La hostilidad respecto de los partidos

Tal vez la institución democrática vista de forma más crítica por los ciudadanos hayan sido los partidos políticos. Sabemos que a lo largo de la historia de la teoría democrática fueron considerados como organizaciones fraccionales, lejanas de lo que se entendía como “bien común”. Solo cuando se aceptó que el consenso no podía constituir el fundamento de las decisiones de gobierno, que en las democracias los intereses de los ciudadanos eran inevitablemente heterogéneos, los partidos políticos pasaron a ser entendidos como instrumentos imprescindibles para la representación y la competición política. Esta concepción de los partidos tuvo una primera expresión en Burke: “Un partido político es un conjunto de hombres unidos para promover, mediante su trabajo conjunto, el interés nacional sobre la base de algún principio particular acerca del cual todos están de acuerdo”. Es decir, desde esta interpretación, la representación parcial de intereses particulares promovía el interés general, no lo socavaba.

Así se ha organizado la democracia a lo largo de casi dos siglos. No es concebible la democracia representativa sin partidos políticos. La Constitución española de 1978 declaró que “los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y su funcionamiento deberán ser democráticos”. Esta concepción era ampliamente compartida por los ciudadanos: el “deber ser” y el “ser” se solapaban. Así, en julio de 1980, un 92% de los ciudadanos opinaba que “los partidos son necesarios para la democracia” (Centro de Investigaciones Sociológicas, estudio 1.237).

Sus prácticas clientelistas, sus listas electorales cerradas, sus políticas internas opacas, la sustitución de ideas por palabras...

Tras 30 años de experiencia de la democracia, la concepción ingenua de los partidos se había desencantado. En noviembre de 2010, un 78,8% de los ciudadanos seguía compartiendo esa opinión, pero los que estaban “muy de acuerdo” solo representaban un 20%. A la vez, un 55,1% creía que “los partidos políticos solo sirven para dividir a la gente” (CIS, estudio 2.353). Es posible que ello reflejase el cierre organizativo que los partidos políticos practicaron en esos años; sus prácticas burocráticas y clientelistas; sus listas electorales cerradas, bloqueadas y elaboradas lejos de los votantes; sus políticas internas opacas y aparentemente guiadas por intereses de poder; la sustitución de ideas por palabras en sus discursos. El diagnóstico que a comienzos del siglo XX realizó Michels siguió siendo relevante: “En los partidos democráticos de hoy día, los grandes conflictos entre puntos de vista distintos se refieren cada vez menos a las ideas (…) y degeneran cada vez más en luchas personales (…). Los esfuerzos que realizan para encubrir disensiones internas con un velo piadoso son el resultado inevitable de unas organizaciones basadas en principios burocráticos”.

Es muy probable que la evaluación crítica de los partidos políticos fuese una respuesta a políticas, a crisis económicas, demandas sociales insatisfechas, prácticas de nepotismo o experiencias escandalosas de corrupción. Pero cabe también pensar que existió una relación entre esas políticas y la organización de los partidos. Estos dieron la espalda a la sociedad, su militancia decreció considerablemente desde el inicio de la democracia, sus formas de organización en agrupaciones territoriales resultaron poco atractivas para fomentar la afiliación, convirtiéndose en piezas utilizadas en luchas internas por el poder.

Sartori ha defendido la tesis de que “cualquiera que sea el grado de oligarquía en cada una de las minorías vistas desde dentro, el resultado de la competición entre ellas es, en términos agregados, una democracia”. Esta tesis ha predominado de forma abrumadora en la teoría “minimalista” de la democracia. Sin embargo, las democracias representativas se caracterizan por una compleja relación de agencia, en la que los dirigentes de un partido no solo son el “agente” de un “principal” (sus votantes), sino también de otro, los afiliados del partido que les han elegido. Han de rendir cuentas ante los dos, con el problema de que las preferencias de ambos pueden divergir. Y a la vez, los afiliados (el partido) son también “agente” de sus votantes, ante los que deberán rendir cuentas. Podemos asumir que los horizontes políticos de los afiliados (los intereses políticos del partido) son de más largo alcance que los de los dirigentes, los partidos tienen una historia mucho más prolongada y seguirán compitiendo durante mucho más tiempo. Por tanto, cabe pensar que un partido disciplinará a sus dirigentes y reforzará el control de los ciudadanos.

Podría suceder así que los ciudadanos actuasen de acicate para la democracia interna de los partidos. Y que lo que sucediese dentro de los partidos resultase de interés para la información política de los ciudadanos. Ya he argumentado que las asimetrías de información entre los ciudadanos y los políticos constituyen un importante problema para que los primeros controlen a los segundos. Si aceptamos que los afiliados dentro de un partido disponen de mayor información sobre la política que los ciudadanos, entonces debates democráticos en el seno de los partidos pueden arrojar luz sobre lo que los políticos hacen o dejan de hacer. La democracia interna en los partidos podría incrementar la democracia en general. Y con ello, las propias políticas podrían mejorar si los partidos ofreciesen a sus dirigentes información sobre el mundo, sobre la incidencia de la insatisfacción ciudadana, sobre la popularidad o impopularidad de unas políticas u otras. El partido se convertiría en un vínculo con los ciudadanos y en un instrumento de “alerta temprana” para sus dirigentes.

Esta puede ser una argumentación importante frente a la tesis de que la democracia interna en los partidos es irrelevante para la democracia a secas. La he desarrollado más a fondo, pero parece tener importantes limitaciones en la vida política. Ello no implica en absoluto, entiéndase bien, que la democracia interna en los partidos no pueda defenderse como un objetivo normativo deseable en sí mismo, sobre todo en beneficio de los propios afiliados. Lo que sí significa es que dudosamente pueda defenderse como un medio para un fin. Existen dos razones principales para que ello sea así. La primera es que, si nos creemos el modelo de “la distancia menor” (un votante elige al partido que le resulte más cercano), un partido con posiciones internas distintas puede resultar poco atractivo o convincente, el votante no sabrá con cuál de esas posiciones comparar la suya propia. La segunda radica en que el debate interno puede ser difícilmente comprensible políticamente, escasamente informativo, y tal vez ser visto como señal de incapacidad para gobernar, como muestra de debilidad o de oportunismo político por parte de sus líderes. En tal caso, los votantes preferirán la unidad a los debates internos.

Las promesas políticas, de José María Maravall, está editado por Galaxia Gutenberg. 224 páginas. 21 euros.