El ‘caso Bárcenas’ impide un pacto anticorrupción entre PSOE y el PP

Las medidas anticorrupción que pondrá en marcha el Parlamento tendrán inicialmente el sello de los partidos de la derecha, el PP, el centro y los nacionalistas moderados. La izquierda representada por el PSOE e Izquierda Plural, además de ERC y otros partidos del Grupo Mixto se han abstenido. Después de horas de reuniones los socialistas, al final, han decidido abstenerse al no ser un pacto “de todos”, a pesar de que hubieran podido suscribir muchos de los puntos. La votación arrojó 214 votos a favor, dos en contra y 120 abstenciones. Del lado del sí se han situado PP, CiU, PNV, UPyD CC - NC y UPN. No ha habido pacto global contra la corrupción pero puede haber apoyos a leyes concretas cuando se discutan en el Parlamento.

Los populares hicieron transacciones con CiU y sobre su base se negoció y se votó, aunque la plataforma de medidas presentadas el pasado miércoles por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, marcaron la pauta. El PSOE presentó su propio texto y desde la tribuna lo defendió la portavoz socialista, Soraya Rodríguez. En este turno se trata de defender las propias propuestas por lo que no hay que entretenerse en las de los demás. Y eso hizo Rodríguez aunque sí pidió a cada uno que “se hiciera cargo de su pasado”. Desde el primer momento la sombra de Luis Bárcenas, se ha interpuesto en la consecución de un pacto entre socialistas y populares. Tampoco se puede desdeñar que el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha pedido la dimisión del presidente del Gobierno y desde la tribuna vinculó el futuro de Rajoy al de su extesorero Luis Bárcenas.

Se había llegado muy lejos como para firmar un pacto. Resultará más fácil negociar norma a norma que estampar la firma en una resolución. Y eso que las negociaciones avanzaron mucho entre Alfonso Alonso, portavoz del PP y la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, pero siempre con el sentimiento por ambas partes de que no iba a haber pacto general. Y así ha sido.

Pero queda mucho camino por andar en las medidas anticorrupción ya que suponen cambios legislativos, medidas de nuevo cuño y reformas en el Reglamento del Congreso y del Senado. La Ley de Transparencia se considera clave y la novedad estará en que se incluyen bajo su lupa a los partidos, los sindicatos, las organizaciones empresariales “y aquellas entidades e instituciones que se financian esencialmente a través de dinero público”. ¿Entre estas últimas está la Casa del Rey?. La respuesta la dio desde la tribuna de oradores, y así figura en el diario de sesiones, el portavoz adjunto de CiU Pere Macias: “En la ley de Transparencia también entra la Casa Real”.

Nadie más dijo nada al respecto aunque se preguntó con profusión por los pasillos a los dirigentes del grupo parlamentario, a su portavoz, Alfonso Alonso y al adjunto, Rafael Hernando. “Dice lo que dice y ahí no figura la Casa real”, respondieron. Esto se verá en la tramitación de la ley, aún en discusión y en fase de enmiendas de los grupos parlamentarios. Lo cierto es que la mayoría de los firmantes de esta propuesta de resolución son partidarios de que la Casa Real no quede fuera de la futura ley de Transparencia. Los grupos firmantes pretenden que la ley entre en vigor inmediatamente para las exigencias a los partidos políticos.

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para clarificar las competencias de los tribunales y agilizar los delitos de corrupción; el cambio en la ley de financiación de partidos para someterlos a nuevas exigencias y que el Tribunal de Cuentas tenga la capacidad de fiscalizarlos durante el año en curso, son algunas de las propuestas aprobadas. Una comisión independiente formada por personas de reconocido prestigio elaborará un informe para su remisión al Parlamento sobre “regeneración de la democracia”. Los partidos se comprometen a elaborar “un pacto ético” sobre el tratamiento de los casos de corrupción y de los encausados. Entre los compromisos está la adopción de medidas contra el transfuguismo políticos.

Como ya anunció el presidente del Gobierno se regularán los grupos de interés o lobbies, y se modificará la Ley que regula la Iniciativa Legislativa Popular. Tan solo hace dos semanas que se discutieron en el Congreso dos de estas iniciativas: La pro taurina y la defendida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

Este ha sido el broche del debate del estado de la nación al discutirse y debatirse las propuestas de todos los grupos aunque la transacción y el pacto han sido muy escasos salvo para este primer acuerdo contra la corrupción cuya andadura y traducción empieza ahora. Mientras se discutían las propuestas llegaba la noticia de que el extesorero ha puesto una demanda al PP por despido improcedente. Desde el presidente del Gobierno durante el debate y sus portavoces en esta segunda parte, con la discusión de resoluciones, han evitado mencionar por su nombre al exempleado del partido, pero ha estado muy presente.