europa se basa en una norma que está vigente desde hace muchos años”, ha señalado Ana Colau, en medio de un sinfín de medios de comunicación y de unas decenas de seguidores que coreaban lemas contra el Gobierno para que escuche a Europa y a la plataforma. “Sí se puede, sí se puede”, recitaban los activistas con el afán de que su voz llegara al viejo palacio de la Carrera de San Jerónimo, donde se desarrolla el pleno.

De entrada, Ada Colau ha pedido una entrevista con representantes del PP para tratar esta sentencia y, sobre todo, su repercusión en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) tomada en consideración por la Cámara baja y a la espera, junto a un decreto ley del Gobierno para ser debatida en el Congreso y en el Senado. Precisamente, se ha producido un paréntesis en la marcha parlamentaria de la ILP y del decreto para esperar esta sentencia, que supone un varapalo a la legislación española aunque no resuelve todos los problemas de los afectados por impago de las hipotecas.

Y sí llegó la voz de la calle al Congreso porque al tiempo que Ada Colau hacía sus consideraciones, los grupos parlamentarios han ido desgranando sus posiciones tras la sentencia. La mayoría coincidentes, aunque el PSOE se ha adelantado a pedir al Gobierno que dicte de inmediato un decreto ley para adaptar la normativa y que surta efecto en días. Así lo han pedido la responsable de Economía, Inmaculada Rodríguez-Piñero y la portavoz socialista de Vivienda, Leire Iglesias. De entrada deben pararse todos los procesos de desahucio, estén en la fase que estén, toda vez que las cláusulas que se aplican a todos ellos son abusivas, como ha dictaminado la Unión Europea.

Este decreto sería el anticipo para ganar tiempo y parar “el sufrimiento de tanta gente”, antes de elaborar una normativa completa que debe ser radicalmente diferente a la actual, como pide toda la oposición y sobre la que el Gobierno tiene intención de abordar, aunque no de forma tan ambiciosa como plantean las plataformas y la oposición.

No obstante, las peticiones de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca son las mismas que figuran en la Iniciativa Legislativa Popular que está a la espera de discusión en el Congreso: dación en pago; paralización de los desahucios con carácter retroactivo y puesta a disposición de los afectados de viviendas con un alquiler “social”.

Lo ha vuelto a pedir Colau frente al Congreso con el acompañamiento de sus compañeros que coreaban las demandas y las exhibían por escrito en pancartas. No había terminado la concentración cuando el PSOE, PNV, a través de Pedro Azpiazu, y el portavoz de ERC, Alfred Bosch, hacían sus consideraciones al respecto. Este último presentaba una proposición no de ley para adaptar la legislación a la sentencia. “Si se siguen los postulados de Europa para los recortes y con carácter inmediato; hay que hacer lo mismo ahora con esta sentencia”, ha pedido Bosch. Especialmente satisfecho se ha mostrado el diputado de ICV, Joan Coscubiela, que, en nombre de Izquierda Plural, ha proclamado “la desautorización del presidente del Gobierno respecto a toda la legislación hipotecaria”.

El día anterior en la sesión de control este diputado instó a Rajoy a que cambiara las leyes y el presidente advirtió que no autorizaría la dación en pago de forma generalizada, porque los perjudicados serían los ciudadanos al dar por supuesto que los bancos endurecerían las condiciones de las hipotecas. Pero esta sentencia no se dirige a la dación en pago en concreto, sino a las cláusulas abusivas para los casos de impago de la hipoteca.

Una vez que los portavoces de la oposición han hecho pública su posición sobre la sentencia de Luxemburgo y han pedido cambios inmediatos en la ley, el portavoz del Grupo Popular, Alfonso Alonso, que tiene en su mano la llave de los cambios por su mayoría parlamentaria, ha sentado las bases de lo que va a ocurrir.

A través de las enmiendas al decreto ley del Gobierno, este grupo parlamentario adaptará la sentencia a la legislación actual “en un plazo breve”, nada extraordinario toda vez que tanto la Iniciativa Legislativa Popular como el decreto ley del Gobierno sobre estas materias se van a tramitar por el procedimiento de urgencia.

“La sentencia nos ha cogido trabajando para reequilibrar la situación de deudores y de los bancos”, ha dicho Alonso en los pasillos del Congreso. Ahora bien, ha dejado claro que esta sentencia no alude, por ejemplo, a la dación en pago, y así es, sino a las cláusulas abusivas generalizadas que impiden al ciudadano afectado recuperar su vivienda aún cuando pudiera demostrar que el banco ha incurrido en una práctica abusiva. “Esto es lo que hay que corregir”, ha aclarado.

En la calle, algunos activistas, mientras Ada Colau atendía a los medios de comunicación, lanzaban proclamas contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y contra los banqueros: “Sí hay solución, banqueros a prisión”.